La operación comercial de venta de petróleo crudo a las Reservas Estratégicas de Petróleo de Estados Unidos, por parte del Ministerio de Energía y Minas, a través de la empresa norteamericana Free Market Petroleum, es más que una inusitada actividad en la industria petrolera

En enero pasado, el Ministerio de Energía y Minas firmó con la empresa norteamericana Free Market Petroleum, un contrato de suministro de 50.000 barriles diarios de petróleo crudo, de tipo Mesa 30 grados API, que serían destinados a suplir las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Pero la inusitada operación comercial, sin precedentes en la industria petrolera, al menos desde que se creó Petróleos de Venezuela (Pdvsa), trae consigo una serie de aspectos que generan inquietud y dudas.

Lo primero es el rol que asume el MEM como operador, y no como ente regulador, dejando a un lado a Pdvsa, que siempre se ha encargado de comercializar el crudo venezolano, actividad reservada a las empresas del Estado. A ello se sumó lo poco conocida que es FMP en el mercado petrolero internacional. Una jugosa comisión, que se alcanzaría en 3 años, y la búsqueda de un préstamo por 1.000 millones de dólares en los mercados internacionales, que tendría como colateral la factura petrolera, colocan a esta transacción bajo una lupa y PRODUCTO la analiza con detalle.

La operación

Todo empezó el 17 de enero pasado, fecha en que el MEM y FMP firmaron el contrato.

Ese acuerdo establece la venta, por parte de Venezuela, de 50.000 barriles por día de crudo a Free Market Petroleum LLC, que lo distribuirá a las SPR. La vigencia del contrato es de 3 años, con lo cual se despacharía un total de 54,75 millones de barriles de crudo Mesa 30 grados API o de mayor grado, y menos de 2 por ciento de contenido de azufre --lo que supone el suministro de 8 por ciento de las reservas de EE UU--.

La entrega a las SPR será efectuada a través del programa Royalty in Kind (regalías en especie). Según el Departamento de Energía, el gobierno norteamericano no compra petróleo directamente, sino que abre una licitación en la que pueden participar las empresas productoras de petróleo, que pagarían al gobierno federal sus regalías en especie. Como FMP no es una empresa productora sino una intermediaria, ésta debe negociar con las compañías petroleras en EE UU la entrega del crudo venezolano, para que sean ellas las que entreguen el crudo a los depósitos subterráneos y salinos de Texas y Lousiana.

El precio de venta que se establece en la cláusula 6 del contrato, indica que la fórmula será CIF (costo, seguro y flete). Esto significa que el vendedor, en este caso la República Bolivariana, asume sin restricciones los costos de los cargos por flete, aduanas y portuarios, mientras que los peajes por canal de navegación serán honrados por el comprador (FMP).

Adicionalmente, la fórmula de precio estipula que el costo de cada barril será de 2,5 dólares menos que el precio en la costa del Golfo de EE UU, del marcador referencial Petróleo Intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés). A este precio habría que agregarle el costo del flete, que según datos de la firma de inteligencia en materia petrolera, Petroleum Argus, fluctúa entre 0,4 dólares por barril y 1,30 dólares por barril, para cargamentos estándares venezolanos. Esto significa que el descuento total se ubica en un rango de entre 2,9 dólares y 3,8 dólares por barril. La data histórica de Argus también revela que el precio promedio de Mesa en el 2002 fue WTI menos 2,47 dólares por barril, más el costo del transporte. Por lo general, las ventas de Pdvsa son FOB (free on board), es decir, que el comprador asume los gastos del cargamento, el seguro y el flete.

Una cláusula aún más espeluznante es la 8, en la que se establece --parafraseando-- que cuando FMP no pueda colocar el crudo en las SPR, podrá modificar el destino del embarque, “siempre con la aprobación del vendedor”. Es decir, que el objetivo inicial del contrato puede variar, dependiendo de la capacidad de negociación de la empresa norteamericana con las compañías petroleras.

El broker

FMP es una firma basada en Delaware, Estados Unidos, con oficinas en Caracas, Londres y Nueva York. La empresa no tiene site en internet, no está registrada ni en la Securities Exchange Commision de Nueva York ni en Petroleum Supply Americas, el libro sagrado de las empresas del sector.

Todas las fuentes apuntan a que FMP es una empresa creada recientemente, solo para ocuparse de la comercialización del crudo venezolano con Estados Unidos. Y así se desprende del informe de Petroleum Argus: “De acuerdo con un documento de FMP, esta empresa fue creada “como un mecanismo para pactar transacciones petroleras y financieras con la República Bolivariana de Venezuela, concretamente: 1. Comercializar crudos venezolanos para la Reserva Estratégica de Petróleo de EE UU mediante el programa de regalías en especies (RIK, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía, y 2. Asistir a Venezuela en el prepago de cuentas por cobrar que se derivan de la venta de crudos venezolanos, bajo el programa de regalías en especies”.

FMP es una filial de Free Market Holdings, que tiene una variopinta gama de negocios, entre los que se cuentan banca de inversión, telecomunicaciones y mercado inmobiliario, entre otros. De hecho, la dirección suministrada en el contrato, ubica a FMP en la suite 2110 del Rockefeller Center, en Nueva York. Esta dirección corresponde a la banca de inversión Whitestone, una de las más grandes compañías del holding, con operaciones desde 1993. FMP está representada por William Hickman, Adrian Nash y Arturo Sarmiento. Este último, es un joven empresario venezolano, educado en Londres, con otros negocios y trabajos en Venezuela. Es presidente de Representaciones Inteligentes; ocupó el mismo cargo en Edificios Inteligentes; también pasó --en 1993, mismo año en que egresó del London School of Economics-- por las oficinas de Pdvsa en Londres y por la Secretaría de la OPEP en Viena, Austria. Recientemente fue representante de la empresa Crown Resource, basada en Suiza, y que vendió gasolina al gobierno nacional durante el paro petrolero.

Hickman y Nash han estado recientemente en Venezuela. El pasado 14 de abril, Sarmiento envió una carta al director de relaciones públicas del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Julio Balza, en la que solicitó el servicio protocolar para la llegada de Nash, Hickman y Jack Kemp, el 16 de abril, quienes sostendrían reuniones con el ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, y el presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez, sobre “asuntos energéticos”.

Kemp es un antiguo miembro del Congreso de EE UU y ex candidato a la vicepresidencia de la tierra del Tío Sam en 1996, por el partido republicano. Este personaje es presidente y director de FMP, y signatario del acuerdo por la empresa intermediaria. También es presidente de la Fundación para la Defensa de la Democracia.

Economía

Pero Kemp también es “amigo” de algunos funcionarios del gobierno nacional. El 27 de septiembre del 2002, Kemp se reunió en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) con el titular de esa cartera, Roy Chaderton. Según la nota de prensa del MRE, Kemp “dispensó una visita de cortesía al ministro de Relaciones Exteriores (…), quienes conversaron sobre el crecimiento y evolución de las relaciones entre ambas naciones”.

Kemp también fue el que “ayudó” al embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Álvarez, a sostener una reunión con los editores del diario The Wall Street Journal.

El ex parlamentario, expresó al Wall Street Journal en mayo pasado, que se unió a la directiva de Free Market hace ocho meses para “llenar las Reservas Estratégicas de Petróleo” y aumentar la oferta petrolera en los meses que anticiparon la guerra con Irak.

Un informe de la agencia Stratfor considera que la facturación por el contrato se ubicará entre 1.000 millones y 1.400 millones de dólares, y de esa torta FMP se quedaría nada más y nada menos que con 55 millones de dólares. Y aunque el Departamento de Energía ha señalado que “actualmente no mantiene acuerdos comerciales con Free Market Petroleum por ninguna razón”, desde principios de junio, FMP se encuentra negociando con dos miembros del programa atado a regalía (Royalty in Kind), la entrega del primer despacho.

No obstante, en los pasillos del MEM y de Pdvsa se da como un hecho que el contrato se ha colocado en stand by, al parecer porque una vez desatada la polémica, el gobierno de EE UU metió la mano para no verse involucrado en los misterios aún guardados del contrato.

El préstamo

El informe de Argus, señala que la verdadera intención del contrato firmado entre FMP y el MEM, es conseguir un préstamo de 1.000 millones de dólares para el gobierno nacional, que tendría como respaldo la factura petrolera.

“Argus ha aprendido que la naturaleza ‘estratégica’ de las relaciones de Venezuela con FMP gira alrededor de los esfuerzos de la firma estadounidense de arreglar un crédito bancario de 1.000 millones de dólares para el gobierno de Chávez, que sería apoyado por los ingresos del contrato petrolero”.

Sin embargo, dice Petroleum Argus, “la intención de transar un préstamo contra regalías a futuro afronta todavía resistencia por parte de las autoridades del Ministerio de Finanzas, incluyendo a un oficial que atendió las conversaciones en enero de este año con representantes de Free Market”.

En la Asamblea Nacional ya se ha mencionado la intención de Venezuela de obtener financiamiento en los mercados internacionales, y fuentes del sector financiero aseguran que ya el Ministerio de Finanzas ha emitido deuda que tiene como colateral la factura petrolera. Versiones extraoficiales señalan que sería el caso del préstamo otorgado por China, que tiene como respaldo la producción de Orimulsión®.

En vista de que el Ministerio de Finanzas no ha aprobado lo relativo al préstamo --dice Argus-- no está claro, sin embargo, qué ocurriría con FMP si no se aprueba el crédito. No obstante, FMP ya comprometió a Pdvsa como garante de las obligaciones mercantiles contraídas por la República en el contrato suscrito con el Ministerio de Energía, un mecanismo para asegurarse los volúmenes de crudo que respaldan el préstamo. Es por todas estas inquietudes, muchas no resueltas, que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó la apertura de una investigación por el contrato que el MEM firmó con Free Market Petroleum. Para ello, se ordenó la conformación de una subcomisión especial que indagará sobre la legalidad del polémico contrato y otros aspectos relacionados con la dudosa procedencia de la empresa norteamericana.

La comisión estará presidida por el diputado Luis Salas, quien solicitó la investigación, y que trabajará junto a Conrado Pérez (AD), Luis Velásquez Alvaray (MVR), Edgar Mora (Copei) y Asdrúbal Salazar (MVR).

Valga destacar, que de materializarse el contrato, es decir, que se llegue a concretar el primer despacho de crudo, el MEM podría estar violando la Ley Orgánica de Hidrocarburos en sus artículos 8, 10, 57 y 58. Y hasta tanto no se aclaren los términos financieros de la operación, con respecto a quién funge de cuentadante de la operación y por cuál vía se percibirán los ingresos obtenidos de la venta de ese crudo, el ente regulador de la materia petrolera tiene un garrote en sus manos, que presuntamente violaría el principio de la unidad del Tesoro, establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, además de pasarse por encima también a la Ley de la Administración Pública.