Pdvsa, la primera empresa del país y de América Latina, y la segunda petrolera más importante del mundo, vive una crisis inusitada: los gerentes rechazaron la nueva junta directiva designada por los accionistas (el Gobierno) el pasado mes de febrero --la cuarta en tres años-- al considerar que se lesionaba su meritocracia, esquema institucional que ha permitido hasta ahora que asciendan los más preparados a los cargos superiores; sin embargo, sus líderes fueron despedidos directamente por el presidente Hugo Chávez, durante la transmisión encadenada de su programa Aló, Presidente. Las repercusiones fueron inmediatas: paralización de la infraestructura petrolera y administrativa, y un paro convocado por la CTV y respaldado por Fedecámaras. ¿Qué pasará si efectivamente la política gubernamental penetra Pdvsa, derrumba la meritocracia y la selección de los gerentes responda en el futuro a presiones y preferencias partidistas? Producto aborda en este informe lo ocurrido en Pdvsa (hasta el cierre de esta edición), hechos que no tienen precedente en el país, y sus posibles consecuencias

Por primera vez en los 26 años de Petróleos de Venezuela, un grupo de sus disciplinados gerentes decidió protestar públicamente contra órdenes superiores y sus líderes fueron despedidos. Esta rebelión histórica comenzó el pasado 25 de febrero con la publicación de un comunicado de rechazo --firmado por 44 miembros de la nómina mayor de la empresa-- contra la cuarta junta directiva nombrada por el gobierno del presidente Hugo Chávez en solo tres años. Las consecuencias hacen tambalear a la primera industria del país, responsable de generar 80 por ciento de las divisas que recibe Venezuela.

Los gerentes consideran una bofetada el nombramiento de 5 directivos: Alfredo Riera, Argenis Rodríguez, Félix Rodríguez, Luis Dávila y Jesús Villanueva que, según los esquemas corporativos, no tienen los méritos suficientes ni el training apropiado para dirigir la industria petrolera nacional, especialmente si se considera que “brincaron” varios escalones para llegar allí, en desmedro de otros gerentes a quienes les “correspondía” sentarse en las butacas de la dirección, por haber cumplido con los pasos necesarios.

Estas designaciones son consideradas como uno de los intentos de politización más atrevidos en la historia de la industria petrolera. Juan Fernández, gerente de Control Financiero de Pdvsa y uno de los ejecutivos rebeldes despedidos, explicó a PRODUCTO que la motivación para esta protesta es que esos 5 nuevos directivos, aunque tienen una carrera y una trayectoria en la empresa, son de menor nivel. “Hay un número significativo de profesionales con méritos suficientes para ocupar esas posiciones. Entonces, lo que sucedió fue una reacción que se refleja en el lema salvaguardemos a Pdvsa en el cual este grupo de 34 o 44 (gerentes rebeldes) hace un alerta de que estamos nuevamente saltándonos la meritocracia y que eso tiene un riesgo importantísimo de politización de Pdvsa, porque no sería el mérito lo que llevaría a la gente de la industria a manejar el negocio”.

En una carta enviada el 4 de marzo, los gerentes rebeldes le piden la renuncia a estos cinco directivos, porque “no están listos para tener el liderazgo indispensable que les permitiría dirigir a colaboradores más capacitados que ellos y tener las competencias de dirección y negocios para manejar una empresa de la magnitud y características de Pdvsa y las competencias relacionales necesarias para tomar de manera ponderada decisiones sobre la organización”.

Los gerentes rebeldes dicen que una sociedad mercantil como Pdvsa debe operar de manera eficiente, autónoma e independiente de los vaivenes políticos para ser eficiente. Mientras que el Gobierno señala que el nombramiento es legítimo, despide a los líderes del movimiento e inicia una confrontación que ocasiona un caos en el país.

Según los estatutos vigentes de Pdvsa, Titulo IV, Capítulo I, cláusula décima séptima, el presidente de la República designará mediante decreto a los miembros del directorio de la empresa estatal compuesta por 11 --presidente, vicepresidentes y directores--. En esa normativa la única especificación que se hace tiene que ver con el nombramiento de uno de los directivos que deberá hacerse con arreglo a lo dispuesto en la Ley sobre Representación de los Trabajadores en los Institutos Autónomos, Empresas y Organismos de Desarrollo Económico del Estado. Sobre esto hay diferencias de opiniones, si bien es cierto que el Ejecutivo tiene facultades para nombrar a los miembros de la directiva de Pdvsa, los empleados aseguran que esto debe hacerse con los “elegibles” dentro de la industria, esto es, escogiéndolos de los que están en el escalafón más alto en la industria.

A propósito, el ex presidente de Pdvsa, Guaicaipuro Lameda, cuando estaba en el ejercicio del cargo dijo que existe un concepto moderno en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública que busca superar causas estructurales de ineficacia en el sector público, entre las cuales destaca las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno (central y descentralizado), limitando los niveles superiores a su tarea fundamental de generar y coordinar políticas públicas.

“En este sentido --dice Lameda-- percibo que al hablar de gobernabilidad de la actividad productiva y comercial estamos confrontando dos estrategias: dividir para gobernar frente a fortalecer para agregar valor. Esta es una confrontación del ejercicio de poder ante la reconocida facultad para conocer, comprender y controlar, frente a la posibilidad de fortalecer para crecer en un ambiente de confianza, honestidad y respeto institucional.”

También el ejecutivo argumentó a su favor que no es la primera vez que se saltan méritos para los ascensos en Pdvsa y que no se entiende este acto de indisciplina de la nómina mayor de la industria. Esto en parte también lo reconoce Juan Fernández, cuando señala que “nuevamente” se saltan posiciones por razones que van más allá del mérito. Pero explicó que esta “violación tan nefasta” de la meritocracia implica un ingrediente muy político, “porque en las juntas anteriores había cierto balance entre el personal, tanto de los que toman las decisiones de negocios en una actividad tan compleja como esta, como los que venían del sector externo. Había un contrapeso de ese ejercicio para que el negocio funcionara”.

Janet Kelly, profesora de economía política e investigadora del IESA, coincide con Fernández en este punto. Destacó a PRODUCTO que los elementos políticos siempre han estado presentes en la historia de la empresa, posiblemente “nadie ha hecho lo que hizo Hugo Chávez, nadie llegó tan lejos...”.

La violación de la meritocracia fue exagerada, como explicó a PRODUCTO Alfredo Gómez, asesor de Aspectos Regulatorios y Entornos de Pdvsa Gas. Algunos de los cinco directivos protestados ascendieron de 3 a 5 grupos en tres años (ver recuadro Qué es la meritocracia). Esto no es normal, porque para subir de uno a otro se necesitan al menos de dos años, lo que implica que en solo tres cubrieron una carrera que se hace entre 6 y 15 años. Indicó que esto no se logra a menos que seas un súper genio o que te ayuden desde el poder. Por su parte, según Pablo Medina, el presidente Chávez se saltó ocho grupos gerenciales al designar a Argenis Rodríguez como director de Pdvsa. “Un récord sin antecedentes en los 25 años de funcionamiento de la petrolera estatal”.

Alberto Quirós Corradi dice al respecto que resulta poco transparente que el Gobierno haya publicado unas notas de vida (currículum) de los empleados seleccionados para integrar la junta directiva de Pdvsa, sin publicar también una mejor hoja de vida de los que no nombraron. Se pregunta el experto petrolero: “¿Cómo se justifica la salida de tres gerentes, que ya estaban en la junta directiva, 6 o 7 años antes de que les correspondiera su jubilación? Nos referimos a Karl Mazeica, Vincenzo Paglione y Eduardo Praselj. Y qué decir de las hojas de vida de los 20 o 30 gerentes que tienen mayores méritos y han ocupado posiciones muy superiores a las que pueden exhibir los nombrados. Por último, ¿cómo pueden prometer defender la meritocracia quienes son una consecuencia de su violación?”.

En la polémica también interviene Andrés Sosa Pietri, ex presidente de Pdvsa, que en unas declaraciones al diario El Nacional dice lo siguiente: “Los actuales directivos son empleados a los cuales les faltaban cuatro y cinco niveles de la escala que está legalmente establecida en Pdvsa. Tenían que esperar más tiempo dentro de su carrera profesional en la industria para ingresar a esa junta directiva. Esta acción destruye la ilusión de que se les reconozca por su excelencia. Es tan chocante para los trabajadores de la industria petrolera que se violen esas escalas, como molesta el uniforme militar que se coloca el Presidente ante los generales de división, ya que en realidad frente a ellos él es un teniente coronel, que fue elegido como hombre civil presidente de la República y de allí que ahora sea su comandante en jefe”.

Ni la primera ni la última

Tampoco esta es la primera vez que en este Gobierno se viola la meritocracia. El segundo presidente de Pdvsa durante este régimen, Héctor Ciavaldini, estaba ranqueado con el número 27, grado que corresponde a la nómina mayor, mas no a la ejecutiva que va del 30 al 42. Fue destituido al poco tiempo de ser nombrado por el presidente Chávez. Andrés Sosa Pietri dice que Ciavaldini es lo más gris que ha pasado por Pdvsa y su salida fue lo mejor que pudo haber ocurrido.

Además, el simple hecho de haber nombrado 4 directorios en tres años, desde el punto de vista gerencial, puede hacer un grave daño a una empresa, ya que la productividad implica continuidad de liderazgo.

El único respiro que ha tenido la industria en este Gobierno fue la gestión del general Guaicaipuro Lameda. Según señaló Juan Fernández, a pesar de que la industria había sido vapuleada por Roberto Mandini --primer presidente de Pdvsa en este régimen-- y Ciavaldini, Lameda trató de rescatar los principios y valores de Pdvsa.

Fernández explica que Lameda logró definir la visión, la misión y los valores de la empresa y “a los 15 meses lo sacaron”. Es interesante que aún hoy muchos gerentes de la industria mantienen conjuntamente con su carnet de identificación una tarjeta que fue distribuida durante la gestión del general donde se lee: “Visión: ser la corporación energética de referencia mundial por excelencia”; “Misión: satisfacer las necesidades de energía de la sociedad, apoyándonos en la excelencia de nuestra gente y tecnologías de vanguardia y creando el máximo valor a la nación”, y “ Valores: dirigimos nuestros negocios con la perspectiva de cumplir nuestra visión y misión fundamentados en integridad, respeto por la gente, equidad, responsabilidad social, seguridad y competitividad”.

Siendo presidente de Pdvsa, el general Guaicaipuro Lameda dijo algo interesante y premonitorio sobre la polémica desatada actualmente, en el pronunciamiento que hizo con motivo de la discusión del anteproyecto de la Ley de Hidrocarburos. “Escuché percepciones acerca de lo que debemos hacer para evitar que Pdvsa pervierta la contribución fiscal, para que no se imponga sobre el Gobierno, para recuperar su control, porque, según se dice, es sumamente poderosa e incontrolable y que se ha ido de las manos de su ministerio de adscripción. En mi opinión estas percepciones no reflejan la realidad de la corporación que hoy me honro en dirigir”.

Lo cierto es que este Gobierno, incluso antes de serlo, ha atacado la imagen y el propio corazón de Pdvsa a través de acciones políticas y escritos firmados por su actual presidente Gastón Parra Luzardo, Francisco Mieres, Mendoza Potelá y Luis Vallenilla (ex presidente de Cavendes), entre otros, que conformaban un grupo denominado Fundapatria, que se oponía a la apertura petrolera y a la relativa autonomía de Pdvsa.

El nombramiento de la actual junta directiva fue la gota que rebasó el vaso --en palabras de Juan Fernández--. Lo que al principio parecía una protesta por evitar unos nombramientos, se ha convertido en una lucha para que Pdvsa sobreviva. Esto incluso se refleja desde el primer comunicado de los gerentes rebeldes. En ese escrito ya se habla de una crisis dentro de Pdvsa como consecuencia del ataque a su institucionalidad. Allí rechazan los constantes atropellos, ofensas, vilipendios e injurias públicas emanadas de los altos funcionarios del Estado, que como muchos recordarán incluyen al propio presidente Hugo Chávez, que viene cuestionando la conducción de Pdvsa desde su campaña electoral. Incluso Chávez se planteó en ese momento vender Citgo y todas las empresas en el exterior porque “no daban resultados”, desconociendo de esta forma la estrategia y el negocio global.

Los empleados en conflicto no pueden ver con buenos ojos que “enemigos históricos de la empresa, por razones de ideología política o por intereses personales”, ocupen posiciones de dirección en la misma. En resumen los gerentes perciben una estrategia para imponerle a la principal empresa estatal del país una ideología que es contradictoria a los objetivos de una sociedad mercantil como lo es Pdvsa.

Pero también hay que tomar en cuenta otros factores que contribuyeron a esta rebelión. En primer lugar los ejecutivos de Pdvsa son, según Janet Kelly, antichavistas naturales, que reaccionan dentro de una convulsionada situación política nacional. Luego están antecedentes exitosos como el triunfo de Fedepetrol sobre Ciavaldini. Otros ingredientes lo constituyen los artículos de prensa escritos por Humberto Calderón Berti y Alberto Quirós, “que casi incitan a la resistencia”, y el apoyo de parte de la sociedad y la oposición. Todo esto “va creando el ambiente y se da una chispa con cierto liderazgo dispuesto a mostrar la cara”, como el caso de Edgar Paredes, vicepresidente de Pequiven.

Revancha y cambio ideológico

Janet Kelly conoce de cerca la historia de la industria petrolera venezolana. Narró para PRODUCTO cómo se tejió una serie de resentimientos que continúa afectando a la empresa. Los primeros comenzaron con la nacionalización, a mediados de los años 70, en una competencia entre los funcionarios que se quedaron en el Ministerio de Energía y Minas y los que pasaron al recién creado holding petrolero estatal y que explican las recientes rencillas.

Los que se quedaron en el MEM ganaban menos y eran considerados los peores profesionales. En estos años circula la especie de que los empleados de Pdvsa son unos arrogantes, que la empresa es la poderosa y el ministerio es el débil, pero eso no era algo que se veía como un problema en el momento, explicó Kelly.

Después vienen los choques entre las filiales que se crearon a imagen y semejanza de las concesionarias extranjeras y heredaron la cultura de esas empresas. Esta rivalidad fue considerada positiva en un principio, porque se pensó que generaría una competencia sana entre ellas. Pero poco a poco se empezó a decir que no lo era, y más cuando el holding quería terminar por romper de una vez por todas los nexos con las empresas del exterior. Kelly recuerda que aún en los años 80 había, por ejemplo, empleados en Maraven que se consideraban “gente Shell”.

“Entonces, desde el directorio de la industria, empiezan a tener la idea de que hay que mover a la gente --entre las filiales-- y romper la cultura separada, esto en la primera etapa. Después había que imponer una cultura Pdvsa”, destacó la académica. Con la apertura y la gestión de Luis Giusti (1994) afloran las rivalidades históricas entre las tres principales filiales u operadoras. Se dice que “Maraven al poder, Lagoven al carajo y Corpoven, haciendo el trabajo”.

Y es el propio Giusti, quien provenía de Maraven y se le acusa de privilegiar a la gente de esta filial, el que finalmente reestructura de una vez por todas a Pdvsa, fusionando todas sus filiales en 1997. La apertura petrolera fue duramente criticada, incluso por directivos de la industria y actuales miembros del oficialismo. Se dijeron muchas cosas, entre ellas que Giusti pretendía privatizar la empresa estatal. El hecho es que la primera ronda se hace antes de que él sea nombrado presidente de Pdvsa. Arrancó en 1993, con las primeras dos rondas que buscaron asociaciones estratégicas con empresas extranjeras para poder ampliar la capacidad de producción de hidrocarburos. La razón era que Pdvsa no contaba con recursos propios para eso.

Tras ese revuelo, Chávez asume la presidencia en 1998 y nombra a Roberto Mandini presidente de Pdvsa. Pero este hombre, con 39 años en la industria petrolera, no se prestó para un plan de venganza planeado contra “el clan Giusti”, gestado por un grupo de gerentes afectos al Gobierno, encabezado por Héctor Ciavaldini, quien fuera despedido de la industria y la demandó por daños emocionales, antes de ser designado presidente de la petrolera.

“Este fue el hombre con el que el presidente de la República sustituyó a Mandini. Fue la primera bofetada seria que se le dio a la meritocracia petrolera y el inequívoco preludio de cosas por venir. Ciavaldini, quien no había llegado a niveles ejecutivos superiores en la petrolera estatal, demostró con sus torpezas, la razón de su fracaso como empleado de Pdvsa y tuvo que ser removido del cargo”, acotan trabajadores de Pdvsa. Paralelamente, se creó el Frente Revolucionario de Trabajadores Petroleros, un grupo de opinión integrado en su mayoría por cuadros de la gerencia media, y que en reuniones en el Circulo Militar evaluaba los “efectos nocivos a la nación” de la apertura petrolera. En estas reuniones participaban miembros de la directiva del Colegio de Ingenieros (cuyo presidente es hijo de Miquilena), que ahora aspiran a sustituir a todos los gerentes rebeldes de Pdvsa.

Según declaró a El Nacional Pablo Medina, uno de sus principales propulsores era Argenis Rodríguez, quien hoy es uno de los cuestionados directivos de Pdvsa.

A esos encuentros en el Circulo Militar también asistía otro de los recién nombrados directores de la petrolera estatal, Luis Dávila.

Sobre estos temas produjo el FRTP un documento capaz de asustar a cualquier ejecutivo de una empresa moderna al señalar que “o seguimos con la misma estrategia neoliberal, con su estructura organizacional y con sus mismos dirigentes en Pdvsa, o avanzamos con nuestro proyecto revolucionario. No hay más alternativa”.

También causó alarma un artículo firmado por Adán Chávez aparecido en un diario de circulación nacional en el que el hermano del presidente de la República dice “Pdvsa no puede seguir funcionando como una empresa comercial dirigida con una filosofía de dominación, egoísta, elitista y racista, donde las clases populares no tienen cabida... no puede continuar siendo manejada con los viejos criterios privatizadores y antipatrióticos, hecho éste que ha impedido que esta empresa sea todo lo eficiente y productiva que podría ser... Es lógico que (los escuálidos) se opongan a los cambios estructurales que pondrá en práctica la nueva junta directiva... las decisiones tomadas por el Ejecutivo no tendrán marcha atrás... ellas marcan el camino del cambio de dirección definitivo de Pdvsa... el camino justo y necesario para lograr la cristalización de la política petrolera de los nuevos tiempos. El camino de la sociedad colectiva, cooperativista, participativa y humanista”.

Estos “conceptos” emitidos por Adán Chávez son rápidamente examinados por Alberto Quirós Corradi en su columna del diario El Nacional. “Creo que Adán debería tener una conversación con su hermano Hugo y con el general en jefe, para aclarar --de una vez por todas-- si las promociones dentro de una institución, como la Fuerza Armada, se hacen dentro de un sistema que reconoce el mérito “individual” como una variable que influye directamente en la selección de los individuos a ser ascendidos y, de ser eso así, si eso constituye un sistema “egoísta, elitista y racista, donde las clases populares no tienen cabida”, la industria petrolera, así como nuestra Fuerza Armada, puede exhibir apellidos ilustres, y a mucha honra, pero también a mucha honra está la mayoría que procede de “las clases populares” que sí han tenido cabida y que nunca han sido excluidas ni por origen social, ni por religión, ni por raza”. También se extraña Corradi de que una “empresa meramente comercial” no pueda ser “eficiente y productiva” y se pregunta si una empresa petrolera, propiedad de la nación venezolana, debe mantenerse como una empresa comercial o como un apéndice ideológico del gobierno de turno con objetivos distintos a los que son los de una empresa mercantil: producirle ganancias al accionista”.

Otro atentado oficialista a la empresa estatal y que profundizó los temores sobre las intenciones de tomar la industria para un proyecto político es lo que ha sucedido con la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas, mejor conocida como PCP. Según ejecutivos medios de Pdvsa, este despacho, dirigido por el coronel Pérez Isa y destinado a proteger las instalaciones de la empresa petrolera, se ha dedicado a otras funciones: espionaje y amedrentamiento. Según rumores, está conformado por tropas que acompañaron al presidente Chávez en sus intentonas golpistas. Recientemente elaboró un informe que incluye los resultados de una investigación hecha a 70 ejecutivos de la empresa.

Para el ex ministro del MEM y ex presidente de Pdvsa, Humberto Calderón Berti, la intención de Chávez con la industria estuvo clara desde la campaña electoral. “Él siempre ha visto a la industria petrolera como un reducto de gente que no les es afín. Pero resulta que en esta obcecación que tiene de controlar políticamente todas las instituciones, pues le importa un bledo lo que pueda ser la industria petrolera”.

Teme lo peor, porque en estos nombramientos se reúnen dos elementos: “En primer lugar, integrantes de la junta directiva venidos de adentro que les falta la suficiente experiencia para manejar una industria de esta naturaleza, y gente venida de afuera, el propio presidente de Pdvsa, que han mantenido una permanente actitud de objetores de la industria en todos los planes y en todos los programas de gran envergadura que la industria ha desarrollado en los últimos 27 años. Además de sus carencias gerenciales, tienen paralelo a esto una visión trasnochada del mundo y de la industria petrolera”.

Pdvsa quedó desnuda

Varios conocedores de la industria petrolera afirman que la reestructuración que llevó a cabo el último presidente de la industria durante el pasado gobierno de Rafael Caldera, Luis Giusti, tumbó el blindaje antipolitización con el que contaba la empresa. Según explicó Calderón Berti a PRODUCTO, cuando se nacionalizó la industria petrolera en 1976 se tuvo mucho cuidado en mantener a Pdvsa al margen de la política. Para ello “se le dio a la empresa una estructura organizativa y unos estatutos que la asemejan más a una sociedad mercantil privada que a una empresa pública tradicional. Se trató de mantener una clara diferenciación entre las instancias políticas y lo que es la actividad estrictamente de naturaleza empresarial, y por eso es que tanto en la Ley Orgánica de la Administración Central como en las propias leyes de nacionalización y estatutos de Petróleos de Venezuela, al Ministerio de Energía y Minas se le asignan responsabilidades de fijación de política, de control y fiscalización, y cuando el ministro actúa, es en carácter distinto, lo hace como presidente de la asamblea de los accionistas”.

“La diferencia de Pdvsa con otras empresas del Estado es que se maneja a una sociedad mercantil privada, es decir, se ha respetado durante muchos años la meritocracia, el orden jerárquico, salvo ahora, que se nombran a unos directores saltando por encima de decenas de personas que están por delante de ellos”.

Para el ex ministro, nunca sabremos cuánto le costó al país la fusión de Pdvsa motorizada por Giusti. Explicó que “lo lógico hubiese sido mantener la estructura que se le había dado a la industria desde el comienzo, es decir, una empresa matriz que era una especie de amortiguador entre el Estado y la industria propiamente dicha, sin tener responsabilidades de operadora. Hasta 1997 no operaba, era simplemente una empresa matriz con funciones de planificación, de control financiero y de coordinación. Después, con la reestructuración, se eliminaron las filiales y se fusionó todo por actividad”.

Y aquí está el meollo del asunto. Esta junta directiva es operativa. Antes del cambio de Giusti no lo era, porque quienes tomaban las decisiones duras del negocio eran los dirigentes de las filiales, y había una especie de colchón para proteger a la industria de las tentaciones políticas. Quirós Corradi dice al respecto que “durante la gestión de Giusti se pensó que para reducir costos y evitar que en las tres empresas operadoras petroleras se repitieran funciones comunes como exploración, refinación , producción y comercio, lo mejor era crear empresas de carácter funcional. De haberse consolidado esa estructura, la junta directiva hubiese conservado sus características de holding y ente no operativo”. Corradi agrega que las agrupaciones funcionales no se constituyeron en empresas independientes como eran las antiguas filiales operadoras y, en su lugar, se convirtieron en “divisiones” de una sola empresa. “Al hacer esto, los directores de la junta directiva se transformaron, de hecho y de derecho, en operadores. Ahora las divisiones reportan directamente a la junta directiva por las actividades del día a día. Este cambio no vino acompañado de una nueva estructura en la alta dirección de la empresa. Y allí estuvo el error. Se pretendió, entonces y ahora, continuar considerando a los miembros de la junta directiva como si su rol siguiera siendo el de coordinador de un holding, cuando en realidad ahora son responsables por la operación de la empresa”.

Ante esta realidad y para blindar de nuevo a la industria, los gerentes rebeldes fueron más allá que pedir la renuncia de los miembros cuestionados del directorio. Para Juan Fernández “nada hacemos sacando a los cinco directores que son compañeros nuestros; tienen una trayectoria profesional, porque dentro de 6 meses vamos a tener el mismo problema otra vez, tenemos que tratar de encontrar una solución más estructurada”.

Por eso propusieron una nueva estructura del directorio, que implica que la asamblea de accionistas esté adicionalmente representada por otros sectores, o por otros ministerios que tienen que ver con el aspecto económico y financiero del país, “y que quien lleve el negocio, quien maneje los aspectos comerciales, financieros, operativos del negocio, sea conformado por un grupo que lo llamamos comité ejecutivo, que sea puramente salido del seno de la industria y en función a lo méritos que esas personas tengan”, explicó Fernández.

Quirós plantea una solución parecida: que se constituya una junta directiva no operadora como existen en muchas empresas, integrada por gente de afuera que den una visión muy general del entorno, con un presidente de esa junta, y luego por debajo un comité ejecutivo que esté integrado por profesionales de la industria, con gente de adentro. Cualquiera que sean los cambios sugeridos, habrá que reformar los estatutos con el directorio existente. Para eso se necesita voluntad política del Gobierno y el apoyo de toda la sociedad venezolana.

El Gobierno activó la bomba

El Gobierno, lejos de sentarse a analizar las demandas de los empleados y hacer los correctivos necesarios, para evitar entre otras cosas que Pdvsa pueda convertirse en una empresa pública similar a Cadafe, IVSS u otras en las que la politización destruyó toda posibilidad de eficiencia, despidió a los líderes de los empleados de nómina mayor de una forma poco ortodoxa, exponiéndolos al desprecio público en su programa Aló Presidente (encadenado con todas las televisoras y emisoras radiales del país).

Además, allí el primer mandatario reveló públicamente lo que ya sospechaban los empleados de la petrolera y los analistas políticos: la intención del Gobierno de “meter la revolución en la industria petrolera para completar el proceso (?) Bolivariano”. Chávez, además, agradeció a los gerentes rebeldes por haberle allanado el camino en ese proceso.

En sectores políticos y profesionales ligados al sector petrolero se comenta con insistencia que las verdaderas intenciones del Gobierno para el control de Pdvsa en su totalidad son: recabar los mayores recursos posibles para el financiamiento de “planes” gubernamentales, utilización “política internacional” de abastecimiento petrolero (caso Cuba, por ejemplo) a países de posible adscripción al “proceso revolucionario” y colocación de militantes oficialistas en la estructura burocrática de la petrolera estatal para tener “una base mayor de seguidores, lealtad y silencio en las acciones y operaciones internas”. El despido de los dirigentes de la nómina mayor de Pdvsa produjo un paro convocado por la CTV con el respaldo de Fedecámaras y sectores de la sociedad civil; la paralización de la refinería El Palito, y de gran parte de la infraestructura petrolera nacional, incluido el cierre de despachos de combustible al exterior (28 barcos parados en el oriente del país por decisión de la marina mercante) y una serie de sucesos que todavía “están en pleno desarrollo”. Por primera vez en la historia de las “cadenas radiotelevisivas” los ejecutivos de las plantas privadas decidieron dividir la pantalla, transmitiendo también otras imágenes diferentes a las impuestas por el Gobierno.

Todavía el miércoles 10 de abril el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rafael Simón Jiménez, trataba de llamar a la mesa de negociaciones, mientras se producía la desobediencia del general de división de la Guardia Nacional Rafael Damiani Bustillos a las instrucciones de Miraflores de desalojar a las personas que protestaban pacíficamente en la sede de Pdvsa-Chuao, calificándola como “locura presidencial”. También algunos directores de Pdvsa enviaban mensajes a los gerentes despedidos para analizar internamente la situación y buscarle una salida honorable. Por su parte, Hugo Hernández Rafalli, presidente de la Cámara Petrolera, hacía esfuerzos por servir de mediador entre los empleados y el Gobierno. Varios diputados oficialistas, que prefirieron mantenerse en el anonimato, dijeron a PRODUCTO que habían intentado convencer en su momento al presidente Chávez para que no despidiera a los empleados rebeldes y los convocara a Miraflores para llegar a un acuerdo, sin embargo, admitieron que otros diputados radicales y miembros del “comando de la revolución” impidieron la negociación, desestimando las consecuencias previsibles.

Para los analistas, los acontecimientos más recientes demuestran claramente que el conflicto surgido en la defensa de la meritocracia destapó el tema de fondo que impacta al país: democracia o autoritarismo.