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A la caza del millón de clientes

En un país de intereses encontrados y políticas económicas aún por definirse, es difícil que el Poder Nacional determine planes asertivos en cuanto a un sector como telecomunicaciones.

Este, hasta los momentos, semeja una maquinaria productiva localizable dentro de un enorme aparato económico en condiciones de recesión y crisis. El fenómeno de las telecomunicaciones es el repunte necesario de un sector que atiende a necesidades básicas de la población. Se debe a que la comunicación es de la esencia del desenvolvimiento cotidiano de todo individuo y empresa, no sólo en lo nacional, sino que incontrolablemente traspasa las fronteras entre estados.

Venezuela no es la excepción. Como consecuencia vemos materializados los esfuerzos del Ejecutivo, a través de Conatel, en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, donde se definen las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazos.

Proponen un marco regulatorio actualizado –nuestra vigente Ley de Telecomunicacionesdata de 1940–, mejorar el nivel de vida de la población a través del acceso a servicios de telecomunicaciones, y promover el desarrollo de una infraestructura nacional de la información.

Con esta misma tendencia ha sido elaborado el proyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones, cuya aprobación es esperada para este segundo trimestre.

Este texto normativo garantiza la prestación de servicios de telecomunicaciones a operadores bajo principios de libre competencia, y garantiza a los usuarios servicios de calidad y con la continuidad que les es propia.

La definición de un marco normativo claro, congruente y sostenido en el tiempo, proporciona a los inversionistas el grado de seguridad jurídica mínimo necesario para establecerse en el mercado y desarrollar sus proyectos con visión de crecimiento. Garantiza el ingreso a la economía nacional de actores que directamente mueven el aparato productivo y diversifican los ingresos brutos del Estado, contribuyendo a la diversificación de una economía esencialmente petrolera.

Con esta nueva Ley, las telecomunicaciones son definidas como actividad económica de interés general, garantizando la obtención de concesiones de uso y explotación del espectro radioeléctrico, recurso limitado utilizado en la prestación de servicios. Asimismo, de habilitaciones administrativas para prestaciones de servicios concretos de manera transparente y efectiva, con la celeridad correspondiente.

Consagra derechos a favor del usuario: acceso, calidad, continuidad, privacidad, reclamo, oportunidad de los servicios, entre otros. Todas las áreas geográficas del país son beneficiadas con las obligaciones de servicio universal, que garantizan el acceso a servicios de telecomunicaciones en áreas no económicamente atractivas para inversionistas. Para ello se crea un Fondo destinado a financiar dichos proyectos. Su patrimonio es el resultado de la contribución de 1 por ciento sobre ingresos brutos anuales por cada operador.

Igualmente, usuarios y operadores se benefician de la obligación de interconexión entre operadores, la cual debe ser acordada a un margen de costo con un mínimo razonable de beneficio.La libertad de los usuarios a elegir el operador de telefonía, conservando la numeración que le haya sido asignada inicialmente, está expresamente consagrada. Con respecto a tarifas, por ser un sector que funciona dentro de una economía de mercado, son definidas libremente por los operadores, salvo en el supuesto de obligaciones de servicio universal o servicios en los que se concreten abusos de posición de dominio por operadores.

Los medios de comunicación masiva, radio y televisión abierta, tienen un tratamiento preferencial. Sólo tributan sobre la base de 1 por ciento de sus ingresos brutos, mientrasque el resto de los operadores de otros servicios lo hacen sobre la base de 2,5 por ciento.

Todos estos elementos enmarcados en un nuevo régimen legal, aunados a la voluntad de Gobierno de implantar sus nuevas políticas en telecomunicaciones, garantizan el crecimiento del sector, así como la satisfacción de las necesidades de la población de manera satisfactoria.

La misión más relevante es lograr un marco regulatorio flexible que sea autoajustable a los cambios y evolución de las telecomunicaciones, y la constante y vinculante referencia en este proyecto de Ley a las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como la intervención de entes gubernamentales vigilantes de la observancia de losparámetros de libre mercado (Procompetencia), y de los derechos e intereses de los usuarios, garantiza una armonía necesaria para el desenvolvimiento y desarrollo de esta actividad.