![]() |
|
Por Raúl Lotitto
|
Tras conversar con el presidente Hugo Chávez, quien le habría hecho reflexionar sobre lo inoportuno de la medida en este momento electoral, el gobernador del Estado Apure, Jesús Aguilarte, derogó un muy peligroso decreto que había refrendado el lunes 17 de abril, con la intención de acallar no sólo críticas subidas de tono de ciertos locutores locales que arremeten contra su gestión y su persona, sino también de allí el peligro toda "comunicación, transmisión o publicación de mensajes que hagan imputaciones a las autoridades legislativas, ejecutivas o judiciales y a la ciudadanía en general, capaces de exponerlos al desprecio público".
Así, el gobernador, un capitán retirado, militante del MVR y bien dispuesto parafraseando su apellido a ejercer el arte de las águilas, del que tanto se jacta el Presidente, se convirtió en la primera autoridad de la república Bolivariana de Venezuela en "aprovechar" el poco afortunado artículo 60 de la Constitución, que consagra la información oportuna, veraz e imparcial. Un artículo sobre el cual se oyeron en su momento no pocas advertencias, entre ellas la de este columnista (ver PRODUCTO 194, página 16, "Información sin adjetivos") pues sin duda alguna el espíritu de la Ley abre las puertas a la tentación totalitaria de la mordaza, a pesar de que la letra impresa incluyó, como concesión de última hora no hay que olvidarlo la obviedad de que la información debe ser "sin censura". De esa concesión, de paso, se agarran hoy quienes -aun apoyando la tontería de la información oportuna, veraz e imparcial reprueban la medida del gobernador Aguilarte sólo por razones políticas de circunstancia. Por ejemplo, un ex funcionario de prensa de Rafael Caldera y algunos gremialistas del periodismo cuyo estigma ideológico los hace defender todavía el centralismo democrático: arma predilecta de los controladores de oficio. Pero lo importante es que, aunque luego dio marcha atrás, Aguilarte es ya un pionero de dudoso mérito: en vez de recurrir a la Justicia para enfrentar supuestas calumnias o injurias (como hubiera debido suceder) avanzó por la calle del medio, prolijamente asfaltada por el susodicho artículo 60, con el claro fin de eliminar informaciones y opiniones que no le favorecen. Lo lamentable es que no hay garantías de que su ejemplo no cunda, sobre todo porque el muy bajo lenguaje político de esta Venezuela de la Quinta República tan lejano al noble ejercicio de la discusión de ideas y colmado de improperios e insultos le hace el juego todo el tiempo a la desmesura y la violencia. O sea, que pueden aparecer otros "usuarios" del artículo 60. Lo cual, sumado a los ataques habituales del presidente Chávez hacia medios y periodistas, y a las agresiones físicas sufridas por varios reporteros en la marcha del primero de mayo, desnudan un panorama preocupante donde la víctima claro puede no ser sólo la libertad de expresión. Raúl Lotitto |