Mayor protección a los derechos de propiedad intelectual en América Latina beneficia a los inversionistas extranjeros y a la región misma

Si usted inventa algo, será suyo para venderlo. Si tiene el derecho de venderlo, usted querrá seguir inventando. En consecuencia, las leyes de patente "agregan el combustible del interés al fuego del ingenio", expresó Abraham Lincoln. Los inventores cosechan frutos, la sociedad recoge los beneficios de la innovación.

No todas las sociedades lo han visto así. En 1975, la Conferencia de la ONU sobre el Comercio y el Desarrollo recomendó que los productos farmacéuticos tengan precios inferiores al valor del mercado en los países en desarrollo, de modo que sus consumidores no lleven la carga de los costos de desarrollo de nuevos medicamentos. Abogados en República Dominicana, que actualmente abordan demandas por señales piratas de televisión por satélites, alegan que las señales de satélite violan sus espacios aéreos.

Aquí yace el debate internacional sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual: el derecho de los inventores a controlar y vender sus propios productos creativos.

Durante dos siglos, la protección de la marca comercial y patente ha alimentado una fuerza distintiva de la economía estadounidense: su inventiva. La falta de protecciones efectivas en el exterior del territorio estadounidense no es un asunto legal abstracto, el mismo causa miles de millones de pérdidas cada año.

En toda América Latina y el Caribe, los productos estadounidenses de entretenimiento son copiados, vendidos y difundidos ilegalmente. La mayoría de las estaciones de televisión en Bolivia transmiten programación pirata. En América Central, las tasas de piratería en ventas y alquiler de videos están próximas al ciento por ciento.

¿Qué puede hacerse?

Según las leyes estadounidenses, los países con insuficiente protección se colocan en "listas de observación" o se les señala para la toma de sanciones comerciales reales si los problemas no se corrigen. Este es un enfoque justo: todos los beneficios del comercio no deberían ir a los países que efectivamente permiten que la propiedad de los inventores sea tomada para su uso sin compensación para sus creadores.

Países tales como Chile, México y Brasil han mejorado la protección de la propiedad intelectual (PI) debido a que la consideran esencial para su futuro económico. Hacen los cálculos adecuados. En una economía global, donde el capital y los trabajadores talentosos pueden moverse libremente, la protección de PI proporciona beneficios tangibles. Innovación e inversión. Los inventores se ubican donde su trabajo está protegido y los negocios internacionales se instalan donde sus productos y procesos estén seguros. La protección de PI es, por lo tanto, un primer paso fundamental para una mayor innovación. Para un país como Brasil, que posee enormes recursos de biodiversidad, la protección de PI mejora significativamente las oportunidades para el desarrollo farmacéutico indígena.

Las nuevas inversiones extranjeras transfieren tecnología de avanzada a empleados y gerentes locales, aumentando la competitividad de la economía. En Chile, los diseñadores de programas de computación exportan softwares de contabilidad y gerencia hospitalaria a Estados Unidos y otros mercados.

Fuertes leyes de PI son señales de que un país toma en serio los negocios internacionales y acepta las normas legales que los rigen.

Los intereses atrincherados dificultan el trabajo. En Argentina, por ejemplo, los intereses del sector farmacéutico han obstaculizado repetidamente los esfuerzos del presidente Carlos Menem para fortalecer las leyes de patente.

Las decisiones que toman las naciones latinoamericanas afectan sus intereses internacionales. De igual importancia es el hecho de que sus acciones definen las protecciones que recibirán sus propios artistas e inventores y determinan el grado en el que esos innovadores desencadenarán su creatividad en beneficio de sus propias naciones. Cuando haya una amplia comprensión de esos beneficios mutuos, América Latina podrá avanzar en el trabajo de crear fuertes leyes y edificar sistemas judiciales necesarios para su cumplimiento.

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