Estudios de ciencias políticas y el dinámico desempeño de la propia sociedad venezolana demuestran ya que, en el fondo, ese proyecto no fue ni revolución, ni bolivariana, ni socialista ni mucho menos algo que apuntara a las características de modernidad del siglo XXI.
Esta contradicción -para muchos, una verdadera estafa- tiene expresión propia en el funcionamiento de los medios, en el ejercicio del periodismo, en la vigencia de la libertad de expresión, en el imperio de una opinión pública libre y plural: lo que se conoce como “Hegemonía Comunicacional”, reivindicada por el actual régimen como uno de los máximos atributos de la “revolución”.
Las herramientas para su implementación han sido varias: cierres y clausuras a la fuerza, asfixia financiera o económica, imposición de la autocensura, compra directa de medios por terceros aliados, persecución al periodista o al opinador, “visitas” o “inspecciones” en las empresas y uso descarado de la justicia penal para perseguir a quien piensa y opina distinto.
Se dice que Nicolás Maduro no está a la altura de la herencia recibida. Estoy en total desacuerdo con esa afirmación. Maduro recibió los estertores de un modelo moribundo bajo sus propias deudas, ineficiencias y mentiras. Le entregaron un modelo que generaba más asfixia que libertad.
¿Qué hacer, entonces, en el área de los medios, la opinión pública y la libertad de expresión ante la posibilidad de que, constitucionalmente, la sociedad venezolana dé término a la farsa denominada Socialismo del Siglo XXI?
La respuesta tiene dos facetas, dos instancias. Una externa y una interna.
Por la externa –de cara al país, al ciudadano de a pie, a la comunidad internacional– proponemos de entrada una Declaración de Principios muy breve pero contundente: total apego a la libertad de expresión, a la pluralidad de opiniones, a la no utilización del sistema judicial para amenazar o perseguir a propietarios, administradores o profesionales de los medios.
De seguido, una inmediata revisión en el ámbito de la Justicia de los casos en los cuales algún venezolano se sienta vulnerado en sus derechos de propiedad, uso o disfrute del los medios. Esto no con una actitud restauradora de irritantes privilegios, sino como un acto de justicia y ecuanimidad.
Tercero, identificar e imponer los estímulos para que, en el entramado social venezolano en materia de medios y vigencia de la libertad de expresión, priven dos cosas: la institucionalidad y la modernidad. En otras palabras y sin falsetes ideológicos, retomar la verdadera ruta del siglo XXI en materia de tecnología, telecomunicaciones, inversiones, pluralidad y derechos humanos.
La segunda faceta, la “interna”, impone mirar hacia la estructura misma del gobierno. En este sentido, proponemos un verdadero revolcón, duro, drástico, trasparente, pero a su vez gerencial y profesional. Hay que desmontar centenas de recursos comunicacionales meramente partidistas, rentistas, que sobrecargan la administración pública con la única misión de promover la agotada faceta socialista y revolucionaria del régimen que agoniza.
En esta instancia interna apostamos por una sola y eficiente oficina de información gubernamental, un solo moderno, competitivo y muy equilibrado esquema informativo de radio y televisión del gobierno, un gasto publicitario gubernamental con rendición pública y periódica de cuentas y, fundamental, devolverle a Conatel, Cantv, Centro Nacional de Cinematografía, Imprenta Nacional, sus verdaderas condiciones de instancias técnicas, especializadas, transparentes, representativas de la sociedad e innovadoras, expresando los avances que la humanidad experimenta en esas puntales áreas.
Es frecuente que “lo externo” llene en mucho los debates de quienes con optimismo soñamos con una mejor Venezuela. Pero sin decisiones estructurales y de fondo hacia “lo interno”, lo primero estará conformado por acciones sin mayores esperanzas de crear y consolidar institucionalidad, modernidad y retorno a la libertad.
Luis Vezga Godoy
Periodista. Asesor en comunicaciones estratégicas
PUBLICADO: 22 de junio de 2016