Apesar de que comenzó de bajo perfil en la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, Milton Ladera debutó con la sentencia contra RCTV y Venevisión por supuesta cartelización de precios y abuso de la posición de dominio en detrimento de Televen (ver PRODUCTO 256, pág. 32). Desde entonces, este abogado dado al estudio –dos posgrados, otro en proceso y una licenciatura en comunicación social en curso–, ha pasado a ser una figura del Gobierno que intenta ofrecer una imagen fuerte frente a los empresarios.

De hablar sereno, mide sus palabras con el mismo sosiego con el cual recita de memoria artículos de la Constitución. Y aunque en su discurso no menciona a la "revolución", su actitud da a entender su compromiso con el proceso que encabeza el presidente Hugo Chávez. Hoy el ex consultor jurídico del Instituto para la Defensa y Protección al Consumidor y al Usuario (Indecu) se enfoca en "democratizar" las acciones de su despacho con la intención de crear oficinas en el interior del país.

¿Qué problemas encontró en Procompetencia cuando asumió el cargo?

El desconocimiento que se tiene del organismo en las regiones. Aparte, hay una nueva visión: el consumidor y el usuario también tienen que ser incorporados dentro de los procedimientos que realice Procompetencia, porque la ley, en su artículo 1, dice que debemos velar por la eficiencia de los productores y los consumidores.

¿Cuáles son los retos para la Superintendencia?

Darle una visión distinta de la que hasta no hace mucho prevalecía, pues al parecer sólo tenían derecho a ejercer las leyes los grandes bufetes y las grandes empresas, que incluso se amparaban en ella cuando cometían infracciones. Las pequeñas empresas o las personas no tenían acceso a la justicia y eso es algo que estamos tratando de cambiar. Creamos la Coordinación de Promoción y Difusión de Procompetencia, con la intención de que más venezolanos sepan que existe una ley que defiende la libre competencia, que combate el monopolio, la competencia desleal, el abuso de la posición de dominio, la cartelización y otros delitos. Además, hemos estado luchando por abrir una serie de oficinas en todo el país. Esto se compagina con el nuevo modelo productivo que ha venido planteando el Gobierno a través del Presidente, cuando se habla de lograr que las actividades económicas se incentiven a través de cooperativas y microempresas.

¿Para cuándo estará operativo el plan de expansión hacia las regiones?

En principio nos enfocamos en las regiones con mayor cantidad de personas y de empresarios. Estamos tratando de que se dé a mediados de este año, e incluso ya solicitamos una rectificación de nuestro presupuesto. En principio hay intención de crear al menos cinco o seis oficinas regionales. Una en Maracaibo y quizá otras en San Cristóbal, Puerto La Cruz, Valencia o Maracay y Puerto Ordaz.

Desde que asumió la Superintendencia la única decisión del organismo fue por la denuncia contra RCTV y Venevisión por presunta cartelización de tarifas publicitarias, pero esa investigación ya estaba en curso.

Sí, el caso se venía manejando y estaba dentro de los lapsos establecidos por la ley. Pero también hemos iniciado averiguaciones sobre otros casos. Por ejemplo, la Cámara de Bovinos, azucareras, líneas aéreas, ensambladoras y la industria pesquera. En los próximos días abriremos un expediente sobre la industria farmacéutica. Son investigaciones de oficio que realizamos con el objeto de colaborar con las empresas y determinar en qué eslabón de esos mercados se están produciendo fallas. En caso de que descubramos violaciones a la normativa, abriremos los procedimientos.

Tanto Venevisión como RCTV alegaron que la decisión de Procompetencia fue injusta, incluso se habló de un pase de factura por motivos políticos.

Eso es completamente falso, porque era una situación que se presentaba desde el año 1973, cuando se conforma Sercotel, empresa de cobranzas en la que tenían acciones RCTV y Venevisión. En 1992 se promulga la Ley de Libre Competencia y es a partir de ese momento en que este tipo de prácticas se convierten en infracción. Anteriormente no me explico cómo no se abrieron los procedimientos respectivos, pues es una evidente exclusión de mercado. Simplemente cuando llegué aquí revisé el expediente, ordené que se continuaran las investigaciones y tomé la decisión.

¿Por qué en la decisión se anuncian investigaciones sobre la medidora AGB?

Sobre la base del escrito de conclusiones, Televen hace señalamientos en contra de AGB e iniciamos una investigación preliminar para determinar si existe una violación a la ley. Hemos hecho algunas visitas a AGB, pero entendemos que son investigaciones muy complejas. Si se determina que existe alguna irregularidad, la sancionaremos.

Con garrote

Conocedor del poder económico de su despacho, Ladera no esconde su intención de manejar con mano dura a los infractores de la Ley de la Libre Competencia, "tal como pasó con las televisoras". Y explica que "amparados por la ley, podemos sancionar con hasta 40 por ciento de los ingresos brutos anuales a quienes violen el marco legal".

¿El rol sancionador no estaría solapando la función orientadora del organismo?

Lo ideal es que Procompetencia se convierta en un organismo educativo, que guíe y haga entender al consumidor y a los actores de los diferentes mercados que existen unos parámetros y lineamientos que se deben respetar. Pero también es bueno que los empresarios entiendan que no nos temblará el pulso a la hora de sancionar. Y uno de los organismos públicos que tiene esa facultad es Procompetencia.

Muchos califican las penas de excesivas.

Es la ley. La cartelización es uno de los delitos más graves que existen. Hay países en los que se imponen penas de prisión. Sin embargo, en el nuestro no, aun cuando la Constitución, en su artículo 114, declara que la cartelización y otros delitos conexos deben ser severamente penados.

Hace énfasis en que la ley venezolana no sanciona penalmente. ¿Promoverá una reforma en este aspecto?

Por supuesto. No hacerlo sería desacatar un mandato constitucional. Ya está en proceso una reforma de la ley que recoge muchas cosas nuevas. La cartelización y otros delitos como el monopolio son penados en países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. No veo por qué no pueda hacerse en Venezuela.

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.	No a Cantv Procompetencia rechazó la compra de Digitel por parte de Cantv –por 450 millones de dólares–, alegando que con el fallo, avalado por Conatel- se intenta evitar un duopolio en el mercado de telecomunicaciones y garantizar opciones a los usuarios de telefonía móvil. Según Procompetencia, en Venezuela deben coexistir al menos tres operadoras que compitan en igualdad de condiciones. Según la nota emitida al cierre de esta edición, por el organismo que encabeza Milton Ladera, los beneficios que prometía la empresa compradora no se verían trasladados a los usuarios, mientras que desaparecería una empresa innovadora de servicios. Cantv asegura que acatará la decisión con la que pierde la oportunidad de captar más de 1,4 millones de clientes. En el medio se dice que el magnate mexicano Carlos Slim –América Móvil y Telmex– y la Organización Cisneros estarían interesados en adquirir Digitel, que sigue en venta.

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.	A temblar La Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, dirigida por Milton Ladera, está cambiando su imagen, para lo cual acaba de estrenar un nuevo slogan: "ahora cuentas con Procompetencia". Por lo pronto su logo no será modificado –debido a los trámites burocráticos que implica– aunque no se descarta que pudiese refrescarse a mediano plazo. La que sí sufrió modificaciones fue su página web. Hoy es, a juicio de Ladera, un espacio para noticias e información relacionadas con la libre competencia y, en algunos casos, difunde informaciones con tinte político. Además, se creó la Coordinación de Promoción y Difusión para dar a conocer las funciones del organismo, sobre todo en barriadas y cooperativas. El organismo también protagoniza una nueva campaña para realizar inspecciones sorpresa –al estilo del Seniat– bajo el lema "a temblar carteles".