A pesar de las tensiones políticas, muchos esperan que las relaciones comerciales no se vean profundamente afectadas

Quizá la decisión del gobierno colombiano de poner término a la mediación del presidente Chávez ante las FARC para la liberación de los rehenes haya sido el comienzo de una escalada de conflictos binacionales, que afectan el comercio.

Declaraciones subidas de tono del presidente venezolano pusieron en evidencia las radicales diferencias ideológicas de ambos gobiernos como si de "asuntos dignidad" se tratara, en detrimento de la dinámica de los procesos de integración que tanto se había forjado en el pasado.

Crisis "como otras"

La relación comercial binacional se estima por encima de los 5 mil millones de dólares anuales en importaciones y exportaciones. Después de Estados Unidos, Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia, aunque el primer receptor de sus manufacturas. Mientras al país del Norte va la mayoría de materias primas de Colombia –como carbón, petróleo y café–, Venezuela recibe sus productos industriales, en especial textiles, confecciones, vehículos y alimentos.

Al finalizar 2007, las exportaciones a Venezuela ascendieron al máximo histórico de 4.400 millones de dólares, (cifras preliminares) lo que significa un aumento de casi 63 por ciento frente a 2006, según datos de la Cámara Colombo-Venezolana. La balanza comercial beneficia a Colombia en una relación de 80 a 20.

Las proyecciones para 2008 auspiciaban un intercambio de unos 5.500 millones de dólares, pero resultan comprometidas por los acontecimientos políticos de los últimos meses. Hasta el momento, y a pesar de que las tensiones políticas son más que evidentes, muchos empresarios manifiestan que esta crisis, al igual que muchas otras del pasado, no afectarán seriamente los negocios, pues ni la de Corbeta Caldas en 1987 ni la del caso Granda en 2004, tuvieron esa consecuencia. En la medida en que las economías son complementarias, estos empresarios confían en que los gobiernos terminarán encontrando una solución pragmática a la crisis. Otros, sin embargo, piensan que "esto no es más de lo mismo" y, con preocupación, no se asombrarían si se precipitara un conflicto mayor a mediano o largo plazo.

Por lo pronto, el comercio de frontera ha caído hasta 85 por ciento y, día a día, se recrudece el desabastecimiento de alimentos y la inflación, al tiempo que –a pesar de la militarización de los supermercados de Táchira– aumenta la fuga de productos venezolanos hacia Colombia.

Miras opuestas

El presidente Uribe tiene como meta desbloquear el intercambio humanitario, arrinconar a las FARC ante la opinión pública y replantear una política exterior que mira hacia Estados Unidos.

Alcanzar la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) se le ha hecho cuesta arriba, ante la firme oposición de los demócratas en el Congreso norteamericano que tranca el juego. A pesar de los esfuerzos colombianos, la consideración del TLC no se encuentra en la agenda inmediata del Congreso del país del Norte, cuyos integrantes siguen expresando preocupación por los altos niveles de violencia, el no respeto por los derechos y vida de los sindicalistas (según la Confederación Sindical Internacional –CSI–, con sede en Bruselas, 78 sindicalistas fueron asesinados en Colombia en 2006) y el papel de los paramilitares en Colombia.

Si bien el crecimiento de la economía colombiana fue uno de los más altos de la región, el mérito del gobierno de Uribe se opaca con el escándalo de la parapolítica, cuyo impacto ocasionó la caída de varios de sus aliados, incluyendo a la ex canciller, María Consuelo Araújo, entre 14 congresistas de la coalición uribista, juzgados hoy día por supuestas relaciones con los grupos de autodefensa.

El presidente Uribe es considerado por el gobierno venezolano como un aliado incondicional de George w. Bush, y se calcula que paga cerca de 100 mil dólares mensuales a empresas de cabildeo en Estados Unidos, para mejorar su imagen de gestión y conseguir apoyo al TLC.

Mientras tanto, se estima que el gobierno norteamericano extenderá a Colombia las preferencias arancelarias andinas por unos seis meses más, como una forma de mantener los beneficios a los sectores exportadores colombianos. La prórroga les permitirá a los empresarios seguir exportando a Estados Unidos con cero arancel, hasta que –llegado el caso– entre en vigencia el TLC. Las preferencias son una contraprestación a los esfuerzos por la lucha contra el tráfico de drogas.

El presidente Chávez, por su parte, en su rol de mediador entre el gobierno de Colombia y las FARC, fue acusado por su homólogo colombiano de utilizar el conflicto interno de su país para fomentar un proyecto expansionista, buscar protagonismo político e intervenir en asuntos internos nacionales.

La solicitud de reconocimiento de estatus de beligerancia a las FARC por parte de Chávez fue interpretada por muchos grupos como un indicio de su vinculación ideológica con la guerrilla, al tiempo que le dio al grupo armado un nuevo protagonismo en los escenarios internacionales.

Diversas medidas económicas del gobierno venezolano son interpretadas como medidas proteccionistas propias de un esquema socialista, que alejan al país del modelo colombiano, entre ellas la restricción de la importación de carros y de muchos alimentos. Si bien el gobierno venezolano insiste en que la medida restrictiva no es discriminatoria, es un hecho que perjudica a dicho sector industrial y fomenta el desabastecimiento que existe en Venezuela desde hace ya considerable tiempo.

Hoy día los supermercados de la frontera se encuentran militarizados y existen racionamientos en las compras de alimentos, que mantienen molesta a la población.

El presidente Chávez insiste en que la oligarquía colombiana, junto con fuerzas de inteligencia norteamericana, conspiran contra Venezuela y el proceso revolucionario.

Frontera en conflicto

A finales de 2007 la cobranza de peajes en territorio colombiano –en la frontera Táchira-norte de Santander–, rechazada mayoritariamente por los transportistas y los usuarios de la ruta, fue otro de los puntos álgidos que actuó en contra de los intereses comerciales y socio-políticos de la llamada Zona de Integración Fronteriza.Los transportistas cerraron los puentes internacionales de la zona, generando cuantiosas pérdidas comerciales, además de precipitarse hechos de violencia, que dieron lugar a un muerto y varios heridos.

Más de 200 camiones de carga cruzan diariamente ese paso fronterizo, con unas 6 mil toneladas de carga y un valor estimado en 10 millones de dólares por día. Durante el lapso del conflicto, las pérdidas superaron los 300 millones de dólares, además de una fuerte caída del empleo.

En el mes de agosto pasado, José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, denunció por su parte, que la principal causa del contrabando de extracción de ganado de Venezuela hacia Colombia era la existencia de grupos que lavan dinero proveniente de la venta ilegal de ganado en la frontera entre ambos países, operando en alianza con el narcotráfico.

A este complejo escenario se suma la continua depreciación del bolívar frente al peso colombiano (relación de 3 a 1), lo que genera un desequilibrio financiero que fomenta la salida de productos venezolanos para ser comercializados en territorio colombiano, sobre todo de alimentos, agravándose también el contrabando de combustible.

Es así como a una acentuada escasez de productos en Venezuela –debido a las dificultades para producir por parte de las empresas privadas venezolanas y a las restringidas importaciones para abastecer el consumo interno por falta de divisas– se le suma la fuga de productos fuera de fronteras.

Escenarios en riesgo

Es claro que un posible congelamiento de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países por razones políticas, podría ser comprometido para ambos y desestabilizar la zona fronteriza.

La interrupción de la importación de alimentos de Colombia podría aumentar la escasez que sufre la población venezolana e incidir negativamente en la imagen del gobierno nacional. Sin duda, en caso de agravamiento de la situación, se vería perjudicado el cumplimiento del convenio marco suscrito entre Pdvsa y Ecopetrol para el suministro de combustible en las diferentes regiones de la frontera. Este convenio para la comercialización de combustibles permite la participación por Venezuela de unas 800 familias y otras tantas por Colombia, y contrarresta parcialmente el contrabando de combustible en la zona, el cual asciende a unos 7 millones de litros mensuales.

De prolongarse la crisis, el eje andino sería el más afectado, ya que la mayoría del intercambio comercial se realiza por allí. En el eje Guajira, se han realizado importantes inversiones, como el Gasoducto Transcaribeño, las cuales también se verían perjudicadas. En el eje amazónico se pondrían en riesgo los estudios binacionales vinculados principalmente con los impactos ambientales y sociales, ocasionados por la actividad de la minería ilegal. Podrían también resultar afectados los proyectos de interconexión eléctrica, importantes para el desarrollo regional. En el eje llanero se vería perjudicada la posibilidad de que el paso fronterizo por el Arauca se convierta en puente internacional, así como las campañas conjuntas de vacunación, alfabetización y programas culturales que actualmente ambos gobiernos emprenden.

En materia electoral, hay que tener en cuenta que más de 4 millones de colombianos viven en Venezuela. El Departamento de Guajira y el del norte de Santander cuentan con un importante contingente poblacional binacional, con doble nacionalidad, capaces de votar en ambos países.

En el orden social no es de extrañar que un eventual conflicto entre los grupos guerrilleros con un cierre de frontera aumentaría los niveles de inseguridad e impulsaría desplazamientos de refugiados hacia Venezuela.                       

Fabiana Culshaw