Una investigación de la sección venezolana del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) revela cómo Conatel cerró al menos 45 radioemisioras en 2017, sin tener que dar una mínima explicación y, además, el ente regulador ha cerrado de facto la posibilidad de crear nuevas estaciones independientes.
En agosto de 2009 se produjo el cierre –por parte del oficialismo- de 32 emisoras de radio. Sólo en 2017 se bajaron las Santamarías de al menos 45 radioemisoras, lo cual ha sido calificado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) como un “radiocidio”.
Tanto en 2009 como en 2017 el argumento del Estado para cerrar las estaciones fueron “irregularidades en los permisos para operar en el espectro radioeléctrico".
"Sin embargo, el carácter masivo de las sanciones llevó al equipo de investigación de IPYS Venezuela a poner la lupa sobre los procedimientos administrativos que las respaldan, hasta hallar aspectos en la Ley que son contrarios a las garantías de transparencia que se establecen en estándares de Derechos Humanos y en la Carta Magna venezolana”, según se lee en el portal de IPYS Venezuela.
A buen entendedor
La citada investigación establece que la legislación vigente ampara un cierto “silencio administrativo” por parte de Conatel. En otras palabras: la ley refrenda el silencio del órgano regulador como una “forma válida de rechazar solicitudes sin ofrecer explicaciones”.
El portal de IPYS Venezuela deja en claro que “la gran mayoría de las emisoras afectadas en 2017 necesitan obtener un permiso oficial por primera vez, pero no han recibido mayor respaldo por parte del gremio radiofónico, que ha expresado apoyo hacia las estaciones que requieren la renovación de sus licencias”.
Y va al detalle: “La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tampoco parece haber advertido ese punto: en la reforma a la Ley que presentó en 2016, se proponía la extensión automática de los permisos (concesiones), pero no respuesta oportuna a nuevos solicitantes”.
El trabajo desplegado por IPYS Venezuela –garantiza el organismo de defensa de los derechos de los periodistas- cumple con parámetros de periodismo de profundidad y de investigación. “El abordaje periodístico permitió conocer con mayor detalle una denuncia de cierre masivo de emisoras en 2017, que había sido formulada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión como el mismo Ipys Venezuela y Espacio Público, y posteriormente mencionada en el Informe País de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice el web site.
Una base de datos construida dentro de Ipys Venezuela fue el punto de partida, lo cual fue posteriormente ahondado con trabajo documental y de campo: un problema estructural de interés público es lo que ha emergido acá; “una gestión legislativa lejana a las garantías de transparencia y de igualdad de oportunidades que se establecen en estándares de Derechos Humanos y en los principios de la Constitución nacional”.
PUBLICADO: 24 de agosto de 2018