Dicha Junta Revisora, mediante una cuidadosa evaluación del balance riesgo-beneficio del producto, y apoyándose en el trabajo de análisis e investigación que a tales efectos desarrolla el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, establece la categoría de medicamentos de venta sin prescripción facultativa (SPF) a aquellos productos de eficacia y seguridad conocidas, de larga trayectoria terapéutica y margen posológico amplio, de administración oral o tópica, que no generen dependencia, e indicados para el alivio sintomático de condiciones autolimitadas en intensidad y duración, y de fácil identificación por el paciente.

Ahora bien, uno de los elementos fundamentales que se asocian a la calificación de dichos productos como SPF, y que resulta determinante para lograr el objetivo terapéutico que de ellos se espera con un mínimo nivel de riesgo, es la información sobre el producto y sobre su forma de empleo. Información que puede encontrarse impresa en el envase del producto o en el prospecto que la mayoría de las empresas fabricantes deberían incluir dentro del empaque, pero que debido a su extensión, sus términos, al tamaño de su letra, o a la tendencia de la gente a no leerla o a la imposibilidad de poder hacerlo por analfabetismo, no siempre logra su objetivo. Circunstancia que al final no es tan grave en la medida en que el medicamento sea dispensado en una farmacia por el farmacéutico o por un personal capacitado y bajo su supervisión, y que constituye, a final de cuentas, la más importante fuente de información a la que tiene acceso el paciente: la que le resulta más confiable, más comprensible y la que finalmente termina aceptando como válida. Información o asesoramiento suministrado por el farmacéutico, y que constituye en buena medida la diferencia entre el éxito y el fracaso del medicamento para lograr su objetivo sin generar complicaciones.

Y es que a pesar de ser los medicamentos SPF relativamente seguros, no escapan a la posibilidad de generar problemas por empleo inadecuado, precisamente debido a la falta de información, o debido a situaciones en las que éstos podrían significar un riesgo potencial como resulta factible en ciertos pacientes con características especiales (niños, ancianos, mujeres embarazadas, madres lactantes y pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, asma, diabetes, epilepsia, insuficiencia renal o hepática, entre otras), en quienes resultan de particular importancia las posibles interacciones entre los medicamentos SPF y la terapia crónica de dichos pacientes.

Como consideración adicional, no debe perderse de vista que permitir la venta de medicamentos fuera de la farmacia marginaría del nuevo escenario la competencia del profesional farmacéutico y colocaría en manos de personas sin formación universitaria ni capacitación técnica la responsabilidad de velar por la identidad, legitimidad e inalterabilidad de productos delicados y potencialmente peligrosos.

A ello habría que sumar la posibilidad de un almacenamiento no acorde con las condiciones que ameritan algunos productos en particular (supositorios, óvulos vaginales, algunas formulaciones líquidas) o la manipulación inadecuada de los mismos por personas inexpertas, por el hecho de estar a la vista y al alcance de todos en el estante o anaquel de cualquier establecimiento comercial. Posibilidad esta que atenta contra la estabilidad del producto y que puede inclusive facilitar su contaminación. Y todo ello agravado si se considera la absoluta ignorancia de estos nuevos "expendedores" en materia farmacéutica y farmacoterapéutica, aunado a su lógico interés como comerciantes en la venta de un producto cuyo único y exclusivo objetivo como mercancía será la generación de una renta.

Profesor y coordinador del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela