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Abril 2003
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Macroeconomía
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| Entre controles y restricciones Los optimistas son pocos; sin embargo algunos signos resultan esperanzadores para los pocos . En tanto, el gobierno maneja una “gerencia de crisis”.
La singularidad de la crisis venezolana en esta ocasión está en que, por esta vez, no es producida por las vicisitudes del mercado petrolero internacional, sino por una situación de orden interno que genera altos niveles de conflictividad e inestabilidad social, política e institucional, lo que constituye un condicionante fundamental para el desempeño de la economía. La “revolución bonita” de Chávez ha desaprovechado los altos precios del petroleo para cancelar deudas y tomar la medidas precisas para estabilizar la economía del país. El FIEM vuelve a convertirse en una vulgar promesa incumplida de ahorros intocables, el control de cambio es un arma política que castiga o premia de acuerdo a su compromiso con el gobierno, los excedentes petroleros solo son utilizados para crear más gasto mientras se incumplen commpromisos de pago con gobiernos locales, empleados públicos, sector salud, entre otros. Economistas y analistas en sus respectivos informes llegan a la conclusión de que después de un año de profunda contracción como lo fue el 2002, y la prolongada interrupción del normal desenvolvimiento de las actividades económicas ha debilitado considerablemente la fortaleza financiera de las empresas del sector privado y de las familias. En pocas palabras, a la histórica fragilidad de la economía local, que deriva de su carácter monoproductor, se le agrega una mayor sensibilidad a choque políticos que condicionan el diseño y ejecución acciones económicas que crean nuevas condiciones desfavorables a la inversión privada. La estratégica huelga petrolera El paro petrolero fue un ingrediente determinante para generar efectos semejantes a una de las peores crisis del mercado petrolero internacional de los últimos 20 años. No en vano el valor real de las exportaciones petroleras se redujo en unos 2.200 millones de dólares. Francisco Vivancos, economista y profesor de la UCV y UCAB, señala que las pérdidas del negocio petrolero se remontan al año 2001 (como consecuencia de la política de recortes petroleros de la OPEP), agravada hoy por una crisis que tiene sus raíces en la participación de la industria en el paro cívico, devenido en paro petrolero. En estos tres últimos años se dejaron de exportar unos 6.200 millones de dólares en términos reales. En contraste con el año 2000, este año tan sólo se exportará 66 por ciento; es decir, 9.500 millones de dólares menos. Las secuelas de esta situación derivan en una reducción en el valor de las exportaciones, lo cual merma dramáticamente la capacidad tributaria de la industria petrolera, el mayor contribuyente del país. Adicionalmente se atrofió la capacidad de PDVSA de distribuir dividendos al gobierno, que es su único accionista. De este modo, estima Vivancos, los ingresos fiscales de origen petrolero caerán en 45 por ciento de lo que fueron en 2001 y 3.500 millones de dólares menos que los ya reducidos ingresos de 2002, como consecuencia de una serie de eventos que deterioran la industria como: la caída en las ventas externas e internas de petróleo y sus derivados, la elevación de los costos de producción y distribución, pago de las importaciones de gasolina (que además, se vende en el mercado interno a precios por debajo de los internacionales), la caída en la productividad y la imposibilidad de acceder a los mercados de capitales. Efecto sobre las industrias Por su lado los analistas de la Unidad de Investigación Económica del Banco Mercantil, en su primer informe trimestral de año 2003 determinaron que el paro petrolero también perjudicó a los sectores no ligados a este sector. Concluyen que se afecta negativamente la evolución de las exportaciones cuando se generaron interrupciones en la provisión de insumos fundamentales de producción. Así, la estimación ronda los 3.700 millones de dólares; lo que representa una contracción de más de 25 por ciento si se tienen en cuenta los niveles que se habían alcanzado en este rubro durante el 2000 y el 2001. Destaca que el deterioro se produce a pesar de que se supone una depreciación significativa real del tipo de cambio desde que se abandonó el régimen de bandas en febrero de 2002; lo cual refleja la debilidad estructural del aparato productivo interno para reaccionar ante los estímulos generados por la política cambiaria. En síntesis, el análisis vislumbra para este año una reducción en los ingresos de la balanza comercial de unos 2.200 millones de dólares en comparación con el año pasado. Si se hace la comparación respecto a los ingresos registrados en el año 2000, la reducción esperada es de casi 5.800 millones de dólares. Previsiones 2003 El informe en cuestión estima que la caída en los ingresos corrientes del Gobierno Central le impondría restricciones al nivel de gasto del Gobierno Central, que obligaría a efectuar un ajuste fiscal de importantes magnitudes. “Incluso, si el Ejecutivo, tal como lo planea, lograra obtener financiamiento equivalente al pago de las amortizaciones. Para lograrlo, se necesitaría un recorte en el gasto primario (gasto total excluyendo pagos de intereses) de 7 puntos del PIB, con lo cual se ubicaría en apenas 13 por ciento del PIB, nivel que resultaría el más bajo de la historia estadística del país”. En consecuencia, los autores del informe temen que “los shocks negativos del año pasado resultaron en una contracción del PIB de 8,9 por ciento y para 2003, se prevé que la economía nuevamente experimente otra fuerte caída, en este caso de 11,3 por ciento (cifra que marcaría record histórico), lo que llevaría al PIB real a niveles de los años 1990/91”. Por otra parte, esperan que el PIB no petrolero se contraiga en 9,5%, descenso que resultaría mayor al observado durante el año 2002 (-6,5%). La mayor contracción se explicaría por los efectos negativos derivados del paro de diciembre y enero: cierre y liquidación de empresas, inhibición de la inversión privada por expectativas adversas en torno a una creciente conflictividad política y social, y la importante contracción del gasto fiscal y la caída en el ingreso real. Uno de los sectores que se estima resulten más afectados sería el de la construcción, explicado por la caída en el gasto público, igualmente estarían en este grupo, instituciones financieras y seguros, comercio y manufactura. En relación con la cuenta comercial, el superávit esperado se ubicaría probablemente en niveles satisfactorios, cuatro veces más que el observado en 1998. Sin embargo, nuevamente es indispensable destacar que este resultado se lograría en el agregado de todo el año, observándose los mayores efectos adversos en los primeros meses, ya que posteriormente se espera una recuperación en la producción petrolera. Debido a las menores importaciones y un saldo de renta menos deficitario, el superávit de la cuenta corriente al cierre de este año resultaría en solo 3,2% menor a lo observado en el año 2002. Sobre las tasas de interés, “estimamos una caída significativa, en parte inducida por la modificación del régimen cambiario, la política monetaria expansiva esperada y las presiones del gobierno para reducir la carga de intereses. Así, la tasa activa podría disminuir en 10 puntos porcentuales para promediar 27,8% en 2003, y la tasa de los depósitos a plazo fijo disminuiría 7 puntos, para ubicarse en promedio en 21,5%”. Considerando una inflación promedio estimada en alrededor de 38%, las tasas de interés resultarían significativamente negativas; aunque, dado el control de cambios, su incidencia sobre el nivel de ahorro interno podría llegar a ser de bajo impacto por la ausencia de activos alternativos disponibles en el mercado doméstico. En las primeras tres semanas del año el tipo de cambio, se depreció en 32%, para alcanzar un valor de 1.853 Bs/US$ al 21 de enero. Esto fue acompañado de una caída de 940 millones de dólares en las reservas internacionales, y otra de la liquidez de 6%. Tales acontecimientos presionaron a los funcionarios públicos hasta persuadirlos de que era inevitable la suspensión de la venta de divisas, decisión que se toma a partir del 22 de enero, y la aplicación de un control cambiario a partir del 6 de febrero, con un tipo de cambio único que fue fijado en 1.600 bolívares por dólar para la venta. Gerardo Chacón Fernández
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