La Coordinadora Democrática propone retomar la estrategia de crecimiento sostenido del sector petrolero como primera medida económica para reactivar el aparato productivo y generar empleo. Y reclama un pacto nacional para convertirla en política de Estado

Por varias semanas la Coordinadora Democrática ha trabajado en un proyecto de gran pacto nacional para gobernar al país en un contexto político diferente. Podría decirse que se trata de reeditar el Pacto de la Moncloa, el cual le permitió a Felipe González conducir a la España posfranquista de la década de los años 80 por el camino de la democracia y el desarrollo económico.

Varios profesionales han acudido al llamado de la Coordinadora Democrática y han abordado, desde una óptica crítica, el complejo contexto nacional para parir una propuesta que sea viable y aceptada por la mayoría de los factores políticos. En proceso de diseñar una nueva política económica, la cual incluye el importante aspecto petrolero, son numerosas las voces que han sido escuchadas y muchos nombres de reconocido prestigio nacional e internacional se han ido sumando a los equipos de trabajo.

En resumen, la propuesta de política económica para el desarrollo incluye:

- Un programa sostenido de aumento de la producción petrolera.

- Una reestructuración fiscal que elimine la deuda pública y aumente sustancialmente el gasto público en educación, salud, seguridad social e inversiones en infraestructura.

- El aumento sustancial del ahorro nacional, a través del establecimiento de un sistema mixto de seguridad social, que incluya un seguro social solidario y un sistema de fondos de pensiones.

- Manejo transparente de la política cambiaria para mantener competitiva la tasa de cambio real, por lo menos por una década.

Todos los anteriores son objetivos de largo plazo, por lo cual la Coordinadora Democrática considera indispensable que los distintos gobiernos respeten en el tiempo esas políticas de desarrollo para darles la necesaria continuidad.

Para Miguel Rodríguez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Santa María y ex ministro de Cordiplan (1989-1992), “si la política económica sigue repitiendo las incoherencias y los errores de la mayoría de las administraciones en los últimos 25 años, el país seguirá hundiéndose en el desempleo, la buhonería y el empobrecimiento, a pesar de su infinito potencial”.

El petróleo ya no hace milagros

Qué hacer con el petróleo es lo que vuelve a plantarse como una gran interrogante en la gestión económica de gobierno. Basta con mirarse en el espejo de la actual administración, la cual ha contado con los mayores ingresos petroleros de la historia del país. Sin embargo, la crisis económica es irónicamente palpable: recesión, desempleo, fuga de capitales, desconfianza, devaluación.

Según Rodríguez, quien recientemente dio una extensa presentación sobre política económica ante los miembros de la Coordinadora Democrática, “los recortes de producción petrolera para tratar de fortalecer los precios se vuelven como un boomerang contra la economía, lo que aumenta el desempleo y la inestabilidad, y su secuela de sobrevaluación cambiaria es el mecanismo de transmisión a través del cual se manifiesta el estancamiento y la caída de la inversión”.

Quienes en la Coordinadora Democrática escucharon a Rodríguez coinciden en que su principal aporte fue señalar claramente el rumbo: “La política petrolera debe ser de expansión de la inversión y producción, que es lo que impulsa el crecimiento de la economía y el empleo en su conjunto, así como también garantiza un ingreso estable y de largo plazo”.

Sin embargo, para el propio Rodríguez aumentar la producción petrolera es un factor que ayudará, pero no hará el milagro de salir de la crisis. En forma aislada, sin otras políticas que complementen y apuntalen un crecimiento de la producción petrolera, ante la menor caída de los precios nuevamente se conducirá a su liquidación prematura mediante la política de recortes. Esto ya pasó con la apertura petrolera, a pesar de que entre 1994 y 1997 los precios del petróleo subieron constantemente y eran significativamente mayores a los obtenidos una década antes.

“Gracias a la expansión del sector petrolero no sucedió un mayor colapso en el producto e ingreso real de Venezuela en los años 1994 y 1995”, sostiene Rodríguez, y agrega: “A causa de la mayor producción y de la mejoría de los precios del petróleo, ocurrieron importantes superávit en la cuenta corriente de balanza de pagos, pero, a pesar de ello, se perdieron unos 3 millardos de dólares en reservas internacionales a causa de la enorme fuga de capitales de más de 8 millardos de dólares en esos dos años”.

“El año 1997 fue el único de crecimiento económico durante el período del presidente Caldera, liderado por la expansión petrolera y de sus sectores conexos, como servicios, construcción alrededor de las áreas petroleras y subsectores de la manufactura, así como por el incremento del gasto público, en medio de un ambiente de mayor competitividad de la tasa de cambio”, añade.

En 1998, la crisis económica de los países asiáticos precipitó una caída en los precios del petróleo. La respuesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue la de retomar la política de recortes de producción.

Rodríguez explica que “en el caso venezolano, la falta de reestructuración fiscal obligó a que el propio presidente de Pdvsa, Luis Giusti, que le había vendido muy coherentemente al país el programa de apertura y expansión de la producción petrolera, terminara por confirmar los acuerdos de Ryad de reducción de la producción”.

Recortar la producción debió ser una medida transitoria y coyuntural, pero se transformó en el eje de la política económica del nuevo gobierno. A juicio del ex ministro de Planificación, Venezuela parece condenada a repetir la historia: “Las perspectivas de corto plazo están comprometidas por un programa económico que no permite el crecimiento real de la producción y el ingreso, y las condena a un alto desempleo y subempleo, aun en un contexto de precios del petróleo relativamente altos, que necesariamente implican restricciones en la producción”.

Aportes para la transición

En materia de transición petrolera, la Coordinadora Democrática basa su propuesta al país en dos objetivos. Primero, restablecer el clima de confianza que requieren las inversiones nacionales e internacionales y, segundo, restituir a Petróleos de Venezuela sus auténticos valores gerenciales, que le permitieron ser reconocida como una gran empresa. Para alcanzar dichos objetivos se plantea con urgencia reformar la Ley de Hidrocarburos, aumentar aceleradamente la producción de crudo hasta 6 millones de barriles diarios, anular los contratos en materia petrolera suscritos por el actual Gobierno y acometer la pronta reorganización de Pdvsa.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos es impostergable en el programa de transición, pues todos los expertos invitados han afirmado que carece de una visión de largo plazo, es atrasada, discrecional y no ha logrado atraer ni un solo centavo en nuevas inversiones. Para la Coordinadora Democrática es una ley totalmente contradictoria y divorciada de los objetivos de negocio de Pdvsa y del resto de empresas privadas nacionales y extranjeras vinculadas a la actividad petrolera. Según la propuesta, dicha ley debe modificarse para mirar al largo plazo como país petrolero, con reglas claras y estables, buscando el máximo desarrollo de las gigantescas reservas de hidrocarburos. Llevar la producción aceleradamente a 6 millones de barriles diarios para reactivar la economía y generar empleo parece una medida obvia en cualquier nuevo gobierno, pero será muy difícil materializarla, pues primero hay que llevar adelante la dura tarea de recuperar el crédito y la confianza. Se requieren al menos 6 mil millones de dólares al año, por un lapso 10 años, para recuperar el potencial de producción perdido. Con un país que afronta graves problemas de ingresos, es imposible alcanzar ese nivel de inversión sin la participación del capital privado, el cual no vendrá si no hay las condiciones adecuadas.

Por otra parte, anular los contratos suscritos en materia petrolera, especialmente el vigente con el gobierno de Cuba, se ha convertido en un punto de honor, por cuanto se considera que no se puede extender a un nuevo gobierno el daño patrimonial que se le ha infligido al país con las entregas de petróleo al régimen de Fidel Castro, bajo condiciones que se consideran extremadamente blandas y excepcionales.

Finalmente, reorganizar a Pdvsa quizá sea la tarea más difícil y conflictiva para cualquier futuro gobierno. La actual administración abrió en la compañía una caja de Pandora y ahora no se sabe qué es lo que puede salir de allí. El país tiene que recuperar la gobernabilidad, sobre todo el sector petrolero, dado que hay demasiadas distorsiones, y allí la violencia es el factor predominante. Cambios incoherentes en la dirección de la empresa, persecuciones policiales, desprecio por el conocimiento, proselitismo y clientelismo han erosionado peligrosamente la credibilidad y la fortaleza de Pdvsa durante este Gobierno.

Aun cuando en los equipos de la Coordinadora Democrática interactúan técnicos petroleros activos y jubilados, existe el convencimiento de que los sucesos del 11 de abril cambiaron definitivamente la forma de abordar los problemas en la corporación petrolera, por lo cual se espera que los trabajadores de la empresa aporten soluciones despojadas de dogmatismos y que no pretendan regresar a esquemas ya superados.

El país entrará, tarde o temprano, en una nueva etapa política y los ciudadanos reclaman alternativas y propuestas de desarrollo por parte de todas sus instituciones, incluyendo a Pdvsa. Para la Coordinadora Democrática, el 11 de abril las puertas de la corporación se abrieron no solamente para que los empleados salieran a defender su meritocracia. También permitieron la entrada del venezolano común, de la calle, que quiere respuestas sobre el manejo del petróleo y que se siente en el derecho de decidir sobre el futuro energético del país.