Soy venezolano y no me voy

La banca venezolana es uno de los negocios que, a lo largo del tiempo, registra beneficios sostenidos y crecientes. Ha sobrevivido a todos los gobiernos malos, menos malos, intervencionistas todos y, al actual, auto pretendido socialista. En todos los períodos presidenciales ha tenido importantes tasas de ganancias y puede ostentar, sin duda alguna, la característica de ser uno de los sectores ganadores en estos años de turbulencia.

Los 52 bancos registrados en el país operan con 3.156 agencias y sucursales, 12 de las cuales funcionan en el exterior (*), generan empleo directo a 63.650 profesionales y trabajadores y, según mis cálculos, el empleo indirecto es de al menos 115.840 personas, diseminadas fundamentalmente en empresas medianas y pequeñas.

Es indudable su aporte a la generación de riqueza (PIB) para la nación. La supervisión del sector se puede calificar de aceptable, sobre todo por la que desarrollan las propias oficinas de contraloría interna, firmas de auditoría externa y, en menor escala, por la Superintendencia de Bancos. Por supuesto, la banca oficial es un desorden inauditable.

Los bancos manejaron (al 31 de diciembre de 2006) activos por 151 billones de bolívares, pasivos por 138 billones de bolívares y un patrimonio de 13 billones de bolívares. De una simple división resulta que su indicador de patrimonio es de 11,62 por ciento, cuando la Ley exige 12 por ciento y Basilea II (conferencia internacional para la previsión de riesgos y fraudes bancarios) recomienda 15 por ciento. Luce claro que se deberían retener utilidades por 1 año, al menos, para forzar la cobertura del sector.

Las utilidades brutas alcanzaron 7,67 billones de bolívares y la utilidad neta fue de 3,35 billones de bolívares. Las obligaciones que el Poder Ejecutivo impone a la banca de mantener gavetas, encajes caprichosos y transferencia de sus deberes de gobierno, elevan los costos operativos, reducen la competencia y generan las tasas activas más altas del mundo, en nombre de una quimera política que, en última instancia, perjudica al ahorrista y al usuario de los bancos, que observa cómo las taquillas vacías de empleados bancarios no lo atienden y lo condenan a insufribles colas.

La excusa de reducir los costos por los memorandos de la Superintendencia esconde, en la mayoría de los casos, el poco respeto a la clientela a la que se debe los bancos.

Es necesario reconocer que estas cifras son mejores que las que existían cuando la crisis bancaria de 1994. Ese crack removió la estructura del sistema y obligó a los bancos sobrevivientes a limpiar su cartera, fortalecer su patrimonio, liquidar malos y pésimos negocios, concentrarse en la intermediación financiera y mejorar la cantidad y calidad de sus recursos humanos.

Vale apuntar en este sentido el esfuerzo de bancos como el Mercantil, Venezuela, Provincial, Caribe, Venezolano de Crédito y Banesco, que tienen verdaderas unidades de análisis económico y financiero, de mayor profundidad y calidad que las del sector público.

Lo que no mejora la banca es su vocación rentista y su casi infinita tendencia a realizar operaciones de compra de títulos o bonos gubernamentales que les producen una altísima rentabilidad, con graves riesgos de concentración en un cliente que depende únicamente de una factura petrolera hoy en alza, pero que inevitablemente caerá. Ello en desmedro de la diversificación de la cartera hacia clientes e inversiones que incrementen la producción de bienes y servicios en el país.

La banca venezolana no se irá de Venezuela. El negocio es demasiado jugoso y, como en el petróleo, los riesgos están calculados.

(*) Todas las cifras utilizadas en esta columna provienen del Informe

Anual de la Superintendencia de Bancos, disponible en su página web.

Antonio Paiva. Consultor económico y financiero, y profesor de economía y finanzas de la UCV y la Unimet.