Bajo la premisa de que el proceso de nacionalización de 1976 fue “perverso”, Francisco Mieres y Carlos Mendoza Potellá justifican las acciones del gobierno nacional en Petróleos de Venezuela.

Justo antes que se iniciara el paro cívico nacional en diciembre de 2002, un documento denominado Asamblea Originaria de Petróleos de Venezuela, parecía concebir en lo que hoy se ha convertido el holding estatal. Y aunque algunos de los supuestos autores de tal escrito, como Francisco Mieres y Carlos Mendoza Potellá, niegan formar parte de esa especie de junta directiva paralela, lo único aparentemente claro en la reestructuración de Pdvsa, es que existe una terrible lucha de poderes entre los mismos agentes del “proceso” revolucionario.

Con el objeto de profundizar sobre la concepción ideológica que fundamenta esa reestructuración, PRODUCTO conversó con Mieres y Mendoza Potellá, quienes revelan sus diferencias y semejanzas acerca del cambio que se produce en la empresa.

Estos expertos, co-fundadores del post grado de Economía y Administración de Hidrocarburos de la Universidad Central de Venezuela, coinciden en retroceder la historia 27 años y explican las razones por las cuales el proceso de nacionalización de la industria petrolera resultó un “mal negocio” para el Estado venezolano.

Sobre la nacionalización

Mendoza Potellá, quien el año pasado fue miembro de la polémica junta directiva de Pdvsa que dirigió Gastón Parra Luzardo, explica que la Ley de Bienes Afectos a Reversión, aprobada por el Congreso de la República en 1971, establecía que todo recurso material o técnico que las compañías extranjeras operdaoras de entonces obtuvieran para administrar su condición de concesionarias, se revertiría en beneficio de la nación venezolana cuando terminaran las concesiones.

Eso significaba que en el año 1983 se vencía el 80% de las concesiones, y el otro 20%, entre 1996 y 1997. “El cronograma de nacionalización, estaba bien escalonado y basado en nuestras leyes, pero las compañías no estaban de acuerdo”. De hecho, entre 1971 y 1973, las compañías pelearon en la Corte Suprema de Justicia la Ley de Bienes Afectos a Reversión, pero sus demandas fueron desestimadas.

A juicio de Mendoza Potellá, en 1973, cuando se buscaba ya adelantar la reversión, los discursos de los presidentes de las compañías concesionarias cambian, y “en pocas palabras dicen ustedes quieren nacionalización, les daremos nacionalización”.

¿Y qué pasó después? Mieres sostiene que los gerentes de las trasnacionales quedaron al frente de las filiales y después fueron ascendiendo, asumiendo las cúpulas del holding estatal. Eso fue, para el catedrático, un fenómeno de “gerencia autodesignada y con la norma de que son ellos los únicos que pueden estar allí, aa veces con alguna representación de los trabajadores”.

“Los Creolemen que quedaron allí, desarrollaron una gerencia de mentalidad anti-estatal, y de práctica e iniciativa siempre de fiscalización, trampas, y convertir al Ministerio de Energía y Minas en un cascarón vacío”, apunta Mendoza Potellá.

De allí, que Miéres sea preciso en afirmar que “había que cambiar los gerentes heredados”.

De manera que la disolución de la empresa petrolera nacional estaba planteado desde hace tres décadas. A decir de Mieres, el que los gobiernos hubieran hecho caso omiso a estos reclamos, es lo que ha provocado que Pdvsa se convirtiera en un “problema cada vez mayor, y que asumiera un poder superior al del Estado”.

A pesar de los reclamos, nada pudieron hacer quienes adversaron los procedimientos adelantados para la nacionalización petrolera y la consecuente creación de Petróleos de Venezuela. Su oportunidad llegó junto al gobierno de Hugo Chávez.

Mal necesario

Mieres asegura que “lo que está pasando ahora (con Pdvsa), es un mal necesario, producto de lo que no se hizo cuando debió hacerse”.

El catedrático, desde uno de los salones de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales, donde conversa con PRODUCTO, repite el discurso en que tanto insistió Gastón Parra cuando asumió en febrero del año pasado la presidencia de Pdvsa: “El PTB (Producto Territorial Bruto) petrolero en 1976, era de veinte por ciento, y en el 98 baja a 12. El aporte fiscal respecto al ingreso total, que había sido 76 por ciento en el primer año de Pdvsa, se reduce a 15 en 1998. He ahí las razones por qué se hace imposible pensar que estos señores (la gente de Pdvsa) tengan el poder absoluto… y la necesidad de la reestructuración”.

Mieres asegura que eso se va poniendo de relieve en el régimen del presidente Chávez, entre otras cosas, por la falta de decisión de Alí Rodríguez, que al llegar al Ministerio de Energía y Minas teme enfrentarse al monstruo de Pdvsa. “Le da miedo a enfrentarse”, insiste.

Pero para Miéres existe otro elemento importante. “Claro, eso llega a su máxima degradación con Intesa, esa empresa mixta que se apodera de todos los sistemas de computación y de comunicación. Es imperdonable, porque ya en el año 2000 el Comisario de Pdvsa, Rafael Ramírez (ya fallecido) —padre del actual ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez—, dice claramente en su informe los grandes problemas de la empresa, las grandes trampas que hay que sorteaar y, bueno, no le hacen caso”.

Aunque Mendoza Potellá, no hace la más mínima referencia al informe del Comisario, coincide con Mieres, respecto a que lo que está pasando ahora es consecuencia de una nacionalización que más que “chucuta” fue “perversa”.

Peligros de la reestructuración

De manera que la reestructuración de Pdvsa y, al parecer, la manera como ha sido concebida ahora la corporación a partir del despido de más de 16 mil profesionales y técnicos, tiene sus raíces bien asentadas en el pasado reciente.

Según Mieres, la reestructuración es un “clamor social” que existía en las universidades. A diferencia de ello, Mendoza Potellá, desconoce el origen de este proceso, en vista que no se ha discutido públicamente. No obstante, considera que parte de las decisiones, están fundamentadas en algunos proyectos preexistentes hace largo tiempo, los cuales van en función de aplanar la gerencia y hacerla más operativa. “La verdad, había muchos niveles de decisión”, justifica.

De algún modo, Mieres coincide: “era necesaria una reducción de personal, especialmente, de esa nómina (mayor) excesivamente costosa y redundante. Yo pienso que uno de los elementos de la reestructuración comprende la reducción de personal. Es un elemento clave”.

Pero a su juicio, lo fundamental debe estar más arriba. Se trata de una junta directiva autorregulada que tenga todos los poderes. No se trataría, según explica, de que el Estado se apropiara de la empresa, sino de colocar, “amén de una gerencia técnica para especialistas en la 4 o 5 áreas fundamentales”, una junta directiva “con representación más real de los trabajadores, de los de abajo; de los técnicos de alto nivel; de la academia, en el sentido global; y también de la dirección política, y económica del Estado ante todo. Ahí debería haber un ombudsman, que tiene una suerte de poder moral, que se pueda conectar con las comunidades más afectadas por la industria petrolera. El poder ciudadano tiene que estar representado, se trata de una junta más participativa”.

En este aspecto, Mieres y Mendoza Potellá, vuelven a diferir. Para este último, lo primero que hay que dejar de lado es esa visión de Compañía Anónima. “Los 23 millones de habitantes que existimos ahora en Venezuela, no somos la Nación, somos la nación viviente. Pero la Nación, es eterna y, por lo tanto, no tenemos el derecho a dividir a Pdvsa en 23 millones de acciones, pues pase lo que pase con el consumo mundial, el petróleo que está en el subsuelo va a durar muchísimos años más. Yo creo que si la sociedad venezolana internaliza el significado de eso, de la perennidad del recurso, de nuestra propiedad, la estructura organizativa de Pdvsa, del Ministerio (de Energía y Minas), o del órgano estatal que tengan que ver con las definiciones acerca del destino del petróleo, será distinto”.

Mendoza Potellá, prefiere no casarse con ese concepto de si ésta es o no la verdadera nacionalización. “Ni aquella pudo haber sido una nacionalización, ni esta es la verdadera”. Lo que a su juicio es necesario, es que la reestructuración de Pdvsa se repiense desde las bases, a nivel nacional, colectivamente, no una camarilla de genios especialistas en petróleo. “Tiene que ser una junta de especialistas en Venezuela, en el país que queremos. Y dependiendo de eso, es que debemos diseñar cómo debe ser Pdvsa”.

Para Mendoza Potellá, ahora embajador designado en Rusia, una reestructuración de la corporación estatal más importante del país, tiene que pasar por el análisis de los poderes públicos nacionales, por lo menos, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. “Esos son los mecanismos a través de los cuales funcionan los Estados modernos y como funciona la representatividad de la Nación, porque Pdvsa es un problema de la Nación”. Cierto, en teoría, pero bastará saber si las actuales instituciones representan la Nación o a quien pretende controlarla.

De allí, que Mendoza Potellá, difiera en la forma cómo se ha llevado a cabo la reestructuración de la empresa, pues no le convence la idea de que se haya divido, de la noche a la mañana, en dos filiales: Pdvsa Oriente y Pdvsa Occidente, las cuales se encargarían de los negocios medulares de la empresa, es decir, exploración y producción. También está previsto que negocios como Pequiven, Intevep, Centro Internacional de Educación y Desarrollo, y Palmaven, desaparezcan.

Vale recordar que para Mieres, la reestructuración de Pdvsa, además de la reducción masiva de personal, también significa nacionalizar el sistema de administración e información, “porque todo eso está en manos de una empresa mixta (Intesa), dominada por una empresa foránea (SAIC), vinculada la CIA”.

Camino a la privatización

El problema de haber separado a Pdvsa en dos radica en que ahora, más que nunca, es susceptible de ser privatizada. Por ello, Mieres considera que esa necesidad inmediata de de creación de filiales, en oriente y occidente, debe ser provisional, pues según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las filiales pueden ser privatizadas.

Mendoza Potellá, también lo advierte: “Hay peligros además, por una cosa que se coló en la Constitución. La Carta Magna garantiza la propiedad estatal de Pdvsa, pero no se garantiza la de las filiales que cree a posteriori. Si dejas a Pdvsa como una estructura hueca, y creas unas filiales, que serían las encargadas del negocio, las filiales podrían ser privatizadas”.

Como contradicción, una de las acusaciones de distintos voceros del gobierno contra la Gente del Petróleo es haber querido privatizar PDVSA. Hoy son, justamente, los encargados de dirigir la eufemística “nueva” PDVSA, quienes pudieran hacerlo.

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.	La internacionalización Pdvsa fue fundada en 1975, y allí empezó la expansión del negocio. Una manera de hacerlo, fue comprando activos en el exterior: Citgo, Rhur Oel, Veba Oel, entre otros. Ese fenómeno fue conocido como la internacionalización, la cual tuvo sus inicios en 1989. Pero tanto Mendoza Potellá, como Mieres, son fervientes creyentes de que la internacionalización, al igual que la apertura petrolera llevada a cabo bajo la administración de Luis Giusti (1994-1998), resultan para ellos dos de los peores negocios en materia petrolera asumidos por el Estado venezolano. Con una visión meramente rentista, Mieres cuenta que “cuando salieron los primeros números de la internacionalización, empezaron a reflejarse las primeras verdades: signos de evasión y de retención de los dólares producidos por las filiales en el exterior, lo cual conspiró contra la obtención de divisas en el país. Pocos ingresos, para tanta inversión”. Condiciones previstas en los contratos de apertura petrolera, como la reducción de la tasa de regalía (impuesto a la explotación de hidrocarburos), y eliminación del valor fiscal de exportación, según Mieres, también son calificados como negativos. Ni hablar de Citgo, empresa filial de PDVSA que produce y vende gasolina en Estados Unidos. Uno de los problemas de la venta de crudo venezolano a Citgo, de acuerdo a lo explicado por los dos expertos consultados, es el descuento que se otorga. Mieres afirma que “cuando se inició el periodo de Giusti, el descuento era de $2 por barril, y cuando terminó de $4 por barril. El climax de la faena de Giusti se refleja a mediados de 1998, cuando las decisiones que induce en la OPEP para aumentar la producción, provoca una caída tremenda de los precios a $8 por barril”. JL.	.
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