Los mismos desaciertos que han signado a la administración pública son un estigma para la industria eléctrica venezolana. Con una infraestructura mayoritariamente "controlada" por el Estado, sus altos índices de fallas en 1999 (77 caídas de 100 megavatios en el sistema interconectado, cada una suficiente para dejar sin servicio a una ciudad como Puerto La Cruz) evidencian el colapso del sistema que requiere 6.265 millones de dólares para suplir una demanda que crece al ritmo de 3 por ciento interanual.

La Ley del Servicio Eléctrico, aprobada por el Ejecutivo en el marco de los poderes habilitantes otorgados a Hugo Chávez el año pasado, promete ser el pasaporte a un nuevo paradigma en el mercado con mayor competencia y participación del capital privado en proyectos de generación (capaces de motorizar inversiones superiores a 3 millardos de dólares) y comercialización de la energía que deben concluir el año próximo, así como la conformación de un verdadero mercado mayorista a implementarse en el 2002.

Nuevos escenarios

Carlos Pérez Mibelli, vicepresidente de Caveinel, afirmó a PRODUCTO que el instrumento jurídico impuso un cambio al esquema de integración vertical manejado por las empresas eléctricas por un modelo de nichos de negocios independientes; generación, transmisión, distribución y comercialización.

"Mientras la industria opere con empresas verticalmente integradas, los costos de cada una de las actividades están enmascarados. Al separarse jurídicamente cada actividad, el regulador tendrá mayor precisión sobre los costos de producción en cada uno de los eslabones de la cadena, desde la generación hasta el cliente final", señaló Pérez Mibelli.

Actualmente, el sector vive la transición hacia el paradigma impuesto por la ley. Así, el Ministerio de Energía y Minas tiene la responsabilidad de articular un ente regulador autónomo, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el Centro Nacional de Gestión, que con carácter operativo sustituye a la Oficina de Operación del Sistema Interconectado, Opsis (que hoy cuenta con representantes de La Electricidad de Caracas, Edelca, Cadafe y Enelven), en las funciones de controlar y coordinar la generación y transmisión, así como las transacciones de energía en el mercado mayorista.

A todas luces, este modelo propuesto tiene en las empresas públicas las mayores variables de riesgo, pues no cuentan con los fondos para su adecuación, a pesar de su reestructuración administrativa (ver recuadro "Los actores"). Entre estas empresas donde se presenta la mayor obsolescencia es en las plantas generadoras de electricidad, las cuales deben reducir su dependencia de las fuentes hídricas para aplicar sistemas térmicos, que sustentaría una mejor calidad de servicio en regiones donde ahora es deficiente, como es el caso del occidente del país. "Las fuentes de financiamiento para las empresas públicas no han sido establecidas por el Estado", afirma.

Por otra parte, los procesos de privatización aún se encuentran en revisión. "El gobierno va a retomar los casos de Enelven y Enelco y el Sistema Eléctrico de Monagas. Ya se inició la actualización de la información, y está por anunciarse el cronograma de licitación. La modalidad a implementar será de asociaciones estratégicas, con participación mayoritaria del Estado y un socio privado que aportará nuevos capitales y tecnologías", agregó.