El director ejecutivo de la Cámara de Caracas, Víctor Maldonado, consideró este jueves que la confiscación de locales en Antímano, en los que Alimentos Polar, Cargill, Coca Cola, Pepsi Cola y Nestlé tienen centros de distribución operativos, constituye un “error económico y político” de parte del gobierno nacional.
Maldonado, en nombre de la cámara, rechazó la medida por considerar que viola las garantías que ofrecen las leyes en casos similares. “Siempre hemos rechazado la ejecución de vías de hecho que transgreden los derechos de propiedad y no se realizan de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 115 de la Constitución. Cuando una noche cualquiera se ejecuta una medida así, sin haberla consultado o notificado apropiadamente, sin escuchar los alegatos de las partes y sin prever las consecuencias, los resultados obtenidos siempre van a afectar la confianza inversionista y le van a agregar más dificultades a las que ya se tienen para abastecer a la ciudad de Caracas”, manifiesta en un comunicado emitido por la cámara.
“Estas vías de hecho súbitas en las que llegan una noche sin aviso y confiscan activos que son productivos o tienen fines de producción, son inaceptables e inconvenientes”, explicó el vocero a PRODUCTO. Considera que la acción afectará la logística de abastecimiento en la capital del país.
El caso de Antímano, dijo, afecta la logística de distribución de las empresas que resultan agraviadas, y de más de 5.600 clientes de esas compañías en toda la ciudad y en los estados Miranda y Vargas. “La acción provoca un conjunto de perjuicios que son más grandes que los beneficios que podría traer. Sólo se genera desempleo y desinversión, y cerca de 1,3 millones de familias terminarán pagando, de una u otra forma, los precios de la reubicación”, agregó Maldonado.
El director ejecutivo de la Cámara de Caracas explica que enfoca su atención, desde el punto de vista de los industriales, en tres grandes interrogantes referidas a tres aspectos clave: “¿Qué sentido tiene mandar mensajes que desalientan confianza social y la generación de empleo productivo?, ¿qué sentido tiene, en este momento, afectar la cadena de distribución cuando el problema político pasa por tratar de mejorar las condiciones de abastecimiento en el país? Y ¿cuál es el objetivo de agobiar la capacidad operativa de una serie de empresas cuando corresponde aliviar la presión sobre sus actividades para impulsar el bienestar común?”
Maldonado recordó que en Venezuela hay 16 años de antecedentes en los que cada confiscación produce más problemas sociales, entre ellos la inflación más alta del mundo y una escasez muy importante. “Parece que en vez de salir de los problemas seguiremos hundiéndonos. Esperamos que revisen esa medida”, afirmó.
Una acción repetitiva
La confiscación de los terrenos en el oeste de Caracas y estructuras en las que operan los centros de distribución afectados no es una medida nueva. En 2010, el fallecido presidente de la República, Hugo Chávez, ya había ordenado la expropiación de instalaciones con el fin de construir viviendas.
En ese momento, cuando el fallecido mandatario seguía un tratamiento contra el cáncer que le había sido diagnosticado, Rafael Ramírez, entonces ministro de Energía, llegó a asegurar: “"El que sea la Polar o no es irrelevante para nosotros, aquí está actuando el Estado y va a actuar en cualquier terreno que necesitemos para la construcción de nuestras viviendas".
La expropiación de los terrenos afectaba en total 105 propiedades privadas en el interior del país, entre ellas las que servían como centro de distribución en Barquisimeto, estado Lara, de la empresa mencionada por Ramírez.
Polar adujo, entre otras cosas, que esas tierras eran tipificadas como terrenos para actividades industriales en las ordenanzas municipales, algo que también ocurre con los afectados por el anuncio del miércoles en horas de la tarde. Sin embargo, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, promulgada en 1987, establece que el establecimiento de la zonificación es competencia de las autoridades municipales, y en casos especiales, como el desarrollo de planes estratégicos por parte del gobierno nacional, éste puede tener atribuciones al respecto.
En el caso actual, que en Caracas incluye algunos espacios que serían afectados por la medida tomada por Chávez, mientras más de 1.000 empleados de Polar rechazan la acción en la que la Guardia Nacional Bolivariana tomó las instalaciones, un grupo de personas defiende la medida con el argumento de que "los terrenos son del pueblo".
Alberto Araujo
PUBLICADO: 30 de julio de 2015