GERENCIA

 

La reforma laboral de nuevo en agenda

Sectores empresariales y laborales intentarán dejar escuchar sus voces en una instancia en la que sus observaciones no han sido consideradas. Los cambios pendientes reclaman un reconocimiento por parte de los actores para alcanzar un acuerdo

Para este primer semestre la Asamblea Nacional, dentro del terreno que le cederá el Ejecutivo –que tiene el mandato amplio de una Ley Habilitante– espera presentar al país la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y la definición del tema de seguridad social, una materia pendiente cuyo retardo ha ocasionado un mayor deterioro en la calidad de vida.

Una vez más el reto es que el Gobierno reconozca la existencia de los actores principales en esta historia: los patronos y los trabajadores, en pro de llegar a un consenso en un tema sensible para la población.

Maryolga Girán, abogada coordinadora de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, y el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social del ente legislativo, Oswaldo Vera, ofrecen a PRODUCTO sus puntos de vista sobre el tema.

Para Girán, desde el Ministerio del Trabajo no hay la menor propensión al diálogo social, mientras que Vera asume el compromiso de que escucharán a todos los sectores para lograr un consenso. El dilema es cómo trabajadores y patronos se reconocen dentro de un marco jurídico regulado por el Estado y que este último no pretenda normar esa relación sin escuchar sus planteamientos. La especialista en derecho laboral opina que el tema "extremadamente sensible" de la seguridad social ha vivido avances y retrocesos desde aquel texto jurídico sancionado en el segundo gobierno de Rafael Caldera, profundizándose luego la dispersión normativa cuando se aprobó, "en la clandestinidad", la Ley de Seguridad social en diciembre de 2002.

"Esta jamás fue discutida, por lo que no nació del consenso", lo que arroja un resultado desfavorable al no crearse la Superintendencia y la Tesorería de Seguridad Social, y la liquidación del IVSS, entre otras metas previstas.

A la abogada Girán le parece grave que le haya sido transferida a la Misión Barrio Adentro la función de prevención y formación de salud, que estaba tutelada por el IVSS. "La Misión Barrio Adentro no es un ente auditable, ni rinde informe a la Asamblea Nacional, con lo cual se desinstitucionaliza la salud", sostiene.

"En esa ley de 2002 se planteó un plazo de cinco años para aprobar todos los regímenes prestacionales. El lapso venció en diciembre de 2007, pero lo que se hizo fue entregar mediante una Ley Habilitante un cheque en blanco para que el Presidente de la República dictara normas, resoluciones, disposiciones y reglamentos que considere pertinente".

No obstante, el diputado Vera aseguró que sólo el tema de salud estará en manos del Ejecutivo y que el régimen de pensiones y jubilaciones se planteará en el ámbito legislativo. Asegura que, en ambos casos, habrá mucha coordinación entre poderes.

La experta en temas laborales reconoce que "estamos en total incertidumbre". Le preocupa que el régimen de pensiones sea administrado "por un Estado que es ineficiente y discrimina políticamente a sus ciudadanos".

Oswaldo Vera asegura que habrá un amplio debate sobre estos aspectos, pero Maryolga Girán tiene sus dudas, ya que esa supuesta consulta se puede hacer a través del parlamentarismo de calle, con lo cual se cumple el ritual de llamar a los actores para que quede en el registro fílmico, pero que no serán considerados, "porque tanto los sindicatos como los patronos son conceptos ligados al capitalismo y no hay ningún interés por parte del Gobierno de escucharlos".

Recuerda Girán que el actual ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, fue el gran promotor de los consejos de los trabajadores, y cuando los propios asalariados de su despacho intentaron formar uno, dos de ellos fueron despedidos.

"Aquí se vive una flexibilización laboral extrema que la comenzamos a vivir cuando le fueron confiscadas las prestaciones sociales a 23 mil trabajadores de la industria petrolera. Así no hay justicia. La suprema felicidad es el bien de todos los ciudadanos sin distinciones".

Ámbito legislativo

Oswaldo Vera, que asegura que se avanza en un régimen de pensiones como el que existe en España o Francia, informó que en estos momentos se realizan los estudios actuariales para determinar, entre otras cosas, el porcentaje de la cotización; si se obtiene de una parte o de la totalidad del salario.

Dijo que una vez que se cree el fondo, que pudiera arrancar con un millardo de bolívares (F), como fue anunciado, el objetivo es que se retroalimente con el aporte patronal y de los trabajadores, lo que permitirá garantizar una pensión que vaya aumentando en el tiempo, por lo que seguirá vinculado con el salario mínimo. "Es un proceso de transición que tendremos que vivir. La idea es que avancen en paralelo hasta que haya un solo régimen".

Su criterio personal es que se establezca un régimen diferencial, desde el punto de vista de la contribución, acorde con los niveles de salario, pero adelanta que será "un debate que se dará con todos".

El IVSS permanecerá hasta que exista una verdadera prestación de salud. "En la Ley de Seguridad Social ya aprobada se establece que la garantía de la seguridad social es del Estado venezolano. Eso elimina la participación del sector privado, a menos que los trabajadores lo concerten como un régimen aparte. Pero nosotros tenemos que garantizar el elemento básico y fundamental para todos los venezolanos, que será de manera progresiva, la incorporación de los venezolanos que nunca gozaron de este beneficio".

Considera Vera que habrá un solo régimen que garantice la atención preventiva que se contempla desde Misión Barrio Adentro, ente que desarrollará la política de salud, pero aclara que "no se atenta contra la parte privada, en donde lo que sí se mantendrá es un control de los precios. A medida que el régimen público de salud sea superior, de manera natural los venezolanos no acudirán a los centros privados".

Agregó que los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) en el sector público representan más de una cuarta parte de lo que se gasta en el sistema de salud general. A medida que se vaya progresando en esto tampoco se justificarán, y "el movimiento sindical tendrá que entender esta realidad".

Movimiento atomizado

Mientras se colocan estos temas en agenda, los sindicatos viven su peor momento. En el mundo oficial la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) –que surgió en un afán de sustituir a la CTV– está dividida en varios pedazos: Marcela Máspero (Colectivo Trabajadores en Revolución CTR) y Franklin Rondón (Corriente Alfredo Maneiro), quienes provienen de Copei; Orlando Castillo (Autonomía Sindical), de Patria Para Todos (PPT); Oswaldo Vera (Fuerza Bolivariana de Trabajadores, FBT) de Bandera Roja; la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), liderada por dirigentes del Partido Comunista de Venezuela, y Orlando Chirino (Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma, C-Cura), del movimiento troskista. Este último se opuso a la reforma constitucional y ha hecho críticas a la posición del presidente Chávez sobre la libertad sindical.

Todos coinciden en afianzar el socialismo, pero difieren en cómo asumir el liderazgo. Algunas voces comienzan a escucharse, como la de Rondón, frente a la injerencia del CNE en las elecciones sindicales. Chirino reclama derechos de los trabajadores, especialmente de empresas cogestionadas o convertidas en cooperativas. Para Oswaldo Vera antes que lo reivindicativo están los asuntos políticos e ideológicos.

En la histórica Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) sus principales miembros hablan sobre su destino. Froilán Barrios, Manuel Cova y Pablo Castro discuten como relanzarla. Otros, como Alfredo Ramos –que se apartó de la organización Causa R–, piensan que se le debe abrir paso a otra central.

Todos están en mora con la legitimidad frente a unas bases también atomizadas. En 2007 se conformaron más de 550 sindicatos y no hay nuevas empresas sino una estructura paralela que intenta sustituir a los "viejos" dirigentes y a los "nuevos", aún "rojitos", que mantienen una posición crítica hacia al Gobierno.

Yolanda Ojeda Reyes