Son muchas las aristas legales en torno al contrabando de cigarrillos. Desde la Guardia Nacional o el Ministerio Público hasta jueces de control, de todos se espera acciones firmes contra los ilegales

Durante el año pasado, seis containers de cigarrillos ilegales fueron a parar a la hoguera. Bigott, testigo del decomiso efectuado contra la marca española Reyes, corrió con los gastos de la quema. Las autoridades no tenían el dinero suficiente (5 millones de bolívares) para darle fin a la mercancía.

La falta de recursos obstaculiza la lucha frontal contra el contrabando. Prenderle fuego a los ilegales, sin embargo, no es solo cuestión de dinero. Al parecer de Fini de Otero, directora de Asuntos Corporativos de Catana, implica además tiempo y la coordinación de esfuerzos.

En el 2000, los Comandos Regionales 2, 3, 4 y 5 de la Guardia Nacional reportaron haber retenido 21 mil 800 bultos de cigarrillos. De esta cantidad, solo en el estado Zulia fueron destruidos 6 mil 749, quedando pendientes de autorización más de 15 mil bultos.

Otero expresa que, en varias oportunidades, los cigarrillos que han sido objeto de comiso se las han arreglado para retornar furtivamente al mercado. "Usualmente la mercancía retenida se deposita en unos almacenes a cargo de las autoridades aduanales, pero pasa mucho tiempo antes de que se dicte la respectiva sentencia".

Rafael Silva, consultor jurídico de Bigott, afirma que en una ocasión incluso hubo una jueza que accedió a devolver un cargamento de cigarrillos incautado por la Guardia Nacional. "Los cigarrillos que entran de contrabando nunca pueden ser legalizados aunque se paguen los tributos correspondientes", expresó el abogado.

Ardiente tributo

Para lograr mayor eficiencia en el proceso, las tabacaleras (Bigott y Catana) en una acción conjunta le han pedido al Seniat que tome cartas en el asunto. Como respuesta a tal solicitud, el organismo dirigido por Trino Alcides Díaz, incorporó al proyecto de modificación del Código Orgánico Tributario (vigente desde 1994), la orden de destruir la mercancía objeto de comiso en un plazo no mayor de quince días continuos contados a partir de la fecha en que se realizó el acto administrativo (Artículo 218).

El proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (primera discusión) y espera ahora por su segunda ronda legislativa. Pese al interés oficial, el COT está retrasado. La promesa era aprobar el pasado mes de junio el informe técnico respectivo, y eso no ocurrió.

En opinión de algunos expertos, no se descarta que al llegar a la Asamblea Nacional, el COT prenda la llama de un acalorado debate, debido a la vinculación que tiene el tema con la economía informal. "Lo del contrabando de cigarrillos desborda el tópico empresarial y se convierte en detonante de un problema social. Las autoridades se sienten a veces inhibidas de atacarlo porque va en contra de los venezolanos que no tienen dinero suficiente para establecer un negocio formal", aseveró Ricardo Antequera Hernández, asesor jurídico de Bigott. Esa es la tesis del director de Resguardo Nacional de la Guardia Nacional, general Gerardo Di trolio. "El problema legal se une al problema social que conllevaría quitarle el sustento a miles de personas del mercado informal que se benefician del comercio a menor escala de estos productos". Cita el caso de los indígenas wayúu, quienes tienen un régimen especial que les permite comerciar legalmente determinadas cantidades de mercancías que van desde cigarrillos o textiles hasta electrodomésticos que se pueden encontrar en los mercados de Las Playitas y Las Pulgas de Maracaibo.

Asignatura pendiente

Apelando a la postestad que tienen los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, José Francisco Rauseo, representane judicial de la sociedad "Rau, C. A.", solicitó un amparo tributario, por el supuesto retraso de la autorización que solicitó para importar cigarrillos. Dicha petición, elevada en noviembre del año pasado ante la División de Recaudación, Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Insular, según Trino Alcides Díaz, director del Seniat, está siendo analizada con detenimiento pues casualmente, los cigarrillos que se piden importar son de la marca Rumba, la misma que encabeza la lista de ilegales que entran al país.

Según el registro automatizado del organismo gubernamental que rige las aduanas del Perú, la empresa Tabacalera Nacional, S.A. realizó un despacho de 500 bultos de tabaco rubio hacia Venezuela, el 14 de abril del presente año. La mercancía, equivalente en precio FOB a 35 mil 500 dólares, partió de la Aduana Marítima del Callao con dirección al Puerto El Guamache, ubicado en el estado Nueva Esparta.

Coincidencia como la anterior, llevan a Silva a pensar que "el permiso solicitado por Rauseo pudiera ser una tentativa de contrabando", pues a su parecer lo lógico hubiese sido que el importador contara primero con la correspondiene autorización. "La solución a este problema, está en manos de las autoridades pues la importación de cigarrillos es una actividad netamente potestativa del Estado", aseveró el abogado.

Rector del proceso

La fiscal del Ministerio Público con competencia nacional en materia tributaria, Marlene Arellano, explicó a PRODUCTO el papel del Ministerio Público en los procedimientos judiciales en torno al contrabando: es el rector del proceso. Sin embargo, las limitaciones vienen dadas por la falta de un marco procesal más preciso en materia tributaria, pues aún está pendiente la aprobación del Código Orgánico Tributario. Mientras tanto, por analogía, se aplica el Código Orgánico Procesal Penal en conjunción con la Ley de Aduanas. A esto se le suma que con el Copp desaparecieron los jueces de Hacienda, que estaban preparados en materia tributaria. "En la actualidad muchos jueces de control no están preparados para conocer delitos de Hacienda", afirma la fiscal como muestra de la realidad legal en torno al contrabando.

Semejante

Tabacalera Nacional (Catana), presentó el pasado 22 de noviembre, formal oposición ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) en contra de la marca Universal, fabricada por Productora Tabacalera de Colombia, S.A. (Protabaco). La similitud que existe en la apariencia de la cajetilla de Astor y la de Universal, motivó a Dana Bentata, apoderada legal de Catana, a argumentar "aprovechamiento indebido de fama y prestigio", situación que trasgrede las disposiciones contenidas en al artículo 136 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.

Según Bentata, en el uso del color azul, la presencia de un par de leones dorados y la frase "Extra suave", radica el riesgo de confusión que puede generarse en el consumidor. "No basta con llamar a la marca de una manera distinta a la registrada si todos los elementos gráficos determinantes para identificar el signo distintivo en su conjunto son reproducidos de manera tal que sean capaces solamente de empujar al consumidor a la retención de los mismos y su asociación con otra marca propiedad de Catana", dijo.

En opinión de Orlando Viera, integrante del bufete que tomó la defensa del cigarrillo bogotano, la solicitud de nulidad del registro no procede, pues según lo dispuesto por el Tribunal Andino de Justicia, para juzgar la registrabilidad de la marca compleja, debe tomarse en cuenta el conjunto de la presentación (tanto lo visual como lo fonético) y no el análisis de cada elemento por separado. Será el SAPI en definitiva quien decida si los leones de Astor y Universal, rugen distinto.