Escenario complejo El ordenamiento jurídico venezolano en materia de propiedad intelectual es mucho más complejo que lo planteado por las normas internas y los acuerdos multilaterales como la OMC y CAN. Desde hace 14 años el país ingresó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y asumió compromisos en varios de los tratados que administra esta entidad. - Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. - Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. - Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) - Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WppT). - Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. - Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas. Venezuela también es miembro de la Convención Universal sobre Derechos de Autor, pero este tratado es administrado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

SAPI aspira a convertirse en un Instituto Autónomo de Propiedad Intelectual y sus autoridades trabajan en un proyecto de ley que podría cristalizar en 1999

La agenda venezolana en materia de propiedad intelectual está copada hasta bien entrado el siglo xxi, legisladores y ejecutores se encuentran en una carrera contra el tiempo que ya no es posible posponer.

Los esfuerzos no pueden ser aislados, es necesario crear una sinergia entre los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el sector productivo y las universidades. Por parte del gobierno, los llamados a liderar este proceso son los representantes de la Dirección General Sectorial Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), del Ministerio de Industria y Comercio.

Todo ello con el propósito de colocar al país a la altura de los compromisos internacionales que asumió con su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y su consecuente adhesión a los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic).

Esta es una de las principales conclusiones del I Congreso Venezolano de Propiedad Intelectual realizado en el Zulia el pasado mes de octubre. Este encuentro de especialistas en derechos marcarios, de autor y patentes fue organizado por el SAPI, el Consejo de Fomento de la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de los Andes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Pdvsa-Intevep) y la Fundación Venezolana para el Avance de la Ciencia (Fundavac).

Con estas premisas en agenda se acordó crear un comité técnico cuyo objetivo es preparar una propuesta que será entregada al próximo presidente de la República y a los nuevos representantes ante el Congreso Nacional. Este grupo está presidido por el Consejo de Fomento de Luz, y en la secretaría fue designado Ricardo Antequera Parilli, actual presidente del Instituto Interamericano de Derechos de Autor (IIDA).

Armonía internacional

Francisco Astudillo, director general del SAPI, sostuvo que la primera tarea pendiente es la aprobación de una nueva ley de propiedad intelectual que sustituya a la vieja Ley de Propiedad Industrial de 1995 y armonice la legislación interna con la normativa andina a los acuerdos Adpic.

Pero también es necesario trabajar en un proyecto de ley para la creación del Instituto Autónomo de la Propiedad Intelectual, ya que el actual Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, que entró en funcionamiento en mayo del presente año, es solo un estadio intermedio entre el antiguo y obsoleto sistema de registro y el futuro de la administración de esta rama.

De igual forma, es necesario abrir de una vez el registro de variedades vegetales. Según Astudillo, se firmó un convenio con el Fondo Nacional de Investigación Agropecuaria (Fonaiap) para la certificación de las semillas que serán registradas.

Además, Venezuela debe dedicarse a definir su posición frente a sus socias de la Comunidad Andina de Naciones (CAn) y trabajar en armonía para modificar la decisión 344 y adecuarla a los acuerdos de Adpic.

El papel internacional del país en materia de propiedad intelectual no termina allí. Venezuela tiene en sus manos la presidencia del grupo de trabajo sobre propiedad intelectual en el marco de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuyas negociaciones se iniciaron el pasado 15 de octubre.

Todo este trabajo meramente legalista debe traducirse en resultados, para ser presentados por Venezuela ante sus socios de la OMC a partir del primero de enero del año 2000, según lo expresó Octavio Espinosa, representante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Esto significa que el país debe eliminar de raíz las falsificaciones de marcas, la piratería de videos, discos, libros, software, fragancias, entre otros.

Al mismo tiempo, debe garantizar que el registro de patentes ocurra en un lapso razonable, aunque hasta ahora las normas Adpic no han definido cuánto tiempo es razonable.

Pero Venezuela, al igual que los países de la Comunidad Andina de Naciones, está muy cerca de lograr las metas mínimas de cumplimiento establecidas por el acuerdo de Adpic.

Por ejemplo, en materia de invenciones algunos países desarrollados tardan entre 4 y 5 años en conceder una patente. Mientras que en Venezuela el promedio está entre 2 y 3 años, explicó Octavio Espinosa.

Pauta pragmática El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), como todo arreglo de tipo comercial, es eminentemente pragmático. Su objetivo es simple: evitar que los distintos ordenamientos jurídicos sobre derechos de propiedad intelectual y observancia se transformen en obstáculos del libre comercio. En Venezuela estos acuerdos entraron en vigor el 29 de diciembre de 1994, fecha de publicación de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.829. El acuerdo sobre los Adpic constituye un hito en la historia de la propiedad intelectual y marcará la pauta en los próximos años, aseveró Francisco Astudillo. Con su aplicación se aspira a uniformar las normas en materia de propiedad intelectual y contar con un marco multilateral de principios, normas y disciplinas para reprimir el tráfico internacional de mercancías falsificadas.

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