PRODUCTO online 263: La guerra contra el latifundio

En sólo seis días –entre el miércoles 21 y el lunes 26 de septiembre–, el presidente Hugo Chávez pronunció al menos cinco discursos sincronizados en torno a un sólo tema: la guerra contra el latifundio. Todos los pronunciamientos fueron transmitidos en cadena y mostraron las líneas fundamentales de su nueva estrategia agraria: "La propiedad privada está limitada en la Constitución. La propiedad privada no es sagrada, sino que existe en función del interés social", decía Chávez en su programa Aló Presidente, desde el hato La Marqueseña.

"Todo es del Estado venezolano. Esto lo digo por los que están descolocados, para que se coloquen en su sitio. Primero, las tierras son del Estado. Ahora que quien las compró tiene algunos derechos, eso es otra cosa", aseguraba en la juramentación de la directiva del Fonden (viernes 23 de septiembre).

"Los latifundistas se creen dueños de todo, pero no son dueños de nada" (acto de cancelación de deudas a técnicos aeronáuticos, miércoles 21 de septiembre). "De que en Venezuela se acaba el latifundio, escríbanlo, o muero en el camino" (firma de convenio de cooperación entre Brasil y Venezuela, lunes 26 de septiembre).

La intensidad y la vehemencia de sus palabras no dejan lugar a dudas: desde la ocupación del hato La Marqueseña (de la familia Azpúrua), la primera semana de septiembre, hubo un giro en las prioridades presidenciales y el tema de la reorganización del campo saltó al tope de la lista.

Aunque esta política no es nueva –el tema de la recuperación de tierras y de la expedición de cartas agrarias comenzó en 2001–, parecía que la inhabilitación del principal ejecutor de esta estrategia, el capitán Eliécer Otaiza (que sufrió un accidente de tránsito a finales de junio que lo obligó a separarse de la presidencia del Instituto Nacional de Tierras), había dejado sin operadores de fuerza al sector público agrario. Sin embargo, en menos de tres meses el Ejecutivo tomó impulso y surgieron dos nuevos ejecutores: Antonio Albarrán (ministro de Agricultura y Tierras) y Richard Vivas (el nuevo presidente del INTI). Y el propio Presidente se puso al frente para convertir esta lucha en la última cruzada de su gestión.

Ahora bien, en esta nueva etapa de la "revolución agraria" la línea de trabajo es muy clara: cuestionar la propiedad por las debilidades de la cadena titulativa. Concepto muy agresivo, pues no se trata siquiera de expropiaciones (que contemplan la "venta forzosa" y un justo pago por el bien expropiado), sino de la "recuperación" de unas tierras que pertenecían a la República después de la independencia y que habrían sido "ocupadas" ilegalmente en los últimos 150 años.

Detalles legales

Pero cuál es la base jurídica de la estrategia agraria del Gobierno. Ignacio Castro, profesor de derecho agrario, explica que todo se basa en la figura de las tierras baldías y en una interpretación "muy conveniente" del artículo 42 de la Ley de Tierras.

"El elemento clave es que el INTI determinó que sólo reconocerá la propiedad sobre una tierra si se presentan todos los títulos de propiedad, perfectos y sin incongruencias, de los últimos 157 años. Para eso, han asumido la tesis de que la única manera de cumplir con el extremo legal del numeral 5 del artículo 42 de la Ley de Tierras (que habla de la demostración de propiedad a través de "títulos suficientes") es que el propietario presente las pruebas de que esa tierra era de uso privado desde 1848, cuando se organizó el primer registro del país, a través de la ley pionera de tierras baldías y ejidos. Esa referencia al siglo XIX no está prevista en ninguna ley, es una interpretación administrativa del INTI y viola los derechos constitucionales".

Ante la imposibilidad de la mayoría de los propietarios de demostrar su propiedad a través de documentos históricos tan remotos, procede la declaratoria de tierra "baldía" y el mecanismo de "recuperación".

Sin embargo, Castro también revela irregularidades en el procedimiento: "En primer lugar, en caso de una recuperación de tierras, el ente que debe actuar es la Procuraduría General, pues la personalidad jurídica del INTI le impide representar a la República; en segundo lugar, la acción debe cumplir con una demanda ante un tribunal, única instancia capaz de hacer una declaratoria de tierra baldía, cosa que no ocurre, ya que el INTI usurpa funciones judiciales y procede a "declarar" tierras como baldías con un procedimiento administrativo, y en tercer lugar, se invierte la carga de la prueba y es el propietario quien debe probar su titularidad, lo que viola un principio básico del estado de derecho".

Por su parte, Luis Ignacio Hernández, experto en derecho agrario, alerta sobre otro elemento que convierte a la estrategia gubernamental en un arma contra los hacendados: la reforma de la Ley de Tierras aprobada este año, además de hacer más expedito el procedimiento para "recuperar tierras", eliminó la disposición que reconocía las bienechurías sobre terrenos baldíos y, bajo ese nuevo régimen, el desalojado no puede obtener una indemnización.

"Cuando se trata de una expropiación, el Estado cancela un dinero por la compra forzosa de los terrenos, después de un avalúo en el cual participa el propio agraviado. Este mecanismo está dispuesto en la Ley de Expropiaciones de 1947, que incluso fue reformada en 2002 para reforzar los derechos de los propietarios. Sin embargo, todos los procedimientos se hacen con base a la declaratoria de terrenos baldíos y el mecanismo de ‘recuperación’, un proceso mucho más agresivo y que no contempla indemnización".

Los expertos coinciden en que los excesos que comete el INTI en su guerra contra el latifundio se hacen por el silencio de los órganos jurisdiccionales –el Tribunal Supremo de Justicia (más específicamente los magistrados de la Sala Especial Agraria y la Sala Constitucional)–, que no se han pronunciado sobre más de 20 recursos que empresas y propietarios han activado para protegerse del Estado.

Y "Chaz" contigo

Después de concretar la "recuperación" de varias fincas a través de una demostración de poder incontestable (la rápida acción del INTI, la ejecución de la Fuerza Armada y el silencio de los tribunales), el Presidente anunció una nueva etapa de la guerra contra el latifundio: la aplicación del "método Chaz".

Básicamente esta oferta del Ejecutivo se articula a través de una amenaza que el mandatario ha hecho sin mayores evasivas: "A los latifundistas les recomiendo que antes de que llegue a tu puerta el INTI, vengan a negociar. Vamos a llegar a todos los rincones del país; tarde o temprano le tocaremos la puerta. Pero es mejor que se confiese, reconozca que no tiene la titularidad de la tierra y venga, porque los abogados son muy caros, cobran bastante y el proceso legal puede durar años. Lo mejor es que encontremos una solución en la que todos ganemos".

La vía que propone Chávez es activar la misma fórmula que se aplicó en el caso del hato La Marqueseña, donde el Estado reconoció a la familia Azpúrua los derechos sobre menos de 30 por ciento del total de la tierra y se apropió del resto.

Esta amenaza puede ser efectiva, pues la fuerza que ha demostrado el Estado deja indefensos a los propietarios. "Esta es la única salvación de los latifundistas", dijo Chávez en Aló Presidente del domingo 9 de octubre, consciente de que su poder es el mejor disuasivo para la rendición de sus enemigos y acelerar la implantación de un nuevo esquema de propiedad de la tierra agraria.

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.	No sólo son tierras Paralelamente a la guerra contra el latifundio, el presidente Hugo Chávez lanzó una nueva línea de trabajo: la orden de expropiar empresas inactivas. Según cifras preliminares divulgadas por el propio Chávez, en el país se reportan cerca de 700 empresas improductivas y otras 1.149 que operan a menos de 50 por ciento de su capacidad. Este cúmulo de compañías también están en la mira. Hasta el cierre de esta nota se habían decretado de utilidad pública ocho empresas, incluyendo la expropiación y el modelo de cogestión de Venepal y Venezolana de Válvulas. Los casos más recientes son la planta Barinas I de Polar (decretada su expropiación por la Gobernación de Barinas), Sideroca y el central azucarero Cumanacoa (que fueron declaradas de utilidad pública por la Asamblea Nacional), Fribarsa (matadero de Barinas) y la planta tomatera de Heinz, que finalmente fue adquirida por la Gobernación de Monagas por 500 millones de bolívares. Hace algunas semanas se solicitó la expropiación de Oxidor, en Carabobo.

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.	Los blancos fijos De acuerdo con el más reciente censo de tierras publicado por el INTI, 526 unidades de producción (1 por ciento del total nacional) ocupan extensiones superiores a 5 mil hectáreas (es decir, son consideradas latifundios) y concentran 46 por ciento de la tierra productiva en manos privadas. Si esto se traduce en números, de las casi 8 millones de hectáreas censadas, se ha determinado que 3.685.123 hectáreas corresponden a latifundios.Ese grupo de propiedades es el blanco principal de las operaciones de "recuperación" de tierras que aplica el Gobierno. Todos los procedimientos emblemáticos abiertos por el INTI en las últimas semanas, incluyendo el hato La Marqueseña, están circunscritos a este reducido grupo de propiedades.