Venezuela se sumó al club de países sobre los cuales la Organización de Naciones Unidas expresa preocupación y a los cuales hace frecuentes llamados al orden. Por primera vez, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución sobre la crisis humanitaria en el país, donde insta al gobierno de Nicolás Maduro a aceptar la apertura de un canal humanitario para recibir ayuda internacional.
El documento fue aprobado con 23 votos a favor, siete en contra y 17 abstenciones, lo que deja al gobierno nacional en una situación más compleja en el plano internacional, porque sienta un precedente muy concreto sobre la situación precaria del respeto debido a los Derechos Humanos.
La resolución tiene cinco puntos, pero el primero es digno de resaltar, ya que "acoge con beneplácito" el informe titulado "Violaciones a los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin", que fue preparado por la oficina del Alto Comisionado de los DDHH de la ONU y presentado el pasado mes de junio.
Este informe confirma casos muy graves de violaciones a los Derechos Humanos por parte de diversos organismos del Estado y, especialmente, de funcionarios del Poder Judicial. El documento expresa la "más profunda preocupación por las graves violaciones de los Derechos Humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria, como se documenta en el informe antes mencionado".
El punto 3 exhorta al gobierno venezolano a aceptar ayuda humanitaria para enfrentar la escasez de alimentos y medicamentos. En este apartado, la resolución reconoce la existencia de una esacala de la desnutrición y deterioro de las condiciones sanitarias en Venezuela, al hablar de la existencia de enfermedades erradicadas en América del Sur.
El último punto solicita a la Alta Comisionada de DDHH, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la presentación de un informe exhaustivo que actualice el documento que dio origen a la resolución, que debe ser discutido por la plenaria de la Comisión en junio de 2019, pero con la obligación de presentar oralmente sus avances en sesiones más inmediatas.
La Comisión mantendrá la atención puesta en el caso venezolano.
El representante venezolano ante la entidad de Naciones Unidas, Jorge Valero, reaccionó de manera airada frente a la resolución y echó mano de los argumentos habituales: "Nunca se había promovido una iniciativa tan hostil contra mi país como esta resolución. Es el comienzo de una escalada intervencionista".
Además, acusó a los países promotores de la resolución de ser "instrumentos" de Estados Unidos e Israel para intentar derrocar al gobierno de Venezuela.
El documento contó con el respaldo activo de Afganistán, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Croacia, Ecuador, Georgia, Alemania, Hungría, Islandia, Japón, México, Panamá, Perú, Corea del Sur, Ruanda, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Ucrania y el Reino Unido.
Los votos negativos vinieron de Burundi, China, Cuba, Egipto, Pakistán, Venezuela y la República democrática del Congo.
Las conclusiones pueden ser obvias.
PUBLICADO: 27 de septiembre de 2018