MERCADOS

 

 

Contra el boicot y la competencia desleal

 

El nuevo instrumento que regula las relaciones de los actores del mercado venezolano, no sólo incrementa las sanciones por su incumplimiento, sino que crea un organismo policial y otro que sustituirá a Procompetencia con funciones educativas y mayor fuerza punitiva

 

La nueva Ley Antimonopolio, Antioligopolio y la Competencia Desleal arma legalmente al modelo que el gobierno del presidente Hugo Chávez quiere implementar en Venezuela: "Socialismo del siglo XXI". Al menos así lo aseguran los diputados que redactaron el proyecto, aprobado ya en primera discusión.

Este nuevo marco jurídico ayudará a "impulsar el desarrollo endógeno y la diversificación de la economía, para sustituir el modelo rentista por uno productivo, nacionalista e independiente, y transformar el actual en una economía social", asegura el diputado Erick Rodríguez, miembro de la subcomisión de la Asamblea Nacional encargada de redactar el texto legal.

Para Carlos Escarrá, también redactor de la ley, el nuevo instrumento, "como su nombre lo indica, atacará cualquier conducta monopólica, es decir, cualquier conducta que signifique concentración, acaparamiento, cartelización y ventas transversales y verticales simuladas".

Y a pesar del entusiasmo que le han puesto los parlamentarios, son muchos los que comienzan a objetar sus cláusulas. Para los especialistas, su aplicación, ciertas incongruencias de conceptos, las intromisiones en otros campos como los del Instituto de Protección al Consumidor (Indecu) y las sanciones –en algunos casos demasiado severas– atentan contra lo que tratan de defender, "la libre competencia".

Así las cosas, mientras sus defensores arguyen justificaciones –casi siempre ideológicas–, otros hablan de sus debilidades y sobre las distorsiones que pueden surgir en el mercado. Para el profesor de derecho administrativo de la UCAB, Luis Ortiz, en la nueva ley es notoria la inclusión de conceptos "innecesarios" y otros propios del Indecu, organismo encargado de velar por los derechos de los consumidores.

"Las leyes antimonopolio y de libre competencia buscan proteger al mercado y a sus operadores económicos a través de reglas claras para sus relaciones, pero en el caso del consumidor, la protección suele ser más bien indirecta, pues termina siendo una consecuencia de un mercado que funciona de manera disciplinada".

Juan Rafalli, asesor legal de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), coincide con su colega y alega que "la libre competencia no puede verse como un tema de protección directa para el consumidor. Sus beneficios –más oferta de bienes y servicios, un mercado sin cauterizaciones, ni concentraciones– se palpan en la medida en que se da una competencia libre y justa entre los actores en ese mercado".

Y recuerda: "El objeto natural de esta legislación es evitar que se den situaciones desleales que terminarían por perjudicar al consumidor final".

 

Puntos álgidos

Ahondando un poco más en la ley, Ortiz destaca que el artículo 115 no sólo contempla pena de prisión –de uno a siete años– para quien incurra en boicot, competencia desleal y cartelización de precios, sino que incrementa las multas para aquellos que violen las prohibiciones de la ley con hasta 35 por ciento de los ingresos brutos de la empresa, lo cual –a su juicio– "puede tener resultados catastróficos" para las firmas y, en consecuencia, para el consumidor.

Noel Álvarez, presidente de Consecomercio, también hace sus objeciones. "En el artículo 5 se excluye a empresas públicas y a cualquier otra persona jurídica pública que realice actividades económicas en Venezuela. Nos resulta desleal que las empresas del Estado no estén reguladas y obligadas a no cometer prácticas que destruyan a competidores privados", asegura.

Sin embargo, el diputado Rodríguez defiende la exclusión de las empresas públicas, alegando que "la motivación económica del Estado es social, mientras que la motivación en el sector privado es individual".

Por otra parte, comenta Álvarez: "El artículo 39 da rienda suelta a los acuerdos sobre condiciones de comercialización y precios cuando se trata de salud, seguridad alimentaria, pequeña y mediana industria, turismo, defensa de las actividades económicas de empresas nacionales y de cualquier otra actividad que sea política de Estado", lo que –asegura– "puede traer graves consecuencias. Cuando se fijan precios por debajo de los costos de producción, se crean impedimentos de entrada al mercado y se impulsa la salida de muchos competidores".

 

Con policía

Otro de los puntos polémicos de la nueva ley es que prevé la creación de una policía administrativa, el Cuerpo de Investigación Antimonopolio y Antioligopolio (CIAA), así como del Instituto Nacional Antimonopolio y Antioligopolio (Inanti) –que sustituirá a Procompetencia– con funciones educativas y mayor fuerza sancionadora.

El diputado Carlos Escarrá, también de la subcomisión que redacta la ley, resalta que "era importante el cambio de modelo de la antigua ley de Procompetencia, a uno que se ajuste más a la constitución bolivariana".

El Inanti –comenta el diputado– "no puede tener la misma orientación que tiene Procompetencia, organismo que hay que desmontar, porque –salvo el superintendente– todos tienen una visión neoliberal". Procompetencia dirime problemas de cartelización y abuso de dominio, pero el nuevo organismo debe tener otro carácter, "será un órgano auxiliar del Ministerio Público, con verdadera capacidad de respuesta, que se encargará de proteger el desarrollo endógeno", asegura Rodríguez.

Escarrá justifica la creación de la policía administrativa alegando que "resulta absurdo que un organismo que lucha contra posiciones de dominio, cartelización, ventas verticales y demás, no tenga una policía administrativa especializada".

En definitiva, Ortiz apunta al reto que tienen las organizaciones gremiales con esa nueva legislación. "Para los empresarios y comerciantes es un reto convivir con ese nuevo marco legal, con esa nueva visión del Estado. Mientras tanto, el Estado debe ponderar hasta dónde la visión del socialismo del siglo XXI beneficia a la colectividad y hasta dónde los excesos pueden generar distorsiones en la dinámica de la oferta de bienes y servicios".

 

Alicia La Rotta Morán

 

“Lo mejor de dos mundos” Para el superintendente Milton Ladera, cabeza de Procompetencia, la nueva ley Antimonopolio, Antioligopolio y la Competencia Desleal, "recoge lo mejor de los anteriores proyectos y de la actual Ley para el Ejercicio de la Libre Competencia, en una propuesta que toma en consideración conceptos plasmados en la Constitución, como justicia social y competencia justa". El Título III de la ley, que incluye 24 artículos, determina las prácticas monopólicas, oligopólicas y de competencia desleal penadas. Y "aunque se le ha tildado como punitiva, esta ley promueve la inversión, al ofrecer reglas claras", asegura. "En Venezuela no existe libertad, sino libertinaje económico; una anarquía donde no hay quien regule el mercado o las ganancias", y la nueva ley "ordena un mercado basado en el concepto neoliberal de la autorregulación". Para Ladera, las leyes venezolanas han sido muy permisivas. "En Alemania, España, Inglaterra o Estados Unidos las leyes contra la cartelización, la usura, la especulación y el boicot son fuertes, así como sus castigos y multas". Sin embargo, admite que todo caso de posible infracción es particular. "En ciertas situaciones revisaremos cada caso, incluyendo la estructura de costos, porque si bien hay una norma que se aplica, también entendemos que ningún empresario invierte con la intención de perder. Todo se revisará con el derecho a la defensa y al debido proceso".