MEDIOS

El zar del resorte

El 13 de abril de 2001, Andrés Izarra, con 32 años, renunciaba a RCTV, luego de considerar que la línea del canal en los sucesos de abril fue equivocada. Era su primer trabajo en Venezuela, luego de haber vivido por casi una década en el exterior. Hoy, el hijo de William Izarra, fundador de Alianza Revolucionaria de Militares Activos –movimiento guerrillero anterior al MBR-200–, es el nuevo ministro de Comunicación del gobierno de Hugo Chávez.

Su proyecto emblema, la Ley de Responsabilidad Social para Radio y Televisión (Ley Resorte), podría generar la proliferación de emisoras comunitarias y productores independientes –para muchos– en detrimento de los bolsillos de publicistas y dueños de medios. Pero la Ley levanta otro tipo de suspicacias. Los que se le oponen alegan que limita la libertad de expresión, que maneja conceptos ambiguos sobre los cuales se imponen sanciones "exageradas" que, de paso, podrían ser "sugeridas" por entes adscritos a Conatel (como el consejo de responsabilidad social y los comités de usuarios).

Dos celulares y un T-Motion suenan constantemente mientras Izarra habla –durante 30 minutos– de sus proyectos. "Hay problemas apremiantes con la soberanía comunicacional". Entre ellos, VTV, que no llega a todo el país, así que "se invirtieron más de 60 millones de dólares en tecnología, que permitió cambiar el transmisor de Mecedores y adquirir 23 nuevos".

Izarra, que acaba de recibir 220 millardos de la Asamblea, asegura que la cifra es más baja. "Estoy recortado en 100 millardos". Y es mucho lo que hay que hacer: "Vive TV está en segunda fase y necesitamos instalar dos transmisores de alta frecuencia y otros 25 de mediana para llevar su cobertura de 48 a 72 por ciento en 2005. También necesitamos adecuar la plataforma tecnológica de Venpres y convertirla en un servicio de noticias, para lo cual estamos conversando con EFE".

Al asumir el cargo, Izarra anunció que su gestión sería "audaz y creativa". No obstante, admite que "todavía no hemos actuado con creatividad ni audacia, porque estamos enfrascados en procesos burocráticos de la administración pública". Ahora bien, asegura que TeleSur es "uno de esos proyectos creativos; un canal para Suramérica que ya cuenta con el apoyo de Argentina, Brasil y Cuba".

 

¿Cómo se enmarca la Ley Resorte en su gestión?

Es fundamental para democratizar el espacio radioeléctrico. Necesitamos crear una industria de producción nacional, que no existe por la condición oligopólica que sufrimos con la forma tradicional en que se usa el espacio. Pero no podemos avanzar políticamente si no acompañamos la Ley con una política para la industria. Tenemos un crédito de 50 millardos para productores independientes y para capacitar personal.

 

¿Recibieron el crédito sin que la Ley estuviese aprobada?

La Ley ya era un hecho. Trabajamos en la redacción de artículos y los aprobamos porque la revolución la reclama. Pero, para hacerla operativa hay que desarrollar una política de Estado y crear una industria que nos permita nuevos espacios de desarrollo económico.

 

Entonces hasta ahora la Ley es inaplicable.

No puede serlo de la noche a la mañana, se llevará al menos dos años distribuir todo el espacio radioeléctrico según las exigencias de la Ley y permitir la creación gradual de una industria local independiente. Los 50 millardos sólo nos permiten dar los primeros pasos.

 

¿Por qué se eliminó el estatus de orgánica?

Esta Ley ejercita directamente derechos consagrados en la Constitución, por lo cual no tiene que ser orgánica.

 

Pero además le ahorra a la Asamblea la dificultad de aprobarla por las 2/3 partes ¿Por qué la urgencia para su aprobación?

Porque es fundamental para la revolución y pedimos a los miembros del Bloque del Cambio que sea aprobada antes de que finalice este período de sesiones. No hay ningún maquiavelismo político.

 

¿Qué se entiende por responsabilidad social? La Ley no es muy específica sobre el tema.

Al contemplar la posibilidad de la responsabilidad ulterior, esta Ley desarrolla el derecho de los venezolanos a defender su integridad y prestigio; permite protegernos de mensajes que los medios emiten irresponsablemente.

 

Además contempla la obligación compartida de la programación y difusión de información entre publicistas, entrevistados y medios ¿Tendrán que convertirse las agencias en coproductoras de TV?

La parte publicitaria ha salido muy favorecida. De hecho, nos hemos reunido con ANDA, pues hay exigencias de que las cuñas sean producidas en el país. Además, subimos de 15 a 17 minutos por hora el tiempo de publicidad.

 

¿Dos minutos más?

Igual. Eso es mucha plata.

 

¿Y los 70 minutos semanales para mensajes del Estado y las cadenas oficialistas?

Las cadenas son independientes. Esos son 70 minutos semanales que el Estado puede usar de forma gratuita para transmitir sus mensajes. Además, hay 10 minutos adicionales de los comités de usuarios, para crear lectores críticos. En el reglamento actual existen 60 minutos que el Estado puede utilizar dentro de las concesiones y aún así no los usa.

Esta ley no habla explícitamente de censura, pero propone organismos censores.

No son censores, son personas que reglamentarán y aplicarán la ley. Se encargarán de promover productores, distribuir el espacio radioeléctrico y velar por el respeto de horarios. Además, fijarán sanciones. La Ley es explícita en la prohibición de la censura previa. No se puede calificar a un órgano que se va a encargar de la ejecución de la ley como un censor. Asimismo, la Ley garantiza la libertad de expresión y el libre flujo de información. Ahora, la responsabilidad ulterior llevará a que la gente piense muy bien lo que va a decir, no podemos seguir teniendo informaciones con fuentes de quinta mano, perjudicar a gente por esas informaciones y que no haya responsables.

 

¿Se quiere incorporar a los medios por suscripción a canales comunitarios y de noticias?

Los operadores de cable pueden abrir un espacio para un canal informativo donde los productores puedan exhibir sus trabajos, y los comités de usuarios y las comunidades donde llega esa señal puedan tener acceso. Las cableras deberán habilitar un canal para la programación de las comunidades, las cadenas y los mensajes oficiales.

 

¿Esta Ley no estaría democratizando hacia un lado, al inclinar su balanza sobre las productoras independientes?

Los empresarios tienen que correr riesgos y hay que crear industrias y propulsar las productoras independientes. Los beneficios de la publicidad ya no sólo irán a los canales. Ahora otros tendrán acceso.

 

¿No sería más fácil promover la competencia de igual a igual?

Estás creando más productos nacionales para exportar. Es lo mismo que la ley del 1x1: la idea es impulsar la industria independiente. Y no podemos correr el riesgo de que esta Ley caiga en letra muerta, hay que acompañarla con políticas de financiamiento, entrenamiento y mano de obra para las operadoras independientes.

 

Michelle Roche