Algunos círculos de poder tienen todo listo para sepultar la economía de mercado. El país cambia. Se verá hasta dónde.

Este es ya es otro país. No habrá que esperar a que se vote en un referendo el próximo diciembre, cuando eventualmente se aprobará una nueva Constitución. Tampoco será después de que comience a circular una nueva moneda. Hay quienes aún lo dudan.

Diferencias hay muchas, versus el marco en el que se inscribía el país hace solo un año. Por nombrar algunas: el Estado ha ido asumiendo cada vez más espacio en la economía nacional, sea por la compra –o en ocasiones "ocupación previa"– de empresas, no importa si eran de capital abierto como EDC y Cantv, o de tipo familiar, como ha sido el caso de fincas agropecuarias.

O también mediante la oficialización de leyes y normas restrictivas a actividades propias de la economía liberal, como es el caso de la libertad de gestión y de gobierno de cada empresa, limitado ahora por la ficción de la "contraloría social" que ejercerán los consejos laborales en todas las empresas.

Más cerca del consumidor están las regulaciones de precios, que van haciendo –literalmente– imposible producir muchos artículos debido a que sus precios de venta permanecen regulados en algunos casos desde hace varios años, mientras los costos suben continuamente. Y si de costos se trata, se han venido agregando los costos impositivos, con el aumento de gravámenes de carácter confiscatorio, como es el caso del Impuesto a las Transacciones Financieras, o el anunciado impuesto al lujo.

"Sí, la cosa se está poniendo difícil –dicen algunos todavía incrédulos–, pero mientras podamos hacer negocios, está bien". Válida es esta afirmación en un contexto económico,  donde lo que se trata es de superar dificultades en un juego en el que las reglas son más o menos claras y constantes. Pero lo que estamos presenciando es la conversión de nuestro modelo económico en una "economía socialista", como explícitamente lo profesa la nueva Constitución (ver página 38). Esto significa menor espacio para la economía privada –inclusive la fragilidad de la propiedad privada–, más controles, la competencia de las empresas estatales en áreas cuya calificación de estratégica es tan caprichosa como para considerar con la misma etiqueta a las telecomunicaciones (Cantv) o al transporte público extraurbano (Sitssa).

Y en lo social, ¿somos los mismos? Definitivamente no. Aunque el consumo en los niveles socioeconómicos bajos ha crecido, la pobreza permanece alimentada por la promesa de que la renta petrolera llegue a cada rancho en forma de "misiones". Tampoco es la misma clase media, desfigurada en los focus groups de las encuestadoras por la variabilidad de sus ingresos provenientes del ejercicio libre de sus profesiones, o de una actividad comercial.

Una nueva moneda "fuerte", cuya adopción ha significado elevadas inversiones en adaptaciones de software en bancos y grandes empresas, sin contar con el costo que para las cuentas nacionales significa esta reconversión. Fortaleza que el Banco Central de Venezuela está comunicando –en un intento por convencer acerca de las bondades de algo que se perfila más como capricho o mero maquillaje– a un costo de al menos 46,5 millardos de bolívares.

¿De qué se trata esta propuesta de economía socialista orientada a lograr la mayor felicidad posible? PRODUCTO analiza en este informe este momento de cambio económico y sociopolítico, en particular la nueva Constitución –que no "reforma", porque no es un cambio menor– y la reconversión monetaria.

La imagen que ilustra este informe de portada es, sí, dura, pero no menos realista: las reformas en tránsito buscan terminar con el modelo económico, político y social de la Venezuela moderna. Sepultar la economía de mercado es el objetivo, y con ella los valores asociados a la libertad. Así estamos.