Caben pocas dudas. El socialismo del siglo XXI se ancla –por ahora– en el cerco a la empresa privada, la estatización de la economía y una nueva estructura de poder. Controles "rojos, rojitos" sobrarán en Venezuela, tenazas que tocarán las relaciones laborales, los impuestos y hasta las ganancias del sector privado. El presidente Chávez tiene ahora plenos poderes para blindarse jurídicamente con un amplísimo marco legal para el sector económico que de rienda suelta a la "nueva era"
Por año y medio el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tendrá todos los poderes para reformar leyes viejas –y otras que no lo son tanto–, sustituir las que necesite y agregar algunas que parece le hacen falta. Un inmenso salto hacia adelante, luego de un período de transición que terminó justo el pasado 3 de diciembre, cuando 7 millones de venezolanos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), le dieron un nuevo espaldarazo para conducir lo que hasta ahora es una marca: "el socialismo del siglo XXI".
Para muchos, este nuevo modelo económico y político que nadie entiende a ciencia cierta ya comienza a dibujar alguna forma (más bien sombra): "estamos empezando a ver con más claridad qué es lo que el Gobierno llama socialismo del siglo XXI, pues el presidente está abandonando el modelo bolivariano, donde todo era patria y soberanía, defensa nacional y justicia social, para entrar en definiciones clave" asegura el economista Maxim Ross.
Y es que después de dos mandatos en los que mató la división de poderes, concentró autoridad y organizó milicias paralelas a las fuerzas armadas, comienza un tercer período anunciando –más allá de un partido único, la reestructuración del sistema educativo y el reordenamiento territorial, fichas clave de la revolución– el avance a un sistema socialista que comienza con la nacionalización de algunos de los sectores que considera estratégicos.
Los empresarios –a través de Fedecámaras– ya comienzan a alzar la voz: el Estado está sobresaturado y da muestras de debilidad en áreas prioritarias. "Los usuarios serán los primeros afectados por la estatización de las empresas", insiste José Luis Betancourt, presidente del gremio.
La primera empresa en la lista de nacionalizaciones es Cantv, principal firma de telecomunicaciones del país, con 10 mil empleados, casi todos accionistas (se dice que ya son muchos los que pidieron su liquidación antes de correr con la suerte de los 20 mil empleados de Pdvsa). De hecho, al momento de escribir esta nota, Chávez aseguraba que tomaría la telefónica antes de pagarle a sus accionistas: "Te pago cuando la ley lo diga y en la forma que el Estado decida", afirmaba el presidente en su programa dominical.
Alberto Garrido, analista político experto como pocos en el movimiento bolivariano, recuerda en sus textos que ya hace años Chávez había anunciado una tesis revolucionaria de tres pasos: una ofensiva masiva y popular, la aceleración estratégica de la revolución y la ruptura de lo viejo para dar paso a un proyecto nuevo. Y guerra avisada no mata soldado.
Apenas el CNE anunció su reelección, Chávez decretó el fin de la transición y el inicio de una nueva era: el llamado Proyecto Nacional Simón Bolívar. Cinco motores lo ayudarán: el primero es la "ley madre", una habilitante –la tercera desde que se sienta en el sillón presidencial– con hasta 60 leyes decretadas por el propio presidente. Según el diputado Carlos Escarrá, incluirá 10 áreas estratégicas, entre ellas, la económica y financiera, la social, y seguridad y defensa, además de una reforma al sistema tributario.
Los otros aceleradores de la era socialista son una reforma constitucional –que incluye un punto polémico para los empresarios: un nuevo esquema en las relaciones laborales y sobre las ganancias–, la reforma a la educación, una nueva geometría del poder y el fortalecimiento del poder comunal.
Y los motores ya están haciendo ruido. El caso Cantv –cuya nacionalización sería una de las primeras leyes de la habilitante–, la estatización de la Electricidad de Caracas, la del gas y el fin de la concesión a Rctv son el comienzo de lo que los expertos consultados por PRODUCTO llaman "capitalismo del estado", que implica, cuando menos, el cerco y control de la empresa privada."Ya comenzó con el petróleo y el esquema de empresas mixtas. Ahora con el anuncio de adquirir la propiedad accionaria de las empresas de la Faja del Orinoco. En fin, se trata de una fuerte dimensión estatizante, que cierra el circuito completo, porque el Estado es dueño del petróleo, de los hidrocarburos y tiene unas cuantas instituciones financieras. Es un superpoder típico de los países socialistas", agrega Ross.
Nuevos controles laborales, otra reforma a la recientemente aprobada ley Orgánica del Trabajo –con la cual los obreros van a tomar mayor control de las empresas–, el reforzamiento de las cooperativas y de las firmas de producción social son -para los analistas- parte del cerco que se tiende desde hace unos años sobre la empresa privada.
No más inversiones
Con este panorama no son pocos los economistas que prevén años duros para el aparato productivo. En general, la inversión privada seguirá manteniendo la tendencia de caída de los últimos años. Y no sólo la interna, la extranjera registra la misma cosa. Según la agencia Standard & Poor’s, el capital que viene del exterior se viene desplomando a un promedio de 2 mil millones de dólares al año en el último quinquenio (en 2000 registraba 4.700 millones de dólares). "Venezuela no es un país excelente para los empresarios, es un país donde los empresarios están ganando mucho", señala Ross, pero porque el aparato productivo se ha movido gracias al gasto público que, a su vez, generó un impacto en el consumo.
"Se habla de crecimiento, que el PIB creció en 10; pero lo que se incrementó fue la producción. Si sigue aumentando el consumo, la empresa tiene que saltar a una etapa de inversión y ahora no hay condiciones para eso".
Y no las habrá si se materializan varios de los puntos más álgidos de ley habilitante: entre ellos, las reformas a la ley de Impuestos, la del IVA, la del Código de Comercio y las nuevas leyes de Bancos, Seguros y Administración Financiera. La ley de Impuestos, por ejemplo, regulará las ganancias del sector productivo. Hoy las empresas pagan 34 por ciento de sus rentas en tributos y el Gobierno quiere aumentarlo para distribuir un porcentaje en gasto social.
Así las cosas, los abogados recomiendan a las empresas blindarse jurídicamente y cumplir con las disposiciones y reglamentos de la ley Orgánica del Ambiente y la Ley orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (Lopcymat), dos de los instrumentos que todo empresario debe conocer y llevar al día, especialmente a aquellos cuyas firmas están en peligro de estatización.
Gasto social
Sin inversión privada, a muy corto plazo, el Gobierno –dicen los analistas– mantendrá el gasto público, pero a mediano y largo plazo, el crecimiento económico podría verse afectado, sobre todo por una eventual caída de los precios del petróleo, su principal fuente de ingresos, que ha engrosado las reservas internacionales e impulsado el enorme gasto social. Según las estimaciones, el gasto primario del gobierno se incrementó en 100 por ciento el año pasado. Pero los precios del crudo bajaron 34 por ciento en los últimos seis meses, después de tocar récord de 78,4 dólares por barril en julio de 2006. Los analistas internacionales estiman que sufrirían una caída mucho mayor en dos años más.
Por si fuera poco, Venezuela dejó de ser receptor de capitales. Según un informe de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, las inversiones foráneas cayeron 81 por ciento en los primeros 11 meses de 2006. De hecho, el flujo neto de la balanza de pagos se ubica en -2,7 millardos de dólares, mientras que la inversión del Gobierno en el exterior fue de 1,9 mil millones de dólares. Si se mantienen los controles de precios, los ingresos petroleros y fiscales no van a ser suficientes para mantener la economía motorizada por el gasto público. La revolución tendrá que buscar una salida: inversión privada o expandir la producción de petróleo.
Después, los alimentos
Para muchos, la banca, ya controlada por el Estado con depósitos y préstamos oficiales, carteras definidas y tasas de interés reguladas, será uno de los sectores menos perjudicados, pero lo cierto es que Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas y el propio Presidente ya anunciaron una reforma a la ley que regula la actividad financiera.
Ricardo Sanguino, presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea, también lo dijo: habrá una nueva la ley de bancos. Pues parece que las cifras no le gustan mucho a la revolución: el año pasado la banca tuvo utilidades netas de más de 3 billones de bolívares y pagó menos de 10 por ciento por impuesto sobre la renta. Sin embargo, otros se preocupan más por el sector alimento. "Después de petróleo, el gas, la electricidad y la telefonía, será la industria alimenticia la próxima que encaje en la lógica revolucionaria", se atreve a predecir Ross, quien alega que el tema de los alimentos y la soberanía forman parte de su visión estratégica.
Hay otras industrias importantes como el acero y el aluminio, pero parece que –por ahora– saldrán ilesas, pues la experiencia de empresas públicas manejando negocios privados ha sido siempre un fracaso en Venezuela.
"Socialismo o muerte" juró el Presidente en su última toma de posesión. Para algunos, muerte, pero primero socialismo.
ABP
ENEMIGOS DEL SOCIALISMO
Si hay un enemigo certero para la nueva gestión socialista del presidente Hugo Chávez es el control de cambio. Para los analistas económicos es una bomba de tiempo que el gabinete debe resolver. El tipo de cambio, la creación de un mercado paralelo y el salto que dio a principios de año con los anuncios de las nacionalizaciones de Cantv y la Electricidad de Caracas terminan expresándose en la inflación, prevista entre 15 y 20 por ciento para este año.
El otro enemigo es el desempleo. En Venezuela la población económicamente activa ronda las 13 millones de personas. Hay unos 6 millones de trabajadores informales, 2 millones de empleados públicos y 2 millones de desempleados.
Una de las premisas básicas de macroeconomía reza que para que aumente el empleo debe haber inversión privada, difícil en estos tiempos y en un país donde los grandes empleadores son la industria y el comercio.
VOZ CONSTITUCIONALISTA
Carlos Escarrá, diputado y experto constitucionalista, es uno de los hombres clave para la redacción de la ley habilitante y la reforma constitucional. Como casi todos los voceros gubernamentales, es muy parco al hablar del futuro económico del país, a excepción de sus intervenciones en la Asamblea. Aun así contestó una pregunta a PRODUCTO.
—Muchos economistas piensan que la estatización y los anuncios sobre el modelo socialista generarán mayor inflación e inestabilidad económica. ¿Hay motivos para preocuparse?
—No, por el contrario. En la medida en que el Estado se haga más soberano, será también más autosuficiente, tendrá mayor control sobre los bienes y servicios que van a circular en la sociedad y se distribuirán con mayor racionamiento.
DE OBREROS Y PATRONES
Uno de los puntos de la reforma constitucional que impacta de manera directa en el sector empresarial es el nuevo esquema de repartición de ganancias de las compañías, pues el modelo de producción propuesto por Chávez, y del cual se sabe muy poco, prevé que la gestión empresarial se reparta con los trabajadores y con las comunidades ubicadas en su entorno. El modelo se vincula con dos instancias: los consejos obreros y los consejos comunales, que –según el ministro del Trabajo y Seguridad Social, José Ramón Rivero– serán el enlace entre empresa y comunidad.
Este esquema laboral calza perfectamente con lo que Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas, ha repetido: el Estado socialista no niega la propiedad privada, pero sí determinará sus privilegios. Una de las leyes más polémicas para empresarios y gerentes es la reforma del Código de Comercio "para el socialismo del siglo XXI". El gabinete económico explica que no desaparecerá la propiedad privada, sino que contemplará varias formas de propiedad, entre ellas, la colectiva, estatal y la comunal. Para Chávez, el código actual hay que echarlo al traste por capitalista y el nuevo debe definir la porción de utilidades que las empresas tienen que destinar al desarrollo social.
CERCO A LA INDUSTRIA
Una encuesta de Fedecámaras reflejaba a fines de 2006 que 43 por ciento de los empresarios venezolanos considera que el derecho a la propiedad privada está en riesgo. Conindustria también se ha quejado por el cerco gubernamental a la industria y ya tiene varios informes donde enumera algunas de las normas que afectan la operatividad de las empresas, a raíz del control del Estado y los innumerables desembolsos e impuestos sobre las utilidades que implican:
Ley de Propiedad Industrial
Ley Antimonopolio
Ley de Tenencia de Tierra Urbana
Ley Orgánica para la Conservación del Medio Ambiente
Reforma a la Ley de Expropiaciones
Ley de Derechos de Autor
Ley de Consejos Comunales
Reforma de Ley de Licitaciones
Ley de Seguro Social
A ellas se suman:
Reforma a la ley de Impuesto sobre la Renta
Reforma al Código de Comercio
Reforma a la ley de IVA
Reforma a la Ley de Administración Financiera
Reforma a la Ley Orgánica del Trabajo
Reforma a la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (Lopcymat)
GASTO Y CONSUMO
La economía venezolana está rindiendo frutos porque funciona en base al gasto público, que generó un impacto en los ingresos de la clase media y baja y, en consecuencia, un salto explosivo en el alza del consumo. Con el actual esquema de precios del petróleo, son de 60 a 70 mil millones de dólares que ingresan al país todos los años. Monto que apuntala el crecimiento de una economía estatizada. La caja chica del Gobierno -entre Fonden y el Banco Central- ronda los 100 mil millones de dólares.
MODELO PUERTAS ADENTRO
El gobierno del presidente Chávez comenzó el año anunciando los planes inmediatos para su segundo mandato, que será recordado como el comienzo del socialismo del siglo XXI, un nuevo sistema político y económico "de igualdad para todos los venezolanos". Ricardo Sanguino, presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, conversó con PRODUCTO sobre los parámetros que sustentan el nuevo modelo económico. La entrevista habla por sí sola.
—¿Cuáles son los aspectos que se pretenden cambiar en las relaciones entre los empresarios y sus trabajadores?
—Lo único que queremos es implantar el concepto que está establecido en la constitución en el artículo 70, que dice que "son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
—¿Por qué sectores empresariales se comenzará a implementar esas nuevas fórmulas?
—Lo más factible en lo inmediato y así paulatinamente. En el Táchira rescatamos una empresa textilera y hoy está participando activamente en el mercado con este sistema.
—El socialismo también plantea una reforma tributaria ¿qué se pretende cambiar?
—Lo que queremos es que las empresas tengan mayor participación social. Todas estas reformas estarán incluidas en la habilitante. Un porcentaje de los ingresos irá para un impuesto que se destinará al desarrollo social. Eso se hace en muchas otras partes del mundo. No es una modificación de toda la ley, sólo hay que adecuarla a esta nueva etapa.
—¿Para qué nacionalizar Cantv?
—Si tenemos el control de unas empresas tan estratégicas como las telecomunicaciones, podemos desarrollar procesos tecnológicos que nos permitan integrarnos a lo que estamos promocionando, el Mercosur. Si se dejan en manos del sector privado, será éste el que conduzca el desarrollo tecnológico de acuerdo a su beneficio. Aquí va a prevalecer el beneficio social, sin descuidar que la producción sea eficiente, eficaz y produzca rentabilidad, sólo que la rentabilidad debe ser social, que se distribuya entre todos. En el otro caso prevalece la rentabilidad del dueño de la entidad productiva y él buscará mercados con mayor rentabilidad. En el caso nuestro, con el control del Estado de las áreas estratégicas, eso no va a suceder.
—¿Y cuáles son los objetivos de la nacionalización de La Electricidad de Caracas?
—A mí me han dicho que esa empresa privada es de 1800 y tanto; y el escenario de esa época era distinto al de ahora. Actualmente hay todo un sistema de transporte colectivo en el área metropolitana de Caracas, está el ferrocarril, el metro, que son estratégicos, y no se pueden dejar en manos de empresas privadas extranjeras.
—¿Estamos hablando de nacionalización o estatización?
—El Presidente lo llama renacionalización. Hay que recordar que esa era una empresa del Estado que fue privatizada por los miembros de la
IV República, contra todos los intereses del país, y a precios -como se dice popularmente- de gallina flaca. Poseen instalaciones medulares y se hicieron de ellas sin habérselas cobrado.
—¿Podrían estas empresas, después de la nacionalización, manejarse con un porcentaje de capital extranjero?
—Eso lo decidirán después.
—¿Pudiera ser esa figura de capital mixto?
—No le sé decir, porque eso no nos compete a nosotros, eso lo está estableciendo el Ejecutivo Nacional.
—¿Qué tienen pensado hacer con Movilnet?
—No le puedo responder eso porque no soy el responsable, el ministro Jesse Chacón es el responsable.
—¿Qué sectores, aparte de los que ya se han anunciado, el de las telecomunicaciones y el eléctrico, son estratégicos para el Estado?
—Los que se han definido hasta ahora.
—¿No figura entonces el área siderúrgica?
—Por el momento sólo telecomunicaciones, energía eléctrica y la Faja Petrolífera del Orinoco, que es el proceso de recuperación y reacondicionamiento de los hidrocarburos. Aquí sí hay esquemas accionarios con capital internacional, pero mayoritariamente del Estado. No está definido si ese último esquema será el mismo para las otras áreas, se ha hablando también de dejar una participación de los trabajadores en la posesión o titularidad
—En este nuevo sistema ¿cuáles son los planes sobre el control de cambio a mediano o largo plazo?
—Lo que se busca es incrementar la producción nacional versus la importación de algunos bienes de materias primas. Eso encaja perfectamente en lo que se quiere hacer a futuro. Lo que queremos es hacer realidad un principio bolivariano, mejorar el nivel de vida de nuestra población, en lo material, en lo espiritual, en lo cultural, en lo moral, en lo ético. Mejorar la calidad de vida y aumentar la producción nacional. La idea es que nuestro pueblo viva dignamente, que tenga vivienda, derecho a la salud, a la educación, al disfrute del tiempo libre, al mejoramiento profesional, al cultivo de de la cultura, de las artes, el turismo.
—Pero a mediano plazo ¿se pretende dejar o levantar el control de cambio?
—Ya tenemos cuatro años con el control de divisas, desde 2003, eso nos ha permitido el crecimiento de la economía. Todos aquellos que decían que iba a impedir que la economía creciera, no fue así. Hasta ahora ha funcionado y seguirá funcionando.
—¿A qué se refiere el gobierno cuando plantea el poder comunal en el proyecto socialista?
—El año pasado ya se comenzó ese proceso. Los consejos comunales comenzaron a resolver problemas de infraestructura en su comunidad, también de servicios. Pero lo que se quiere ahora, es que además de esto, también participen en procesos de producción de bienes, que intervengan en su propio desarrollo sustentable.
OPINION
La habilitante
Una ley habilitante es una fórmula constitucionalmente permitida para que, por una vía excepcional, se traslade al Poder Ejecutivo la competencia que le es propia del Poder Legislativo: hacer las leyes que desarrollan el texto constitucional. En Venezuela, bajo la vigencia de la antigua Constitución (1961), esta delegación sólo era permitida en materia económica o financiera, dado que la resolución de una crisis en esta materia a veces amerita de soluciones rápidas y no anunciadas para hacerle frente. De ser anunciadas bajo el lento y público proceso de formación de las leyes en el órgano legislativo, podría correrse el riesgo de que la crisis se agrave o que no se solventara a tiempo.
El constituyente de 1999 amplió la posibilidad de habilitar al Presidente para legislar por decretos en cualquier sector o materia sin limitaciones temporales. Basta con que la Asamblea apruebe con 3/5 partes de sus miembros la habilitación para que se desprenda de su función fundamental.
La solicitud de habilitación presidencial que realizó Chávez al Parlamento ha sido, en su contenido, la más amplia que haya podido darse a ningún otro mandatario en nuestra historia republicana. Y el Ejecutivo no ha alegado razones de urgencia o emergencia que la justifiquen para solventar alguna crisis. Por el contrario, insiste en la absoluta normalidad del Estado. Sin embargo, solicita ser habilitado en prácticamente todos los sectores en los que es posible legislar, sin señalar cuáles son las leyes pretende modificar o cuáles las que dictará en los 18 meses que duraría su habilitación.
Podría, en teoría, reformar las leyes que organizan otros poderes públicos, como la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, vértice de toda la pirámide jurisdiccional del Estado, y hasta podría modificar toda la materia contenida en el Código de Comercio, que regula la relación de la actividad mercantil del país, con su sola voluntad, sin ninguna discusión pública y sin consulta a los sectores afectados.
Este poder desorbitado, que ha podido ser limitado en el texto legal habilitante, ha sido otorgado sin límites, en una cesión de competencias del Parlamento al Ejecutivo sin precedentes. Esta cesión hará que durante los próximos 18 meses la inestabilidad jurídica se refleje directamente en las posibilidades reales para la inversión en cualquier sector de la economía o de la industria, pues lo primero que requiere un inversionista, nacional o extranjero, es estabilidad en las normas que rigen sus relaciones con el Estado y estabilidad en la estructura misma del Estado, que genere confianza en su inversión.
Las motivaciones reales y confesadas por el propio Presidente son todas de índole política y se resumen en la profundización de su revolución, de corte socialista. Sólo se sabrá lo profundo en que caeremos en ese socialismo cuando termine de construir su propio y revolucionario andamiaje jurídico sobre el cual pretende legalizar su acción gubernamental revolucionaria.
Gerardo Blyde
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