En marzo la industria tabacalera venezolana, en conjunción con Consecomercio, asociación que reúne a los empresarios del sector comercio y servicios del país, arrancó el programa "18 y punto" destinado a evitar la venta de cigarrillos a los menores de edad en los aproximadamente 45 mil puntos de venta (desde quioscos hasta panaderías) que existen en el país. Un mes más tarde, el primero de abril, entró en vigencia la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente (Lopna), la que en su artículo 92 prohíbe expresamente la venta o facilitación de tabaco a niños o menores de edad.

Pese a estos esfuerzos, 40 por ciento de los adolescentes consultados por Insotev señala haber probado alguna vez el cigarrillo, mientras que 10 por ciento se declara fumador habitual. Cabe preguntarse: ¿cuál ha sido la efectividad alcanzada hasta la fecha por "18 y punto"?

Tanto Antonio Boada, gerente de relaciones corporativas de Tabacalera Nacional, como Luis de Llano, gerente de asuntos regulatorios de Cigarrera Bigott, concuerdan en señalar que "18 y punto" ha contribuido a sensibilizar al comerciante sobre el tema y ha generado un grado mayor de conocimiento sobre el problema, pero que esta iniciativa, per se, es insuficiente.

A nivel corporativo, el Código de Autorregulación de la Publicidad, Promoción y Comercialización de Cigarrillos de Cigarrera Bigott y el Código de Mercadeo de Cigarrillos de Philip Morris (la casa matriz de Tabacalera Nacional) establecen disposiciones que prohíben taxativamente cualquier actividad que conlleve a la venta de cigarrillos a menores de edad.

En ambos casos se trata de normativas no impuestas, asumidas con el conocimiento de que el consumo de cigarrillos está relacionado con diversas enfermedades y que, por lo tanto, el potencial comprador debe ser un adulto informado y consciente de los riesgos que conlleva el fumar.

Según Boada, no se puede achacar solamente a la industria la existencia de un problema que es social. "Una porción de la población está consumiendo o teniendo acceso a un bien que no está hecho para ella. Es un problema de todos. Hay una serie de aristas que no están siendo tomadas en cuenta a la hora de analizar el problema y sus posibles soluciones".

Para los voceros consultados, la industria realiza continuos esfuerzos de sensibilización a los detallistas, pero queda de parte del Estado la imposición de sanciones, y de los padres el no mandar a comprar el producto.

En este sentido, Boada comenta que desde 1997 Tabacalera Nacional ejecuta el programa educativo "Valor", el cual ofrece herramientas a los docentes para que ayuden a sus estudiantes, entre 10 y 15 años, a tomar decisiones responsables y a manejar la presión de grupo, un elemento fundamental que impulsa a fumar. Por su parte, de Llano explica que Bigott estudia actualmente nuevos programas que contribuyan a profundizar el impacto de "18 y punto". Por ahora, un elemento que distingue a la compañía es que ya no pauta publicidad en cines por la dificultad de supervisar que la misma no sea expuesta a menores.

Ambos ejecutivos reafirman que sus empresas no ejecutan ninguna publicidad en revistas o periódicos dirigidos a adolescentes. Sin embargo, publicaciones como Urbe, de claro corte juvenil, cuenta con anunciantes de la categoría de Marlboro y Lucky Strike. Al respecto coinciden en destacar un problema: en Venezuela no se realiza una auditoría que certifique el perfil de los lectores de los diferentes medios impresos.

Asimismo, Boada hace énfasis en las consecuencias que se derivan del contrabando de cigarrillos. "En cualquier lugar se venden cigarrillos de manera informal. Quienes lo venden no han tenido contacto con nuestras fuerzas de venta para hablar del tema y no son sujetos de sanción como establece la Lopna, porque simplemente son inidentificables e irrastreables. Además, venden un producto profundamente barato, el cual los menores, que no tienen generación de ingresos propia, pueden comprar fácilmente", dice.