En este socialismo que se propone como filosofía política única en la Constitución Nacional, el Estado se expande y aumenta su poder. Mucho falta para que nazca ese "hombre nuevo" tan nombrado que no necesita normas más allá de la elevación de su conciencia

La reforma que propone el Gobierno sienta los pasos para un cambio total de la estructura económica del país. La modificación de los artículos 112, 113, 318, 320 o 321 de la Constitución Nacional es emblemática para el desarrollo de ese nuevo modelo que pretende implementar el presidente Hugo Chávez, en donde el Estado pasa de administrador y regulador, a tener control, participación y propiedad sobre casi todo.

Venezuela comenzaría a zambullirse en una transición que va de una economía mixta a una socialista, pero que para muchos no se aleja del todo de ese capitalismo de Estado que de alguna manera siempre ha preexistido en el país. El Estado no desaparecería, como lo establece la filosofía de sus creadores –Marx, Engels o Lenin– sino que por el contrario expande y aumenta su poder.

"Se abre camino al aumento desmesurado de la conducción económica del Estado, que a su vez reduce la libre competencia y desvaloriza la libertad económica", comenta Ricardo Combella, ex constituyente.

Una señal de cuál será el camino a seguir lo muestra la modificación del artículo 112, que actualmente establece la libertad de cada persona para escoger la actividad económica de su preferencia y además señala que el Estado promoverá la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios para satisfacción de la población, la libertad de trabajo, de empresas, comercios e industrias. Asimismo, planificará y regulará la economía e impulsará el desarrollo del país.

Su modificación define la promoción de un modelo económico productivo e intermedio, el cual establece los intereses comunes sobre los individuales. "Esto mata todo", dijo el abogado constitucionalista Gerardo Fernández en el seminario Implicaciones económicas de la reforma constitucional, de Veneconomía. Según explica, esos intereses comunes sobre los individuales deja en minusvalía a la persona, que no podrá defenderse mediante la Constitución ante un grupo; "la patota apabulla al individuo, dos pueden más que uno", explica.

Aunado al cambio, se agrega en el mismo artículo otras determinaciones como el desarrollo de distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, es decir que son directamente de una comuna e indirectamente del Estado. Para las unidades de producción o distribución social deja abierta la posibilidad de propiedad mixta, donde el sector privado pudiera tener parte de la propiedad, pero no sin la participación del poder comunal y nuevamente del Estado.

"En este nuevo orden la economía y la propiedad estatal y social son la regla, y la iniciativa y la propiedad privada la excepción", señaló el abogado Victorino Márquez, también ponente del seminario.

De hecho, desde la exposición de motivos del proyecto se indica que los medios de producción de sectores estratégicos como el eléctrico, siderúrgico, petrolero, telecomunicaciones, gas, minería y agroalimentario, deben ser controlados y manejados por el Estado; en éstos la Carta Magna le dará mayor relevancia a cooperativas y EPS y UPS.

Así, en el artículo 113, aunque se siguen defendiendo las condiciones efectivas de competencia en la economía y se continúan prohibiendo los monopolios, si se aprueba la propuesta en el referendo el texto dictaminaría que "cuando se trate de explotación de recursos naturales o de cualquier otro bien del dominio de la nación de carácter estratégico o de la prestación de servicios públicos vitales, el Estado podrá reservarse su explotación o ejecución, directamente o mediante empresas de su propiedad o de propiedad social directa, empresas mixtas o UPS que respeten el control del Estado y cumplan con las cargas sociales que se le impongan".

Tal amplitud permitiría que sean las instancias gubernamentales las que definan qué resulta un "servicio público vital", y en consecuencia limitar la participación privada. La televisión, abierta o por suscripción, pudiera ser el caso.

Y es que desde antes de proponer la reforma, ya la gestión actual venía implementando medidas con las que cada vez más se aumenta la intervención del Gobierno en todos los elementos de la economía. Algunas de ellas son el control de cambio, el aumento de la competencia del sector público versus el privado, regulación de precios, estatización de empresas o su migración a la figura mixta, en donde el Estado tiene la mayoría de acciones, o la constitución de empresas de capital público para competir con ventaja en sectores tradicionalmente privados, como es el caso de Mercal.

Incluso ya está propuesta la instauración de una comisión central de planificación, la cual preservará un orden centralizado. Este comité será el que fije precios, el que establezca los costos reales de producción y el que coordine y distribuya el intercambio y distribución de la misma.

Y es que atrás quedó el consenso entre los sectores relacionados, pues según defensores del nuevo socialismo del siglo XXI, para establecer políticas públicas es el Estado el que decidirá las prioridades del país.

De golpe

Allí justamente recae la principal inquietud de algunos economistas, quienes temen por las consecuencias que la eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV) y del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) puede traer al desarrollo económico del país.

Y es que el artículo 318 reza que "el BCV es persona de derecho público sin autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas correspondientes, y sus funciones estarán supeditadas a la política económica general y al plan nacional de desarrollo para alcanzar los objetivos superiores del Estado socialista…".

El economista José Manuel Puente, profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA, recuerda que nunca el ente emisor ha funcionado aisladamente, debe rendir cuentas con respecto a sus funciones como coordinador de políticas macroeconómicas, sean éstas cambiarias o fiscales. "El Gobierno podría manejar data del BCV como ¿qué podría pasar en un año electoral? El índice de inflación publicado sería manejado por el Estado. Se podrían financiar políticas fiscales deficitarias a través de los recursos que maneja el Banco Central", expone el especialista.

Incluso, la determinación actualmente establecida en el artículo 320, "en el ejercicio de sus funciones el BCV no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo…" desaparece, incorporándose la potestad única del Estado para armonizar la política fiscal con la monetaria en función de lograr objetivos macroeconómicos.

Asimismo, se elimina el FIEM, una de las alternativas más viables para sopesar la volatilidad de una economía dependiente de un recurso único, como lo es la venezolana con el petróleo.

"Es cierto que de un tiempo para acá el fondo no estaba funcionando como debía, pero la medida debió orientarse hacia su mejora y no a su eliminación", comenta Puente, pues el artículo 321 erradica el fondo y atribuye al Presidente, en coordinación con el BCV, la decisión anual del nivel de reservas necesarias para la economía nacional.

"En época de vacas gordas ahorras para solventar la de las flacas. Se está eliminando la forma real de estabilizar la economía nacional y la vida de los venezolanos. Hay que asumir que la economía petrolera es volátil, parecida a una montaña rusa", agrega Puente.

Las cartas están echadas, sólo una oportunidad tiene el país para decidir si éste es el modelo económico que le traerá mejores resultados. Los venezolanos decidirán si por primera vez en la historia la Constitución Nacional tendrá escrita la ideología ("socialista") que regirá en los años por venir, que podrían ser muchos, con el mismo Presidente en funciones.

Carjuan Cruz

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