En opinión de los laboratorios nacionales, antes de otorgar patentes farmacéuticas el gobierno debe garantizar la seguridad social

El panorama en el mundo de las patentes de medicamentos no termina de aclararse. La Cámara de Laboratorios Venezolanos (LAVE) es cada vez más contundente en su posición, que clama porque se respete el plazo internacional para lograr una eficiente seguridad social en el país y luego, sólo luego, permitir que el gobierno acepte solicitudes de patentes, y las otorgue, según sea el caso.

Venezuela, como todos los denominados países en desarrollo, cuenta con un plazo de diez años (desde 1995 hasta el 2005) para optimizar la legislación y tecnología local que involucra a la materia, según consta en la Ronda Uruguay del General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) –en la cual participó el país junto a otras 40 naciones– reunida en 1995.

Se estima que llegada la fecha tope los pueblos latinoamericanos estarían en condiciones de afrontar un esquema de patentes socialmente coherente en el cual el gobierno absorba el impacto que sobre el consumidor tendría el alza de precios de medicamentos de patentes exclusivas. Muy importante. Sobre todo (ver gráfico) si se toma en cuenta que en Venezuela se expenden los medicamentos más económicos de Latinoamérica.

El problema es que, tal como lo dijo PRODUCTO (edición 171, pág. 100), el gobierno acepta solicitudes y otorga patentes a través del Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo con la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, la cual no está ratificada aún –en materia de patentes– por el Congreso venezolano, hecho que la descalifica legalmente. Simultáneamente, en Venezuela se estudia una reforma para la Ley de Propiedad Industrial.

"El hecho es incluso inconstitucional, pues el artículo 136 de la Carta Magna explica que la legislación en materia de Propiedad Intelectual (que involucra a las patentes, obviamente) es competencia del Poder Nacional. No se contempla en forma alguna la supranacionalidad, ni figuras internacionales, ni tratados", dijo a PRODUCTO la abogada Milagros Ladera, coordinadora ejecutiva de LAVE. El planteamiento es lógico, aunque la necesidad de actualizar la Constitución es de por sí un viejo tema.

Según Jorge Rivas, presidente de LAVE, la promulgación de la citada ley hará al gobierno susceptible de demandas por parte del sector agraviado, que vio pérdidas por los otorgamientos supuestamente ilícitos antes de que se legalizara el proceso.

Por otra parte, LAVE aboga por eliminar cualquier posible retroactividad en el otorgamiento de las patentes. Esto se refiere a que –dentro de un marco ideal– estas certificaciones sean entregadas a futuro (lo cual implicaría anular las actuales) sólo a moléculas absolutamente novedosas, no así a medicamentos que ya se encuentren en el mercado.

Algunos especialistas ejemplifican sus dudas sobre los beneficios de patentar con casos internacionales.

En Perú, por ejemplo, la promulgación de una ley de patentes provocó el cierre de 14 laboratorios multinacionales, a los que les convenía más importar sus productos que producirlos localmente.

Brasil, por su parte, presenció una importante alza en los precios de sus medicamentos; mientras que expertos argentinos determinaron la "oligopolización" de la oferta, impulsada por la práctica. Venezuela no tendría, necesariamente, que ser la excepción, aunque los milagros existen.

La gran verdad en este maremágnum es que antes de dar el gran paso a la instauración definitiva de un sistema de otorgamiento de patentes farmacéuticas, el Estado debe ofrecer un adecuado sistema de seguridad social.

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