¿Venezuela regala petróleo?

Los diplomáticos cubanos Víctor Martínez y Osvaldo Parlá (consejeros comercial y económico de la embajada en Caracas, respectivamente), el viceministro de Hidrocarburos de Venezuela, Bernardo Alvarez, y el ex director de Pdvsa, José Toro Hardy, analizan las polémicas ventas de petróleo a Cuba

Si por algo se ha caracterizado el gobierno nacional en sus tres años de gestión es por utilizar nuestro principal recurso natural, el petróleo, como uno de sus principales brazos ejecutores de la política exterior. En el marco de esta política se han firmado innumerables acuerdos bilaterales con países de Latinoamérica, el Caribe y hasta el Medio Oriente, los cuales en su mayoría están referidos a la cooperación energética o a la cooperación tecnológica en el mismo campo.

El más polémico de estos convenios fue firmado el 30 octubre del 2000 con la República de Cuba, bajo la figura de Convenio Integral de Cooperación. Sin embargo, antes de hacer una radiografía de este acuerdo, hay que remontarse a más de 20 años, cuando el 3 de agosto de 1980 (en San José de Costa Rica), México y Venezuela acordaron suministrar 160.000 barriles de petróleo diario (80.000 barriles cada uno) a 11 países de Centroamérica y el Caribe, a través del Acuerdo de San José (ASJ).

Este acuerdo --que se renueva periódicamente todos los años-- establecía que el porcentaje de la factura petrolera a ser financiado debía ser utilizado en proyectos de desarrollo, y para ello serían incorporados 50% de bienes y servicios venezolanos (intercambio comercial). Sin embargo, esta condición, sumada a los intereses de los préstamos y los plazos de las líneas de crédito, hicieron poco atractivo el financiamiento para las naciones beneficiarias, por lo cual el ASJ estaba prácticamente paralizado, especialmente para aquellos países desvastados por el huracán Mitch en 1998, entre los que se encuentran Honduras y Nicaragua. Para estas naciones centroamericanas el endeudamiento es limitado, porque tienen firmadas unas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, que los obligaba a comprometerse con financiamientos sumamente ventajosos, que no eran precisamente los que ofrecía el ASJ.

Aunque en los 21 años de vigencia que tiene este convenio Venezuela ha financiado 145 proyectos por 1.630 millones de dólares a los países signatarios, el año pasado el ASJ fue modificado para dar más flexibilidad a las líneas de crédito. Incluso, se eliminó la obligatoriedad del intercambio comercial. Para complementar este suministro de petróleo, el 19 de octubre del 2000 el gobierno venezolano firmó con los mismos países del ASJ --excepto Barbados-- el Acuerdo Energético de Caracas (AEC), a través del cual solo Venezuela suministra 78.400 barriles diarios de petróleo en condiciones de financiamiento preferenciales y con menos restricciones que las establecidas en el ASJ.

Tomando en cuenta que existe este par de convenios energéticos, cabe preguntarse: ¿por qué no se incluyó a Cuba en ninguno de ellos? Desde que se inició el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela solicitó reiteradamente a México extender a Cuba el Acuerdo de San José, pero la nación azteca se negó, al parecer, aduciendo que la isla de Fidel Castro adeuda dinero a México. Es así como en el año 2000 Venezuela decide firmar el Acuerdo de Caracas, cuyas cláusulas serían plataforma fundamental para las disposiciones energéticas del Acuerdo de Cooperación Integral entre Cuba y Venezuela, firmado posteriormente.

I. El acuerdo

En términos muy resumidos, los artículos II y III del convenio entre Cuba y Venezuela --cuya vigencia es por 5 años-- establecen el intercambio comercial de petróleo venezolano (hasta por 53.000 barriles diarios de crudo y productos) por bienes y servicio cubanos, entre los que se incluyen los técnicos, médicos y deportivos; asistencia técnica en materia agrícola, turística, industria azucarera, alimentación, educación, transporte y suministro de bienes y servicios en materia de salud, entre otros (más información en tabla de comparación).

Las ventas, según el artículo III del acuerdo, serán sobre la base de un esquema de financiamiento mixto a corto plazo (90 días) y largo plazo. El porcentaje de financiamiento a largo plazo depende de una escala de precios, es decir, si el precio de realización de la cesta de crudo venezolano es mayor o igual a 15 dólares por barril, el porcentaje de financiamiento será de 5%; mientras que si el promedio del petróleo es mayor o igual a 30 dólares, el financiamiento será de 25%. Si el precio es por debajo de 15 dólares, no se otorga financiamiento.

Ese porcentaje de la factura que se financia tiene condiciones preferenciales, pues la República de Cuba tiene dos años de gracia para iniciar la amortización a capital, 15 años para cancelar los pagarés a Venezuela, con una tasa de interés anual de 2%.

Pese a todo el embrollo que se ha tejido sobre el convenio, desde octubre del 2000 hasta la fecha, el acuerdo se ha efectuado cabalmente. Según Martínez, el promedio de suministro de petróleo ha sido de 48.000 barriles diarios, de los cuales 33.000 barriles (70%), aproximadamente, han sido de crudo y, el resto de productos.

Alvarez coincide con Martínez, pero agrega otro elemento: “Entre el año 2000 y el 2001 vendimos a Cuba 114.000 barriles diarios, de los cuales 49.800 barriles diarios (33.900 barriles de crudo y 15.900 barriles de productos) corresponden al convenio de cooperación integral y 54.400 barriles diarios (2.500 barriles de crudo y 52.900 de productos) corresponden a la venta a través de terceros, es decir, de contratos comerciales tradicionales entre Pdvsa y Cubana de Petróleo (Cupet). Esto suma, según el consejero comercial de la Embajada de Cuba, unos 1.000 millones de dólares anuales.

El total de compras realizadas por Cuba, a través del acuerdo de cooperación, asciende a 562 millones de dólares, de los cuales 450 millones corresponden al financiamiento a corto plazo, mientras que los 112 han sido la fracción financiada a largo plazo. Esto significa que, de acuerdo al promedio de la cesta de exportación venezolana del último año, se ha financiado el 20% del total facturado por Pdvsa. Según Martínez, solo en el cuarto trimestre del año pasado se financió el 10% de la factura, en vista de la caída de los precios del petróleo.

II. La polémica

La polémica que se ha desatado respecto a este convenio se debe, entre otras razones, a que supuestamente Cuba estaría recibiendo mayores beneficios que el resto de los países signatarios, tanto del Acuerdo de San José como del Acuerdo de Caracas. Uno de esos beneficios, por ejemplo, es que el financiamiento a corto plazo fue reestructurado en vista de los problemas de flujo de caja que presentó la isla el último trimestre del 2001. Toro Hardy señala que para el mes de octubre de ese año, Cuba estaba atrasada con un pago de 95 millones de dólares, una fracción que corresponde a los 450 millones de dólares que debió pagar de contado. “Como consecuencia, el general Guaicaipuro Lameda interrumpió los embarques de petróleo a Cuba. El Ministerio de Energía y Minas, en la persona del ministro encargado José Luis Pacheco, convocó a una asamblea de accionistas extraordinaria de Pdvsa y llevó una propuesta: Reestructurar la deuda de Cuba, o más bien, escalonar los pagos vencidos. Acto seguido, Pacheco somete su proposición a la consideración de la asamblea y como es el único representante del accionista, la votación fue a favor. Es decir, se pagó y se dio el vuelto”.

La versión dada por la Embajada de Cuba y del viceministro de Hidrocarburos se parece a la de Toro Hardy, con algunas diferencias. Martínez dice que, ciertamente, Cuba tuvo una situación financiera que afectó la exportación y el turismo, producto de la recesión económica mundial. A ello se unió un ciclón que provocó pérdidas por 1.700 millones de dólares, por lo que Cupet le planteó la situación a Pdvsa y renegoció esa deuda por 95 millones de dólares. Alvarez agrega que a ese refinanciamiento de los vencimientos de noviembre y diciembre del 2001, se le cobraron intereses de mora, y este mes de abril se termina de pagar la deuda. Para Alvarez, estos mecanismos de cooperación son la otra cara de la política de defensa de los precios del petróleo, pues a través de convenios como el establecido con Cuba se compensa a los países que se ven afectados con el alza de los precios. “La ayuda está relacionada con el aspecto de los precios”.

Además --continúa Alvarez-- el supuesto privilegio a Cuba frente a otros países no toma en cuenta que muchos de ellos se benefician del Acuerdo de San José. Según fuentes de publicaciones de mercado, entre el ASJ y el AEC nosotros aportamos a República Dominicana el 44,8% de su consumo interno de crudo, mientras que a Costa Rica y Jamaica suministramos el 56% y 35%, respectivamente, de lo que requieren para atender su mercado interno. En cambio, a Cuba solo le facilitamos el 29,4%, mediante el convenio de cooperación integral.

Toro Hardy dice que otro modo de beneficiar a Cuba es que la escala de precios se basa en condiciones CIF, es decir, que Venezuela cubre costo, seguro y flete, lo cual hace que la factura sea más abultada; mientras que para el resto de las naciones beneficiarias del ASJ y AEC las condiciones del precio son tipo FOB (Free On Board), es decir, se coloca el crudo en el tanquero y el resto de la cadena de transporte es cubierto por cada país.

Aquí se presenta una contradicción, quizá por error, pues Martínez dice que las condiciones del precio son FOB, pero el viceministro de Hidrocarburos señala que es C+F (costo más flete), pero que Venezuela recupera el costo del flete. “En la factura que le pasamos a Cuba, está incluido el costo del flete y no se paga seguro”.

III. ¿Qué es gratis?

Dice Toro Hardy que se supone que en compensación por el petróleo que vende Venezuela y las preferencias de financiamiento, Cuba ofrece servicios gratuitos. Pero, según documentos que tiene en su poder, eso no es verdad. “El ex ministro de Educación, Héctor Navarro, firmó un convenio con Martha Lomas, ministra de inversiones extranjeras, donde Cuba se compromete a suministrarle asistencia técnica a Venezuela, motivo por el cual se pagarán por acciones de consultoría entre 850 dólares a 2.000 dólares al mes, 30% de anticipo y 70% al término de la asesoría, y eso será por cada proyecto”.

Osvaldo Parlá, consejero económico de la Embajada de Cuba en Venezuela, de cierto modo le otorga la razón a Toro Hardy. “En los inicios de la ejecución del convenio, el mecanismo financiero de intercambio comercial fue inviable, por eso se hizo una modificación”. El 12 de agosto del 2001 se firmó un addendum del convenio, donde se establece que los bienes y servicios suministrados por Cuba “serán pagados por las instituciones, organismos y empresas de la República Bolivariana de Venezuela, con cargo a sus respectivos presupuestos”. Lo único, aclara Parlá, que es gratuito es el envío de pacientes a Cuba, tal como se ofrece a otros países del mundo. “En Cuba se han tratado 1.600 pacientes venezolanos, se han realizado más de 360 operaciones, de las cuales más de 10 son de corazón abierto”.