150 millones por el buche

El camino al sillón de Miraflores es muy corto, pero mil millonario. Para muchos, una campaña electoral nunca cuesta menos de 150 millones de dólares

Venezuela está en campaña electoral. Los medios audiovisuales, impresos y electrónicos mantienen en el tope a quienes finalmente quedaron luego de la decantación apresurada de precandidatos de oposición en agosto. Para la revolución bolivariana siempre hubo uno: Hugo Chávez, permanente aglutinador de la oferta oficialista.

Un ostensible derroche de recursos –al menos del lado oficialista– marca la contienda presidencial, cuya regulación no es financiera sino de espacios publicitarios; aunque la inversión en maquinaria electoral nunca ha estado sometida a un control certero en el país como tampoco se han manejado cuentas muy claras. Hasta 1999, el financiamiento de las campañas políticas era de origen mixto. La Contraloría General supervisaba el uso y destino de los fondos otorgados por el Estado a las agrupaciones o partidos políticos, pero la Constitución Bolivariana eliminó ese tipo de contribución.

La Ley Orgánica del Sufragio, sancionada en 1998, creó la Oficina Nacional de Financiamiento, dependiente del CNE, que tiene que investigar el origen y destino de los recursos para campañas, los gastos de los fondos de las organizaciones, así como organizar los recaudos sobre el origen y uso de esos recursos.

Hasta 2004, esta oficina no había realizado ni una revisión contable de los procesos, según su actual director, Saúl Bernal Peña. "Se necesita generar una cultura de rendición de cuentas y, por eso, luego de un año, presenté un informe de gestión con números concretos", comenta. "Esta campaña será debidamente revisada y auditada", insiste.

Tarea nada fácil de cumplir en un proceso entre cuyos aspirantes se cuenta el actual Presidente, acostumbrado a gastar a manos llenas los recursos del Estado y sin mayores controles de los poderes públicos, subordinados todos a su autoridad, según señalan analistas políticos.

Cuánto cuesta

Varios factores se conjugan en los presupuestos de las refriegas políticas: el tiempo que dura la campaña y el empleo de los recursos audiovisuales son dos líneas medulares. El rector Vicente Díaz, del CNE, propuso, a principios de agosto fijar un techo en el presupuesto de la contienda de 16,8 mil millones de bolívares, unos 8 millones de dólares. Pero no tuvo eco entre sus compañeros de directorio, quienes replicaron que la cantidad era insuficiente para cancelar la pauta publicitaria máxima que puede contratar cada candidato en más de dos canales de televisión. El rector Germán Yépez dijo entonces que la pauta en un solo canal podría estar entre 8 y 10 millardos de bolívares.

Christian Gruenberg, experto en financiamiento político y consultor internacional, señaló en 2002 que en Venezuela el gasto bruto de los partidos políticos en propaganda en medios masivos alcanzó 11,5 millones de dólares. Pero aún así, Venezuela no es el país más dispendioso de la región en este tipo de inversión.

Dos politólogos norteamericanos, John Martz y Enrique Baloyra, analizaron la contienda de 1973 que llevó a la "Casa de Misia Jacinta" a Carlos Andrés Pérez, de la mano de las técnicas de publicidad norteamericanas que importó Diego Arria. Martz y Baloyra estimaron "conservadoramente" que tanto Acción Democrática como Copei gastaron, cada uno, alrededor de 160 millones de bolívares para promover a su aspirante, lo que, sumado a las asignaciones que efectuaba en aquel entonces el Consejo Supremo Electoral, ambos partidos invirtieron poco más de 93 millones de dólares, calculados a 4,30 bolívares por dólar, en gastos de campaña.

Andrés Stambouli en el libro El financiamiento de los partidos políticos y la democracia en Venezuela, recoge un estudio de la revista Newsweek de diciembre de 1978, donde se estimó el gasto de AD y Copei en 125 millones de dólares, mientras que los cálculos del experto en temas políticos Jesús Ángel Paz Galárraga son de 750 millones de bolívares, más de 170 millones de dólares (a un cambio de 4,30 bolívares).

Camino al 3D

En Venezuela, los analistas coinciden en ubicar en 20 millones de dólares el valor de un despliegue publicitario electoral sin muchas pretensiones. "Si quieres una campaña que se perciba y dé la impresión de que se trata de una propuesta seria, debes desarrollarla con inversiones no menores a 8 millones de dólares, pero para dar la impresión de ser exitosa tendría que costar entre 18 y 20 millones de dólares, calculado para tres meses", señala Carlos Raúl Hernández, profesor de doctorado de Ciencias Políticas, columnista y autor de varios libros políticos.

John Magdaleno, politólogo y especialista en opinión pública y comunicación política, señala que el piso de una contienda electoral durante este período no puede ser menor a 18 millones de dólares. A su juicio, un candidato gasta como mínimo 10 millardos de bolívares mensuales, eso si el aspirante se ciñe a la normativa del CNE, que prevé, entre otros parámetros, una frecuencia mínima en televisión de seis cuñas al día, además de las spots de radio, merchandising, volantes y avisos de prensa.

Esos números no incluyen la organización y logística de otras actividades propias del furor electoral, como los mítines o la apertura de un centro de campaña regional. Para el coordinador de finanzas y logística del Comando Miranda del MVR, diputado Rafael Izea, una concentración con el aspirante presidencial en cada región cuesta, en promedio, entre 200 y 300 millones de bolívares.

Los encuentros multitudinarios son elementos comunes en toda contienda presidencial. Alfredo Keller calcula que un candidato que pretenda captar la simpatía del elector debe hacer unas 20 giras al mes.

"Únicamente en pasajes para el traslado de un aspirante se requieren 600 mil bolívares –aunque por lo general viajan en aviones privados–. Aun así, esas giras podrían rondar (entre pasajes y traslados) entre 15 y 20 millones". A ese monto hay que sumar gastos de alimentación, logística, aparato comunicacional, tarimas, sonido y traslado de personas al evento. De modo que no parece descabellada la estimación de Izea.

Keller afirma que se puede desarrollar una estrategia de marketing con los valores que estimó en un inicio el CNE. "Normalmente los costos de las campañas son una exageración; hay mucha gente que se aprovecha y al final se despilfarran muchos recursos". A su juicio, la media de las campañas electorales en el país está por los 15 millones de dólares.

Es costumbre que todo lo concerniente al origen de los recursos de actos proselitistas sea materia reservada. El candidato Benjamín Rausseo admite en su forma especial de hablar que está "mamando", por lo que acepta contribuciones de origen lícito, mientras que desde el comando Miranda anuncian rifas de carros, cenas y colectas callejeras para conseguir los millones de bolívares para la campaña de Chávez. Una fuente cercana a Manuel Rosales adelantó que en materia de pauta publicitaria se otorgará mayor atención a medios radiales, pero que la imagen del candidato de la unidad mantendrá presencia constante, dentro de la normativa vigente, en televisoras nacionales y algunas regionales.

Vistos los costos de las campañas anteriores, es poco probable que en el desarrollo de esta jornada alguno de los candidatos se presupueste 20 millones de dólares. Seguramente se sumarán varias decenas de millones. En el caso del Presidente se habla de más de 200 millones de dólares. Toca al árbitro, convertido en Poder Público Electoral, controlar la legalidad de los recursos.

Alicia La Rotta Morán

A realazo limpio

Hoy es prácticamente imposible determinar cuánto invertirá el oficialismo en esta contienda política, pues –y en eso coinciden todos los analistas entrevistados– es muy difícil diferenciar entre el Presidente y sus obras de gobierno, y el candidato y sus actos proselitistas. Especialmente con Hugo Chávez, que ha impuesto la costumbre de exhibirse constantemente en medios de difusión masiva y hacer cadenas, sin contar que los canales tienen la obligación de transmitir espacios gratis para promover la obra de gobierno.

En materia de financiamiento y donaciones internacionales –hoy expresamente prohibidas por la legislación– el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que controla en Venezuela el Banco Provincial, admitió ante la justicia de Madrid haber entregado alrededor de 2 millones de dólares para colaborar –en 1998– con parte de los gastos de Chávez, entonces candidato presidencial. Y apenas fue uno de los contribuyentes.

 

En especies

No todos los gastos de una campaña electoral se cancelan con dinero en efectivo. Hay elementos que contribuyen a abaratar los ingentes costos de los comandos electorales, pero

que también se añaden al monto total.

Así hay empresas que colocan a disposición del equipo sus vehículos para los traslados; hoteles que permiten que algún grupo de operadores políticos o el candidato haga uso de sus instalaciones, restaurantes y salones de reunión gratuitamente; agencias que "donan" varios vehículos para rifas o traslados; panaderías o expendios de comida que colaboran para la alimentación, o empresas que prestan logística y sonido, apostando a favor del futuro "presidente", entre otras decenas de posibilidades.

Contando además que el candidato pueda hacer uso de recursos destinados a la acción de Gobierno, si pretende reeditarse en Miraflores.

Asesores bien pagados

Los comandos de campaña suelen contratar a uno o varios asesores externos, muchas veces especialistas en materia electoral de otro país, lo que eleva la inversión de cualquier contienda electoral en decenas de miles de dólares, contando que para los entendidos el piso mínimo de una campaña austera debe ser 18 millones de dólares.

"Se cuenta que Dick Morris, quien fuera asesor del ex presidente norteamericano Bill Clinton por 20 años y responsable del triunfo de Felipe Calderón en México, presta sus servicios por montos que oscilan al menos entre 30 y 60 mil dólares", comenta John Magdaleno, politólogo y especialista en opinión pública y comunicación política.

Corruptibles

Por su altísimo costo, las empresas electorales son fácilmente penetrables por recursos que a posteriori pueden mancillar la imagen de quien los recibió, explican los analistas.

El narcotráfico o la corrupción son elementos que buscan relacionarse con el poder político y, por ello, cada vez más los países buscan fórmulas para controlar el financiamiento electoral, sin terminar sobrerregulando en ese tema.

Así las cosas, la doctora en economía y catedrática de la Universidad de Yale, Susan Rose Ackerman, advierte sobre el problema de imponer regulaciones en el sistema de financiamiento de campañas que alienten la ilegalidad. "Los límites en las donaciones son justificados como una forma de frenar influencias corruptas, pero límites demasiado estrictos pueden fomentar las transferencias ilegales".

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