Nada de eso ocurrió: Venezuela continúa siendo uno de los peores países del mundo para el ejercicio del periodismo y para el libre flujo de informaciones y opiniones. Según Freedom House, integra la ominosa lista de los estados “no libres” en esta materia; según Reporteros sin Fronteras, ocupa el lugar 137 entre 180 naciones evaluadas –donde el número 1 (Finlandia) es el que goza de más libertad y el 180 (Eritrea) es el menos libre–; y según la Sociedad Interamericana de Prensa es, después de Cuba, el país de América más represivo contra la prensa.
Los hechos de las últimas semanas confirman que la tendencia totalitaria del régimen que preside Nicolás Maduro no ha cambiado un ápice después de las elecciones de diciembre. A mediados de marzo, el diario El Carabobeño fue forzado a cerrar, a 82 años de su fundación. El diario fue una víctima más de la política de control estatal y castigo a medios independientes que aplica el gobierno “bolivariano” al impedirles acceder a las divisas necesarias para comprar los insumos básicos (papel y tinta) que les permitirían circular.
Los periódicos que no se arrodillan ante el régimen desaparecieron o debieron reducir sus ediciones a menos de una cuarta parte de lo habitual porque, simplemente, el gobierno les impide comprar papel. Catorce publicaciones han salido de circulación entre agosto de 2013 y 2016, tres de estas de manera definitiva, por falta de papel periódico, de acuerdo al Instituto Prensa y Sociedad.
La clausura de El Carabobeño, inducida por el Maduro-Chavismo, es otro grave golpe al derecho de los venezolanos a estar debidamente informados. El diario, uno de los principales socios venezolanos de la SIP, era un bastión del periodismo y defensor a ultranza de la libertad de prensa y de expresión.
En su último editorial, El Carabobeño dijo que su cierre “es una evidencia de que desde esta casa editora se ha ejercido un periodismo veraz y objetivo, ese que no le gusta a un gobierno que ha hecho todos los esfuerzos por imponer una hegemonía comunicacional que, en Carabobo, con el cierre de nuestra edición impresa, es ya un hecho”.
Pocos días antes del adiós de este diario, un juez chavista condenó a cuatro años de prisión al presidente del diario Correo del Caroní, David Natera Febres, acusado de delitos de “difamación” e “injurias” luego de difundir reportajes sobre corrupción en una empresa estatal.
Esta fue otra grosera coacción contra la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a informarse sobre asuntos de interés público. El periódico había reportado sobre la corrupción detectada en una empresa pública dedicada a la extracción y procesamiento de mineral de hierro. Además de la prisión de Natera Febres, el juez chavista le prohibió salir del país, ordenó al diario a pagar una multa y sentenció que el periódico no podrá publicar nuevos artículos sobre el caso de corrupción investigado.
Naturalmente, esta decisión judicial promueve la censura previa y procura que el periodismo mire para el costado ante denuncias sobre corrupción de empresas y funcionarios públicos.
La Asamblea Legislativa elegida en diciembre, con amplia mayoría opositora, repudió la condena contra Natera Febres. Pero el problema, para este editor y para todos los demás, es que el chavismo controla el Poder Ejecutivo y, también, el Poder Judicial. Por eso, los jueces obedecen los dictados de Maduro y demás líderes chavistas y no las reglas de un Estado de Derecho.
Mientras eso no cambie, Venezuela permanecerá en la lista negra de los peores países del mundo para ejercer el derecho humano a la libertad de expresión.
Claudio Paolillo
Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay
PUBLICADO: 23 de junio de 2016