La disputa entre los accionistas de Digitel por el reintegro del capital social de la empresa ha enconado a los diversos propietarios minoritarios contra Telecom Italia Mobile (TIM), el principal socio de la compañía

La disparidad de criterios sobre el balance de Digitel del año 2002, en el que TIM solicitó en la asamblea de accionistas celebrada a principios de este año que se aprobara un reintegro del capital de la telefónica por un monto de casi 107 millardos de bolívares para reponer el patrimonio económico de la empresa (64 millardos del capital social, más otros 43 millardos correspondientes al déficit del año), es el origen del conflicto entre los diferentes socios de la empresa.

IBMS, Togewa Swissnet, Norconsul y Veneconsul se resisten a pagar dicho reintegro alegando que el monto no se corresponde con la realidad de Digitel. Según Bernardo Priwin, apoderado legal de IBMS --el primero en solicitar un amparo y la nulidad de la junta de accionistas en la que se solicitó el reintegro del capital--, "se ha solicitado de una manera reiterada que se respeten los derechos de los accionistas minoritarios y que se refleje en el balance la verdadera y fiel realidad de la empresa, de una manera cónsona con el verdadero valor de la compañía".

Logro del equilibrio

IBMS exigió a TIM que se incluyera en el balance fiscal de Digitel el valor de la concesión, así como el valor de la marca comercial de la empresa. De acuerdo con Priwin, tanto la marca como la concesión son activos intangibles que deberían estar reflejados en los libros de la empresa, y consideran que TIM ha desconocido este hecho para afectar a los accionistas minoritarios y obligarlos, por una parte, a pagar un monto que consideran exagerado, o a retirarse de la empresa y perder sus acciones y su inversión.

Sin embargo, TIM asegura que en los balances de la empresa en años anteriores no estaban contempladas ni la marca ni la concesión, aun cuando los ahora minoritarios eran en esa época los accionistas mayoritarios de la empresa.

A través de un comunicado de prensa, Digitel considera que "la inclusión de la concesión como un activo valorable dentro de sus balances no es procedente de acuerdo con las leyes venezolanas y a los principios contables".

Para Mercedes Hernández, gerente de comunicación e imagen corporativa de la telefónica, "Digitel no pagó nada por la concesión ni por la marca, por lo que no pueden entrar en los libros activos que no puedan participar en actividades de compra y venta".

Marcas en fideicomiso

Si bien los voceros de Digitel estiman que el nombre de la empresa no es un activo que se pueda incluir en los balances de la compañía, desde hace tres meses todas las marcas de Digitel fueron registradas en el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, SAPI, a nombre de Banesco.

Hernández explicó que las marcas estaban registradas por Banesco "como un respaldo al financiamiento internacional de la empresa, que a través de un fideicomiso garantiza a Digitel la continuidad de las operaciones". El fideicomiso al que se refiere son los 45 millones de dólares que TIM International solicitó en préstamo y con el que cancelaron su parte en el reintegro de capital. Para Reynaldo Gadea Pérez, abogado penal de IBMS, eso tiene un sentido diferente: "Si las marcas no valen, sería inútil que usted registre algo que al final y al cabo no valen nada".

El allanamiento "Radi-Call"

En medio de una larga maraña de acusaciones en tribunales, el pasado 1º de septiembre un tribunal de control realizó un allanamiento en la sede de Digitel ubicada en el Cubo Negro, en Caracas.

Esta acción destapó abruptamente ante la opinión pública el áspero toma y dame que existe entre los socios de Digitel. Según Juan Martín Echeverría, abogado penalista de la telefónica, el allanamiento fue un acto intimidatorio, puesto que se llegó a abusar de los derechos humanos de los empleados de la empresa, que hasta ese momento se habían mantenido al margen de la disputa que tenían los dueños de la compañía.

De acuerdo con los fiscales que participaron en el acto, el Ministerio Público le había solicitado a TIM que entregara información vital para el caso, y que no había sido consignada ante las autoridades. No obstante, Digitel informó que días antes había entregado los datos requeridos.

Según Gadea Pérez, puede existir la presunción de un delito. "Todo el proceso que se ha adelantado para el supuesto reintegro que es necesario en Digitel está lleno de irregularidades y de conductas asumidas por determinadas personas que pueden revestir carácter penal", afirma el jurista. "Yo no sé si hubo fraude, estafa o extorsión; a estas alturas, busco que se investigue si hubo o no algún hecho punible, y si lo hubo, que se sancione a los culpables", manifestó el abogado.

Ni se vende ni se compra

Para los abogados de Digitel TIM, la posición de los accionistas minoritarios podría indicar que todo el alboroto tenga como fin forzar al mayorista a comprar la totalidad de las acciones de la empresa, de acuerdo con una de las notas de prensa emanadas de la telefónica.

Sin embargo, Priwin indicó que "nosotros no estamos vendiendo ni estamos pidiendo que nos compren". Un documento extraoficial de uno de los socios minoritarios no niega la posibilidad de la compra, sino que expone que TIM "quiere adquirir la mayoría accionaria por una suma irrisoria".

A pesar de esta negativa, algunos de los socios minoritarios han solicitado a la Comisión Nacional de Valores que registre los títulos con el fin de hacer una Oferta Pública de Acciones. Según Aida Lamus, presidenta de este organismo, se están estudiando los requisitos y aún no han tomado una decisión. Los minoritarios aseguran que acudieron ante esta instancia "para encontrar una protección adicional a sus legítimos derechos".

El caso de Venconsul, el más grande de los minoristas y anteriormente principal de la empresa, es diferente. El 17 de noviembre se cumplen tres años de la venta de un paquete de acciones a TIM, y en donde está estipulado que en el 2003 la compañía italiana compre el resto de sus acciones. Según Italo Pizzolante, uno de sus socios, el precio de las acciones será fijado de acuerdo con las condiciones confidenciales establecidas en el contrato anterior. Además, el acuerdo entre las partes está respaldado por un tribunal de Nueva York, por lo que no temen un fraude.

Así las cosas, se espera que en cualquier momento se levante la reserva legal que impuso la Fiscalía entre las partes. Será en ese momento cuando se dé una decisión sobre el reintegro de capital, fallo que podría ser apelado en el Tribunal Supremo de Justicia por Digitel, en caso de que no sea de su agrado.

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.	Peleados y sin relaciones Hasta hace tres meses, Pizzolante fue la agencia de Relaciones Públicas de Digitel. Sin embargo, la historia cambió con la disputa entre los socios. Italo Pizzolante, presidente de la agencia y directivo de Venconsul, señaló que habían cesado sus servicios temporalmente, "debido a que podía existir un conflicto de intereses, ya que somos accionistas de la empresa". Sin embargo, esta temporalidad podría ser definitiva, debido a que en noviembre TIM deberá adquirir el paquete accionario de Venconsul de acuerdo con un contrato firmado por las partes en el año 2000. Pizzolante había sido la agencia encargada de la identidad gráfica y de las relaciones públicas de Digitel desde su fundación. Según Moraima García, gerente de comunicaciones de la telefónica, a finales de año se realizará una licitación para contratar a una nueva empresa encargada de las comunicaciones externas.