Pese a que facturan más de 50 millones de bolívares por día, la mayoría de los bingos que operan de manera subrepticia no cuentan con licencias y, por ende, no le dejan nada al fisco. En la Alcaldía de Baruta aseguran que estos establecimientos ahora sí pagarán impuestos, por demás cuantiosos

En cinco minutos una señora que está sentada en uno de los casinos que operan en Caracas pierde 10.000 bolívares en una máquina de apuestas: “Esto se va rapidito”, comenta risueña. En el mismo lapso de tiempo, una empleada del lugar cuenta más de 100.000 bolívares en efectivo.

Para nadie es un secreto que el negocio del juego en Venezuela pinta en los ojos de los inversionistas un signo de dólar y en los ojos de los apostadores las ansias de hacer dinero rápido.

No obstante, un halo de misterio rodea a este negocio y lo convierte en una caja negra difícil de descifrar: no se sabe a ciencia cierta quiénes son los dueños de muchos de los casinos que operan en el país; una gran cantidad de gente sostiene que hay casas de juego que llevan más de un año y medio funcionando sin que ningún fiscal del Seniat o del Indecu lo haya “notado” siquiera. La Comisión Nacional de Casinos, que se encarga de entregar las licencias para su funcionamiento, se mantiene de muy bajo perfil pese a la diatriba política y legal que rodea a este negocio; y mientras tanto la noticia de que un nuevo casino abrió sus puertas en cualquier lugar de Caracas corre como un reguero de pólvora y en menos de un mes el sitio se encuentra abarrotado de apostadores.

Uno de los encargados de una sala de apuestas en Caracas, que no quiso ser identificado, reveló el trasfondo de este negocio: pese a que hace algunos años la Comisión Nacional de Casinos entregó licencias a varios de estos sitios en el país, la gran mayoría de los que hoy operan en la capital no cuenta con permisos para operar. Por eso la mayoría de ellos no tiene un nombre visible pero sí cuenta con muchos guardias que seguridad que, apostados en la puerta, discriminan quién entra y quién no.

Una vez dentro, el respeto a las leyes se omite sin compasión. Se transan dólares a 2.300 bolívares “porque los clientes necesitan cambiarlos para poder hacer sus apuestas”; se instalan máquinas, se contrata personal y se alista el mobiliario sin tener licencias para ello; y se pasa por alto un pequeño detalle: la Ley Nacional de Casinos establece que para otorgar las licencias éste debe estar instalado en una zona turística.

Secretos bien guardados

La inversión para instalar un casino comienza por definir el tipo de sala de juego que se quiere instalar, pues los hay sin bingo --una de las modalidades de apuesta preferidas por los venezolanos-, sólo con máquinas tragamonedas o equipados con tecnología de punta.

La fuente consultada informó que los montos que se necesitan para instalar una modesta sala con máquinas tragamonedas no es cuantiosa, pues la mayoría de los dueños de este negocio alquilan la totalidad o parte de los equipos y las ganancias que se producen por máquina se dividen en cuotas acordadas en un contrato celebrado, en la mayoría de las veces, en el exterior. Estos contratos se establecen en dólares.

Superado el problema de los equipos, al inversionista solo le resta amoblar el lugar, instalar una cocina que normalmente funciona durante toda la jornada de trabajo para servir gratuitamente a los clientes y contratar a unos 140 empleados como mínimo.

Los salarios de los empleados se establecen por jornadas de trabajo, pero en líneas generales se calcula que sus ingresos superan los 300.000 bolívares, si se incluyen las propinas que generosamente dejan los clientes. Los grupos que están detrás de este negocio son poco conocidos, pero normalmente se trata de inversionistas foráneos con experiencia en el área de apuestas.

Con respecto a los impuestos, uno de los temas escabrosos del negocio de apuestas, se pudo conocer que los casinos ilegales no los pagan mientras no tengan una licencia en la mano. Mientras tanto, facturan unos 50 millones de bolívares por día, dinero que es manejado por completo por empleados que trabajan bajo supervisión constante.

Este dinero proviene principalmente de personas mayores de 35 años que gastan entre 20.000 bolívares y millones de bolívares por noche, mientras esperan por recibir algo a cambio. La ruleta es el foco de atención, allí se hacen las apuestas más cuantiosas.

Por los caminos visibles

Henrique Capriles Radonsky, alcalde del municipio Baruta, se enardece cada vez que habla del tema de los casinos. No por casualidad el municipio que dirige es considerado por los dueños de los casinos como un terreno “casi impenetrable”.

Los dos bingos que están bajo su jurisdicción, Las Mercedes y La Trinidad, reiniciaron operaciones tras la medida del Tribunal Supremo de Justicia que hace algunas semanas autorizó la reapertura de las salas de juego que contaban con licencias anteriores a 2001. Según informaron fuentes ligadas a estas salas, la afluencia de la gente no se ha hecho esperar.

“La posición de la Alcaldía de Baruta siempre ha sido la misma: los casinos deben estar ubicados en zonas turísticas y para autorizar su funcionamiento hace falta un referéndum consultivo en el que participen los ciudadanos”, dijo el alcalde.

Sin embargo, estas premisas fueron ignoradas en la sentencia del TSJ, en opinión de Capriles, para quien la razón que motivó la decisión judicial tiene un trasfondo económico, pues hay una estrecha relación entre los dueños de las salas de juego y diputados de la Asamblea Nacional.

“Esta sentencia levanta mucha suspicacia pero, como no se trata de una pelea personal sino de los habitantes del sector, mi posición es respetarla”, dijo.

Ahora sí van a pagar

Capriles afirmó, empero, que a partir de ahora los casinos “sí van a pagar impuestos”. Hasta ahora la contribución al municipio por parte de algunas salas ha sido muy escasa, aseguró Radonski. “En 1999 el aporte del Bingo Las Mercedes apenas fue de 20 millones de bolívares”.

Por eso añadió que, tomando como modelo los aportes que se hacen en otros municipios, Baruta espera que cada casino deje como mínimo unos 100 millones de bolívares mensuales en impuestos. La Alcaldía también pondrá en funcionamiento un plan de fiscalización, para lo cual contará con un grupo de profesionales que serán rotados constantemente y se encargarán de velar por el cumplimiento de la normativa tributaria. “En Baruta los caminos verdes no funcionan. Si no es lícito y sigue funcionando es porque alguien está cobrando peaje”, sentenció.

Con respecto a la generación de empleo, que podría considerarse un aporte positivo de este negocio, Capriles dijo que “ha habido mucha demagogia” en torno a la capacidad empleadora de esta industria, que considera no productiva y con altos índices de rotación de personal. “Un país no se va a desarrollar teniendo múltiples bingos y mucho menos si no estamos hablando de zonas turísticas”.