Para algunos politólogos, el gobierno de Nicolás Maduro vive un momento de estabilidad relativa, e incluso logró una bocanada de oxígeno con el más reciente aumento salarial, pero, según las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, parece que ejerce el poder sentado en un polvorín social.
Al cierre de septiembre, el OVCS registró 983 protestas, un promedio de 33 manifestaciones por día y un incremento de 394% en comparación con el número de acciones de calle que se registraron en la misma fecha de 2017.
En lo que va de año, la organización no gubernamental registra un acumulado de 9.355 protestas, un promedio mensual de 1039,4 manifestaciones. Ningún otro país de América Latina presenta un nivel de conflictividad social semejante.
Además, la conflictividad en Venezuela se ha hecho estructural, porque durante los últimos años registra un incremento constante. Sin embargo, este clima de agitación permanente no parece tener el poder de presión necesario para que se produzcan cambios de políticas que resuelvan sus causas.
Algunos expertos hablan de falta de estructuración política y de propuestas atractivas de alternancia frente al orden vigente.
¿Por qué protesta la gente?
Según el reporte correspondiente a septiembre del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, 87% de las protestas registradas en septiembre se produjeron para reivindicar derechos laborales, económicos, sociales y ambientales, mientras que el 13% tuvieron que ver con la exigencia de derechos políticos.
Sin embargo, "alrededor de 221 protestas combinadas se documentaron durante septiembre. Se exigieron distintos derechos simultáneamente. Los cierres de calle y concentraciones fueron las principales modalidades de protesta". Un dato interesante para leer.
Durante todo el año se ha mantenido la tendencia mayoritaria de las protestas reivindicativas, pues parece que el reflujo de la movilización política no ha concluído, básicamente por los problemas de coordinación de las distintas fuerzas opositoras y el poder represivo del Estado, que genera miedo en amplio sectores de la población.
Las principales características de la protesta social en septiembre fueron:
-Demanda de derechos sociales como eje central.
-Solicitud de garantía de las contrataciones colectivas.
-Exigencias laborales en los sectores salud, universitario, eléctrico, telecomunicaciones, transporte y siderúrgico.
-Colapso de los servicios básicos, agua potable, electricidad y gas doméstico.
-Protestas de adultos mayores por derecho a la seguridad social
¿Dónde la gente protesta más?
Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las regiones del país donde se concentró la protesta social fueron: Bolívar, con 145 protestas; Táchira, con 123 manifestaciones; Distrito Capital, con 103 acciones de calle; Anzoátegui con 74, y Lara, con 66.
No es extraño que Bolívar y Táchira aparezcan como los estados más conflictivos.
Bolívar concentra la mayor infraestructura industrial del país que está operando en niveles mínimos. Por ejemplo, Sidor viene trabajando con solo 30% de su capacidad instalada, por lo que la masa trabajadora está crecientemente insatisfecha. Además, esta región padece gravísimos problemas de inseguridad, fallas de servicios públicos y dramáticas agresiones contra el ambiente que afectan a uno de los mayores patrimonios naturales del país.
El Táchira es especialmente afectado por la escasez de bienes esenciales, el mal funcionamiento de los servicios, el impacto ya incontrolable del flujo emigratorio, las regulaciones al consumo de combustibles y otros productos, así como el hecho notable de que en esta región el reflujo de la actividad política es menor.
Los derechos más demandados en estas protestas son laborales, de acceso a servicios básicos, seguridad social, participación política y Derechos Humanos, especialmente con la exigencia de libertad para los presos políticos.
"Los derechos laborales siguen repuntando en las protestas. En septiembre, se contabilizaron 409 casos en todo el país. En respuesta al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que activó el Gobierno nacional, se han generado múltiples acciones de protesta por parte de diversos gremios laborales que rechazan el aumento unilateral del salario mínimo. Además, exigen el respeto a las contrataciones colectivas alcanzadas por las luchas sindicales a lo largo de los años y que fueron desconocidas por las autoridades gubernamentales con el anuncio del 'Paquetazo de Maduro'", resalta el OVCS.
La explicación para esta conflictividad laboral es abordada por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, a partir de la situación de colapso inducido que vive el sector productivo. "Algunas empresas y comercios tuvieron que realizar reacomodos, optar por el subsidio del Estado o cesar hasta nuevo aviso las operaciones luego de que se oficializara el ajuste de Bs S 50 a Bs S 1.800, a partir del 1° de septiembre. En el caso de la Administración Pública, los trabajadores han dejado de percibir seguros privados, primas y otros beneficios, lo que se ha traducido en descontento".
La ONG insiste en que la situación de crisis humanitaria se ha agravado, como lo evidencian las protestas constantes por falta de alimentos y medicinas, pensiones dignas para las personas de la tercera edad, suministro cada vez más precario de agua y electricidad, y el colapso -un término cada vez más recurrente- de las infraestructuras de salud y educación, así como del transporte público.
"Desde el OVCS, reiteramos que 2018 se convertirá en el año con mayor número de protestas registradas en los últimos diez años, por encima de 2014 y 2017. Todos los récords de protestas han ocurrido durante el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ratifica el progresivo descontento popular y la agudización de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela", concluye el reporte.
PUBLICADO: 16 de octubre de 2018