La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) emitió una aclaratoria de su Licencia General N° 5, que permite hacer operaciones con el Bono PDVSA 2020, con cupón de 8,5%, donde advierte que el objeto de la medida es facilitar que los tenedores de estos títulos puedan ejercer acciones legales para exigir el pago del capital e intereses, en caso de atraso grave o incumplimiento.
La intención es que los titulares de estos bonos tengan la posibilidad de demandar la ejecución de la garantía que es el 50,1% del capital accionario de la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo. Esta disposición, según la OFAC, "impide que el régimen de Maduro use el la Orden Ejecutiva 13.827 para incumplir sus obligaciones de bonos sin consecuencias".
Más adelante, el documento señala que "elimina la Orden Ejecutiva 13.835 como un obstáculo para que los titulares del bono PDVSA 2020, de 8.5%, accedan a su garantía, y mantiene la presión de las sanciones donde corresponde, en el régimen de Maduro".
Varios representantes legales de los tenedores de estos títulos consultaron a la Oficina de Control de Activos Extranjeros sobre el impacto de la medida sancionatoria, ordenada por el presidente Donald Trump, en su capacidad de ejercer acciones legales, en caso de retraso grave del servicio de intereses o una declaratoria de impago o default.
De acuerdo con esta aclaratoria, el Ejecutivo estadounidense entendió que el gobierno venezolano podría ampararse en la propia sanción para justificar no pagar a los tenedores, cosa que la administración de Nicolás Maduro no ha hecho hasta ahora y los principales bancos de inversión de Estados Unidos y Europa creen que no va a hacer, a menos que lo obliguen las circunstancias críticas, sobre todo en el frente fiscal.
Cuando se conoció la decisión de la OFAC fuentes financieras indicaron que, posiblemente, la petrolera rusa Rosneft habría recibido una oferta de un fondo de inversión para ceder su participación en la garantía, cosa que no está descartada.
Hay que recordar que la Orden Ejecutiva 13.835, dictada por Trump el 19 de marzo pasado, prohibe a inversionistas estadounidenses involucrarse en la transferencia por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad donde el Ejecutivo venezolano tenga 50% o más de las acciones, así como en transacciones relacionadas en Estados Unidos.
En la cuerda floja...
Venezuela ha venido practicando una política de default selectivo con los bonos que mantiene en circulación, con el fin de cancelar los intereses de aquellos que significan mayores riesgos, especialmente el PDVSA 2020.(Ver: http://www.producto.com.ve/pro/palestra/gobierno-eeuu-autoriza-operaciones-bono-2020-pdvsa)
Expertos señalan que esta situación implica riesgos de demandas para el gobierno de Venezuela y ya se conoce que, al menos, dos grupos de inversionistas se han organizado para prepararse a tomar acciones ante la posibilidad de que la administración Maduro retrase los pagos más allá de los límites acordados.
La situación con el PDVSA 2020 es que si la deuda atrasada supera los 100 millones de dólares, los tenedores podrían exigir la aceleración de los pagos, una medida que puso en severos problemas al gobierno argentino de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que suprime plazos y establece una obligación de pronto pago de los intereses vencidos.
En este caso, el peligro de que Venezuela pierda la mayoría accionaria en Citgo sería altamente probable.
Venezuela debe pagar 9.000 millones de dólares en compromisos de deuda en lo que resta de año, si la reestructruración que, aparentemente, está negociando con algunos grupos de tenedores no se concreta.
PUBLICADO: 19 de julio de 2018