Dos maneras de atacar y reducir la libertad de expresión han caracterizado los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Primero fue la arremetida ideológica. Me refiero al sistemático discurso del régimen para identificar el periodismo independiente como enemigo de la revolución; desde el principio, aquellos que informaran lo que al gobierno incomodaba, fueron acusados de traidores, agentes del imperialismo, enemigos de la patria, etc. Este discurso se fue profundizando y derivó en insultos, amenazas y difamaciones.
Las centenares de horas de programas de radio y televisión en interminables cadenas, se convirtieron en instrumento para atacar despiadadamente a la disidencia, en particular a los periodistas y editores que no comulgaran con las ideas chavistas. Es así como Venezuela ha logrado un record mundial de cadenas televisivas y radiales, protagonizadas por Chávez primero, luego Maduro y Diosdado Cabello, donde lo principal es el discurso engañoso y la agresión permanente. Muchos editores y periodistas están pendientes de estos programas, dispuestos a recibir intimidaciones, maldiciones, injurias, improperios, sin que puedan defenderse a través de la réplica o de los tribunales. Muchos se han ido del país amenazados y, en determinados casos, tanto Maduro como Chávez usaron y usan estos programas para dar instrucciones a jueces y fiscales para que les abran procedimientos judiciales.
Segundo, el ataque operativo. Con esto quiero referirme a los incontables mecanismos que han desarrollado progresivamente para reducir al periodismo independiente a su mínima expresión. Comenzaron con la agresión física, grupos de lo que denominaban “el pueblo espontáneo” que resultaron ser empleados del gobiernos movilizados muchas veces en vehículos oficiales. Estos individuos golpearon a periodistas, fotógrafos, atacaron peri8ódicos y plantas de televisión, hicieron destrozos a diestra y siniestra.
Así empezaron pero no les resultó, porque los periodistas se solidarizaban entre ellos y el efecto era el contrario. Luego se inició el verdadero desmontaje de los medios de comunicación. El inicio fue la Ley Resorte, armada para actuar discrecionalmente contra la radio y la televisión. La primera acción fue cerrar RCTV y luego el Circuito CNB (de Nelson Belford), que eran los más importantes. Posteriormente viene la extorsión con la amenaza de aplicación de la misma medida a otros medios. Hoy es inclusive más agresivo y abusivo, una mayoría de las 800 estaciones de radio y de los canales de televisión tienen las concesiones vencidas y ante cualquier cosa que les incomode, los amenazan con quitarles la señal. Se trata del aparato de extorsión más grande con que cuenta el Gobierno para silenciar a los medios audiovisuales. De hecho, el 40% del territorio nacional sólo tiene acceso a medios oficiales y el 60% restante a medios audiovisuales autocensurados.
Con los periódicos el ataque ha sido distinto, quizás porque consideran que lo que llega a la gran masa es la radio y la televisión. Sin embargo han actuado con fuerza y lo que queda de prensa escrita independiente es muy poco. A los periódicos que no se doblegan les cortan el suministro de papel a través del monopolio estatal de importación llamado Corporación Maneiro. Sobrevive El Nacional, al que nunca le han vendido una bobina de papel; y puede seguir saliendo gracias a la solidaridad internacional. Se mantienen a duras penas El Nuevo País, Tal Cual y algunos periódicos regionales. Otros periódicos nacionales como El Universal o Ultimas Noticias han sido comprados por el gobierno a través de mecanismos poco transparentes, con fondos públicos, y en la actualidad mantienen una línea diseñada por el gobierno.
A todo lo anterior habría que agregar la represión administrativa, tanto publicitaria como tributaria: no hay avisos oficiales si no están de acuerdo con el contenido editorial, y cada vez que se publica algo que les incomoda aparecen los fiscales del Seniat con órdenes directas de multar y cerrar el medio. Por otro lado, la utilización de los tribunales para abrir procedimientos penales a los comunicadores, al igual que lo hacen con toda la disidencia, constituye otra amenaza. Todo esto se lleva a cabo gracias a las famosas medidas cautelares tomadas por los jueces, que les permiten llevar a la cárcel de manera indefinida a cualquier persona, sin que haya sentencia y ni motivo para una acusación.
A pesar de que vivimos en una era completamente digital, actualmente hay en el país más de 2.000 páginas web permanentemente bloqueadas, así como persecuciones a aquellos que colocan mensajes políticos contrarios a la revolución. Varios tuiteros han sido privados de libertad por sus mensajes.
Este es el panorama que tenemos actualmente en Venezuela, agravándose cada día más con el carácter represivo del gobierno que se acentúa con el tiempo y la crisis económica que afecta a todo el país. Adicionalmente, los países con gobiernos de corte populista que el chavismo tiene como aliados, han ido aplicando poco a poco las mismas tácticas contra los medios, lo cual es muy preocupante a nivel latinoamericano y quizás europeo, con la amenaza de Podemos en España.
Miguel Henrique Otero
Editor, propietario del diario El Nacional
PUBLICADO: 25 de abril de 2016