La Ley Orgánica de Hidrocarburos restringe la inversión privada foránea y le resta competitividad a Venezuela por la excesiva carga fiscal

La Ley Orgánica de Hidrocarburos promete ser el primer paso hacia el abismo de la industria petrolera nacional. El proyecto elaborado por el Ejecutivo, representado en esta ocasión por el Ministerio de Energía y Minas, ha recibido no pocas críticas, especialmente por el principio estatista en que se fundamenta el instrumento legal en cuestión y el sustancial incremento de la carga fiscal con que serán pechadas las empresas del sector.

Si la industria retrocede 25 años con la ley, como cree Luis Giusti, ex presidente de Petróleos de Venezuela, significa que la actividad de los hidrocarburos volverá a la época en que se conformó la estatal petrolera y en que se nacionalizó la principal fuente de ingresos del país. Peor aún quedará Venezuela respecto a la tendencia mundial si el pago de la inversión de un proyecto similar al de la Faja del Orinoco se realizara en 31 años -por el incremento de la regalía (impuesto a la explotación del hidrocarburo)-, tal como lo afirma Evanan Romero, ex viceministro de Energía y Minas.

Sin cambios

Este mes la normativa debe ser aprobada en Gabinete Ejecutivo, en vista de que se culmina el plazo de la Ley Habilitante. Sin embargo, en los dos meses y medio que tiene el proyecto circulando entre los diferentes actores de la industria -que van desde los más profundos adversarios del gobierno nacional hasta los incólumes defensores-, no se ha escuchado la primera voz que haga referencia a, por lo menos, un cambio del borrador de la ley.

En el despacho de la Torre Oeste de Parque Central se presentaron Fedecámaras, Venamcham, Conapri, la Federación Nacional de Empresas de Hidrocarburos, Asociación de Químicos, Cámara Venezolana de Empresas Consultoras, Pro Venezuela y la Cámara Petrolera de Venezuela, entre otros, con sus propuestas.

Pero resulta difícil esperar algún cambio sustancial, pese a que el despacho de Energía y Minas ha dejado abiertas las puertas para recibir las observaciones que se quisieran presentar.

No obstante, Alberto Quirós Corradi, analista petrolero, señala que la regalía finalmente quedará en 20 por ciento y no en 30 por ciento como inicialmente se ha plasmado en el proyecto, pues ello le permitirá al Ejecutivo valerse de un argumento sólido para asegurar que sí hubo discusión de la ley.

Pero la verdad -según el experto- es que la ley no se discutió y el esquema utilizado para ello, el cual fue establecido por la comisión presidencial que revisa el instrumento, es poco democrático porque se basó en un solo borrador.

Inflexible

Las implicaciones fiscales que tiene la normativa son las más altas respecto a la tendencia mundial (ver gráfico) y es uno de los aspectos en los que se basa Quirós Corradi para afirmar que la Ley Orgánica de Hidrocarburos es antiexpansión, anti sector privado, antiPdvsa y revanchista. Esta situación dificultará la atracción de capitales privados foráneos.

Uno de los problemas de incremento de la regalía es su inflexibilidad, pues no permite que aumente o disminuya dependiendo del proyecto a ejecutar, como lo aprobara el extinto Congreso de la República cuando se sometieron a su consideración los proyectos de la Faja, en los que se cobra 1 por ciento de regalía en los primeros 8 años del proyecto, es decir, mientras se recupera la inversión.

Federico Araujo, miembro del escritorio jurídico Torres, Plaz y Araujo, recomienda fijar un tope y una base para la regalía, de modo que se pueda establecer un aumento incremental al inicio de la explotación del yacimiento o disminuir el porcentaje cuando los pozos entren en fase de declinación. En otras palabras, cuando empiece a descender su nivel de productividad.

Araujo considera también que el Impuesto Superficial (100 unidades tributarias por cada kilómetro cuadrado de extensión superficial) es elevado y no tiene un fin recaudatorio, mientras que el Impuesto al Consumo Propio debe eliminarse, pues es violatorio del recién aprobado Código Orgánico Tributario, en vista que incide directamente sobre el consumidor final.

¿Estado empresario?

Y mientras más allá se extiende la lectura de la ley, parecen encontrarse más implicaciones negativas, las cuales recaen sobre Pdvsa, el sector laboral, el capital privado y el mercado interno de los hidrocarburos. Según Quirós Corradi, la Ley Orgánica de Hidrocarburos tiene errores hasta conceptuales, ya que confunde los conceptos Nación, Estado y República, pero además tiene una excesiva carga política.

Con Quirós coincide Juan Carlos Sosa, magister en Leyes de la universidad de Harvard, quien señala que la discrecionalidad que obtiene el Ejecutivo con la ley crea inseguridad jurídica y abre amplias ventanas para la corrupción. "El Estado, léase gobierno de turno, no es la persona indicada para determinar y decidir sobre la forma más conveniente de desarrollar el negocio (...) Entre las funciones del Estado, no debe estar la de ser empresario", asegura Sosa.

Para Quirós, la sección dedicada a la participación del capital privado nacional "es un saludo a la bandera", mientras que otros expertos expresan que el aspecto referido a la conformación de empresas mixtas es una ilusión. El Estado tendría una participación de 51 por ciento del capital accionario y, por tanto, la compañía sería una figura pública. "Nadie querría asociarse con un Estado que nunca ha operado técnicamente el negocio".

Otro aspecto que resalta Sosa es que la ley carece de algunas disposiciones fundamentales. No se crean Fondos de Inversión Petroleros, no existe la posibilidad de colocar acciones de las filiales de Pdvsa en los mercados de capitales y no se crea un fondo para el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Adicionalmente, la normativa tampoco contempla una disposición expresa respecto a las relaciones contractuales establecidas por la República en años anteriores.

Naipes en Pdvsa

Todo apunta a que las limitaciones a la inversión privada por la carga fiscal y estatista del instrumento legal convertirá los planes de expansión de Pdvsa en un "castillo de naipes". Se supone que 24 millardos de dólares provendrían del sector privado, según el plan de negocios de la estatal petrolera entre los años 2001 y 2006. Además, podría verse involucrada en negocios no medulares porque es la única empresa del Estado disponible para conformar empresas mixtas.

La apertura del mercado interno de la gasolina será también un sueño para los inversionistas, pues seguirá regulada por el Ejecutivo de acuerdo a lo establecido en la normativa. La consecuencia más inmediata de este aspecto será que las empresas extranjeras que se establecieron en Venezuela a la espera de la apertura del sector tarde o temprano levantarán tienda.

Además, el instrumento deroga los artículos referidos a la estabilidad laboral de los trabajadores que se contemplaban en la Ley de Hidrocarburos vigente, cuya data es de 1943. Si se cumplen los designios de los expertos consultados, probablemente pasarán otros 58 años para modificar el instrumento que hoy pretende, con todos sus errores, modernizar y transformar la industria que genera la mayor parte de los ingresos del país.