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2018 cierra con una caída histórica del consumo en Venezuela

Las señales que envía el sector comercio hablan de la peor temporada de fin de año en, por lo menos, los últimos 30 años. Según la estimación de Torino Capital, el consumo privado cayó 13,1% en 2018, como cifra más "optimista", mientras estimaciones privadas de empresas investigadoras de mercado, conocidas por PRODUCTO, indican que la caída real fue de 26%.

El seguimiento del Centro de Documentación y Análisis Social, adscrito a la Federación Venezolana de Maestros, (Cendas), a noviembre pasado una familia promedio de cuatro medios necesitó el equivalente 67,6 salarios mínimos para comer y para satisfacer su consumo básico de bienes y servicios un total de 102,1. Para esto sirve el medio Petro.

Durante los primeros 11 meses del año, el promedio de incremento de precios mensual fue de 146%. Solo entre octubre y noviembre, el costo de la canasta alimentaria normativa subió 132,6%. Se ha hecho costumbre que la categoría de alimentos experimente incrementos superiores al resto de los bienes y servicios.

El promedio para la canasta básica promedió 128% mensual entre enero y noviembre. Entre el mes 10 y el 11, el costo del consumo básico familiar subió 122,9%. En concreto, la canasta alimentaria evidenció un aumento anualizado de 169.189,3% y la básica de 132.231,1%. No tiene sentido, por obvio, hacer el contraste con el aumento del salario mínimo. 

No obstante, conviene señalar que, según fuentes del Banco Central de Venezuela, el gobierno se maneja con la idea de que el ingreso familiar básico equivale a cuatro salarios mínimos, gracias a los "bonos protectores" que periódicamente se conceden a través de la plataforma del carnet de la patria. Esto significa que, según el estándar usado por el Ejecutivo, el ingreso mínimo familiar promedio es de BsS 18.000. A noviembre, la canasta alimentaria medida por el Cendas costó BsS 121.719.

No volverán

Con las rebajas forzosas de entre 50% y 80% que la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) está imponiendo a comercios de todo el país, podrían cerrar definitivamente al menos 20% de los establecimientos objetos de estos operativos que aún funcionan en el país, ya que estos no podrán recuperarse de las pérdidas ocasionadas por las intervenciones del organismo gubernamental.

Según un análisis divulgado por el Centro De Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE-Libertad), estas estimaciones van en línea con lo que ha sido el resultado de las operaciones de ataques a la propiedad privada, en forma de intervenciones a la actividad comercial, que se han hecho tradicionales en ciertas épocas del año.

Según la socióloga Ana María Carrasquero, investigadora del Observatorio de la Propiedad Privada de CEDICE, desde el año 2013, cuando se produjo el recordado "Dakazo", en lugar de las expropiaciones se ha pasado a una política de intervenciones de empresas y, sobre todo, de comercios que, incluso, tiene una estacionalidad. De hecho, dos épocas claras de ataques al comercio son la temporada de compra de útiles escolares y las fiestas de fin de año, cuando se agudizan y extreman estas operaciones.

La socióloga recuerda que en 2016 fueron víctimas de estos procedimientos la importadora de juguestes Kreisel y la cadena de ropa niños EPK. Desde entonces, por ejemplo, el mercado de juguetes, donde casi no existe fabricación nacional, se ha contraído más de 80%, al punto de que en 2018 no existen prácticamente juguetes nuevos en existencia.

Es un síntoma claro de esta situación que no existan campañas publicitarias de lanzamientos de juguetes en los canales de TV. Según una encuesta de la Cámara Venezolana de Juguetes, Deportes y Recreación (Cavefaj) solo 23% de las empresas del sector decía trabajar a 100% de capacidad a julio pasado, mientras que 75% de 370 afiliadas al gremio operaban a solo 15%.

En 2018, CEDICE destaca la política de intervención de fincas ganaderas que ha incidido en una casi absoluta escasez de carne. En uno video de la serie Liberty Live de la organización, la socióloga Carrasco explica que un productor necesita al menos tres años de inversión y cuidado para poder arrimar un animal a un matadero con una adecuada expectativa de ganancia, por lo que no es justo que una autoridad local o regional pretenda arrebatarle la propiedad de un producto que es resultado de un esfuerzo.

 

La investigadora señala que detrás de la escasez y la hiperinflación está el ataque sistemático a la propiedad privada. Y coloca como indicador, el hecho de que, según cifras de Fedeagro, el consumo anual per cápita de carne se ha reducido a solo cuatro kilogramos en 2018, cuando en 2012 era de 23 kilogramos.

Más allá del obvio impacto emocional que implica la desolación de los comercios en centros comerciales y en zonas de gran concentración de tiendas en plena temporada navideña, lo que cuenta son los datos sobre una catástrofe que no parece reversible en un plazo breve, a pesar de que algunas consultoras, como Torino Capital, apunten que fenómenos como la hiperinflación y la contracción del consumo -que es una consecuencia directa- se atenúen de manera importante.

De hecho, Torino estima que la contracción del consumo privado será de solo 3% en 2019. Eso se llama optimismo.

 

 

 


PUBLICADO: 21 de diciembre de 2018