Piratería de suela ancha

El caso Reebok refuerza los precedentes que desvirtúan a Venezuela ante los ojos internacionales en materia de propiedad intelectual

Reebok International Limited, marca notoria de calzados y artículos deportivos, en su última batalla contra la piratería anotó varios puntos a favor de la protección marcaria en Venezuela.

A su competidor desleal, Calzados Marylin, se le prohibió comercializar sus zapatos de la marca pirata Reebok, registro de la cual poseía la propiedad desde hace más de doce años. La decisión correspondió al hasta hace poco titular del Servicio Autónomo de Registro de Propiedad Industrial, Rolando Vega.

El escritorio jurídico Baker & McKenzie no pudo gestionar la nulidad de la marca amparado en la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ya que ésta no estaba vigente para la fecha de la solicitud. Entonces, los abogados fundamentaron la acción de nulidad en la violación de la propiedad implícita en el registro de marcas notorias, contenida en la Ley de Propiedad Industrial.

Reebok International alegó que el proceso por el cual Marylin obtuvo el registro, violaba disposiciones de orden público destinadas a tutelar el interés del consumidor venezolano.

A los efectos, Vega aplicó disposiciones de la citada ley, así como de la Orgánica de Procedimientos Administrativos. El caso Reebok guarda precedentes que colocan a Venezuela bajo la desconfianza de los actores del comercio internacional.

Timberland (caso cuyo último episodio se desglosa en esta misma edición), Levi's, Nintendo, Calvin Klein, GAP y Tommy Hillfiger son algunas de las marcas de renombre que se han visto afectadas por prácticas de piratería y uso indebido de nombres.

Las circunstancias, conjugadas con la visita a Venezuela del presidente norteamericano Bill Clinton –con el fin de oficializar un acuerdo bilateral sobre inversiones–, resultaron en un compromiso oficial por parte de Venezuela, de ser parte activa y proactiva en el reforzamiento de la protección internacional a la propiedad intelectual.

Claro, adecuar el panorama en esta materia a los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio –resumidos en los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)–, es una condición sine qua non impuesta por Estados Unidos para establecer cualquier relación comercial con otra nación.

El compromiso venezolano radica en promover dentro de la Comunidad Andina de Naciones la reforma de la Decisión 344 de la Junac. De lograrlo, el país daría el primer paso para acoplarse a los ADPIC, pues los lineamientos del Acuerdo de Cartagena no todos concuerdan con los de la OMC y, claro, Venezuela está supeditada a ellos.

Es de recordar que este país, como todos los en vías de desarrollo miembros de la OMC, tiene un plazo de gracia de cuatro años –vence el primer día del nuevo siglo– para adherirse a las citadas disposiciones.

El segundo pendiente sería la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que data de 1955. Esta se encuentra en alguna gaveta del Congreso Nacional, pero ya se habla de desempolvarla.

Paso a paso 1895. La compañía JW Foster fabricaba ya su calzado deportivo. 1900. Foster cambia el nombre de su compañía a Reebok International Limited. 1985. Calzados Marylin obtiene el registro de la marca Reebok en Venezuela sin el permiso de la casa matriz, y empieza a comercializarla. 1996. Reebok International Limited penetra al mercado venezolano, pero bajo la denominación comercial "Vector", dada la existencia del registro de Marylin. 1997. En agosto, el Servicio Autónomo de Registro de Propiedad Industrial falló a favor de la compañía internacional, prohibiendo a Marylin comercializar en lo sucesivo el producto infractor.

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