El gobierno venezolano decidió tomar la planta de Goodyear en Valencia, porque considera la decisión corporativa de la empresa "unilateral" e "ilegal" y además solicitó al Ministerio Público la apertura de una investigación contra los directivos y propietarios de la empresa por considerar que la clausura de actividades es "un hecho de sabotaje y boicot que constituye una acción de desestabilización y ataque a la economía nacional".
La decisión se dio a conocer a través de un comunicado donde se ordena una "medida de protección" para los 1.160 trabajadores de Goodyear que quedan cesantes, de manera que conserven sus empleos con cargo al fisco nacional.
Igualmente, la primera disposición del Ejecutivo es que se inicien "todos los procedimientos de ley, además de las medidas y protocolos necesarios tendentes a restablecer la operatividad y productividad de la planta a través de los mecanismos contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores".
Por supuesto, en el comunicado oficial el Ejecutivo no pierde la oportunidad de responsabilizar a Estados Unidos por el cierre de las operaciones de la filial de Goodyear en el país, el cual, según la óptica oficial, forma parte de "una nueva escalada de ataques y sabotajes al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica" que lleva a cabo la administración de Nicolás Maduro.
Aparte del apoyo "irrestricto" a los trabajadores de la empresa cerrada, el gobierno también indica a "todas las fuerzas productivas, empresarios nacionales e inversionistas extranjeros su pleno y absoluto apoyo para seguir avanzando hacia una economía productiva de paz y prosperidad".
El gobierno y los trabajadores sindicalizados estaban negociando con los representantes de la empresa el pago de las prestaciones y el bono compensatorio, inicialmente, pero luego hubo un cambio de señas y se solicitó a la compañía reactivar la actividad normal de la planta.
Según pudo conocer PRODUCTO de fuentes enteradas, la empresa presentó un reporte exhaustivo sobre los problemas que tiene para seguir operando y la relación de las pérdidas financieras que representa seguir con la producción en los actuales niveles.
La información obtenida indica que Goodyear venía operando con una pérdida de aproximadamente 70% por unidad producida, debido a las restricciones existentes para vender a precios reales y la caída del poder adquisitivo de la población.
La empresa, en el contexto de las conversaciones, mantuvo el compromiso de hacer los pagos pendientes y distribuir el inventario entre los trabajadores, a razón de 10 cauchos por empleado; no obstante, esta medida específica queda en suspenso, ya que el gobierno decidió tomar control de los activos de Goodyear.
PUBLICADO: 11 de diciembre de 2018