Mientras Venezuela promete al mundo seguridad jurídica, el Congresillo no tiene tiempo para aprobar una ley que sin duda alentaría nuevas inversiones

Venezuela está en mora. Esta vez no se trata del pago de intereses a algún organismo financiero internacional, sino de un compromiso suscrito con la Organización Mundial del Comercio (OMC) que venció el primero de enero del presente año por "falta de interés", tal como lo señala la legisladora María Angélica Jaramillo.

Se trata de la nueva Ley de Propiedad Industrial, un proyecto que durante la pasada gestión llegó hasta la Comisión Económica del Senado, luego de ser aprobada en la Cámara Baja, pero que "gracias al lobby hecho por los representantes de Laboratorios Venezolanos (Lave) y la Cámara Venezolana del Medicamento (Caveme) –tal como señala Jaramillo– no terminó de concretarse para entrar limpio en la agenda del otrora Congreso de la República".

Como se recordará, las objeciones del sector farmacéutico se centraban en la supuesta afectación del "interés público" con una irremediable subida en los precios de los medicamentos, a consecuencia del pago de patentes correspondientes a los productos procesados.

Los "peros", para la fecha, también acompañaron a los consultores legales llamados por Covapi, quienes consideraron que las tasas a pagar por trámites administrativos eran demasiado altas, lo que a la larga daría al traste con lo que se buscaba, es decir, lograr que los empresarios pagaran un precio justo por los valores de marca.

Pese a conocer los límites de tiempo impuestos por la OMC, no se llegó a ningún acuerdo, y al no saber dirimir sus diferencias, los responsables de aprobar el proyecto en ciernes colocaron sobre el país una espada de Damocles que ahora amenaza con dejarnos mal parados ante los ojos del mundo.

Decisión 344, una salida

Pero no todo está perdido, advierte Jaramillo. Si se logra modificar una norma supranacional como la Decisión 344, suscrita entre todos los países del Pacto Andino y que también regula la materia de propiedad industrial, es posible que baje la presión para cumplir con el acuerdo suscrito ante la OMC.

"En la decisión andina –especifica la abogado– no están regulados los procedimientos legales y esa es justamente una de nuestras deficiencias. En la Ley de Propiedad Industrial venezolana, que data de 1955, tampoco tenemos ese instrumento, actuamos en función del Derecho Común. Pero sería mucho más expedito, teniendo en cuenta que este es un tema muy dinámico, relacionado con el comercio y la tecnología, contar con acciones legales como sucede con la Ley de Derecho de Autor".

Taymi Márquez, directora del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (Sapi), se encuentra justamente haciendo las gestiones necesarias para lograr una "salida andina" a la encrucijada que tiene Venezuela. Le animan algunas informaciones recibidas desde Perú y que sugieren, "aunque todavía no es oficial", una tregua dada por la OMC para que los "países en vías de desarrollo" se pongan al día.

Jaramillo supone que la medida, probablemente, tenga que ver con la reunión de Seattle, la cual considera "le movió el piso a los líderes mundiales", al poner en tela de juicio las poco consecuentes posiciones que han sido asumidas, sin tomar en cuenta diferencias notorias entre los países adscritos a este organismo.

"Las críticas a las políticas económicas desarrolladas por ese ente –comenta Jaramillo– fueron muchas. Se dijo que no estaban pensando en los problemas sociales que atravesaban pueblos como los latinoamericanos: el caso de Colombia con su conflicto cívico-militar, o el de Centroamérica con las secuelas que dejó el huracán Mitch. Es posible que lo sucedido en Venezuela, con las pérdidas humanas y materiales que dejaron las inundaciones en La Guaira, les haya hecho pensar de otra forma".

Aunque la integrante de la Comisión Legislativa no descarta la existencia de tal lapso de espera, prefiere irse por lo seguro y hacer uso de sus influencias y experticia para que Venezuela renueve de una vez por todas su caduca Ley de Propiedad Industrial.

Mientras el embajador Werner Corrales le verifica el rumor, Jaramillo acelera sus pasos por los pasillos del Capitolio, intentando encontrar apoyo a su intención. Julio César Fernández, miembro del Congresillo, igual que ella, le ha dicho que es imposible que la referida norma integre la agenda de la Comisión, pues hay por lo menos 20 leyes que están en cola y que urgen para agilizar el funcionamiento de la novel República Bolivariana.

Jaramillo no se da por vencida y explica lo que piensa hacer antes de que culmine su lapso de ejercicio legal que vence el 28 de mayo. "Si ciertamente la OMC tiene intención de llevarnos a un panel de controversia, sin que todavía se concrete la reforma a la Decisión 344, la salida sería abogar para que el Ejecutivo nacional nos planteara la revisión del proyecto de Ley de Propiedad Industrial como una medida de urgencia. La idea sería lograr un consenso rápido entre los involucrados".

Si, por el contrario, como explica Jaramillo, se lograra aprobar antes la modificación de la Decisión 344, no habría necesidad de agilizar la promulgación de la ley nacional, aunque no estaría de más seguirle los pasos, "pero ya sería competencia y materia de la Asamblea Nacional".

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