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#TenemosDerechoARespuestas Venezuela vive Día Mundial del Acceso a la Información en la oscuridad

Este viernes 28 de septiembre se celebra el Día Mundial del Acceso a la Información, y a pesar de que existe en Venezuela una amplia protección constitucional y legal para el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a estar informados, la transparencia institucional es, seguramente, uno de los bienes más escasos que existe en Venezuela.

El gobierno venezolano no solo ha sustituido la información por propaganda, sino que incluso ha dejado de cumplir todo mandato legal que implique rendición de cuentas o suministro de información esencial. No hay cifras macroeconómicas, ya que el Banco Central de Venezuela (BCV) no las provee, a pesar de que tiene la obligación constitucional de hacerlo.

El Ministerio de Salud no produce boletines epidemiológicos; las empresas públicas no liberan sus balances operativos y financieros; el gobierno ha esquivado olímpicamente la presentación de sus Memorias y Cuentas, ya que por el supuesto desacato viciado en el que el Tribunal Supremo de Justicia ha colocado a la Asamblea Nacional, los informes anuales se presentan ante un Poder Judicial no independiente.

Tampoco se conocen cifras sobre producción de bienes y servicios; escasez y desabastecimiento; empleo y mercado laboral; acceso a la educación y situación de la infraestructura escolar; situación de los servicios públicos, en cuanto a la capacidad de suministro, consumo y estado de las infraestructuras. No hay posibilidades reales de hacer seguimiento a las importaciones públicas de bienes.

En Venezuela, existe una "excepcionalidad legal" que impide conocer qué contrata el Estado, bajo cuáles condiciones contrata, a qué empresas contrata -de dónde salen, quiénes son sus propietarios, qué experiencia acumulan, con cuánto capital cuentan, cuáles garantías ofrecen para el cumplimiento de estos convenios-, y de dónde salen los recursos.

Las misiones sociales son inauditables. ¿Qué certificación independiente existe y se puede consultar sobre las viviendas realmente construidas, los beneficiados por la Misión Barrio Adentro, cuánto se gasta en la compra de los insumos que se reparten, qué mecanismos de control existen para la distribución, por ejemplo, de las cajas CLAP?

Sobran las preguntas y escasean las respuestas.

La base legal 

La ONG Transparencia Venezuela deja en claro el respaldo legal que existe en el país para que sus habitantes demanden, como derecho, tener acceso libre a la información pública:

"Los artículos 51, 132, 141 y 143 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, son el pilar fundamental para la defensa del derecho de acceso a la información pública.  En el artículo 143 se expresa claramente que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de sus actuaciones.

La carta Magna también señala que los ciudadanos podrán tener acceso a los registros y archivos administrativos sin prejuicios de los límites aceptables dentro de la sociedad democrática en materia de seguridad interior y exterior, si se considera que los datos solicitados afectan el desarrollo de una investigación penal o si vulnera la intimidad de la vida privada.

La Constitución también contempla que no se permitirá la censura de los funcionarios que informen sobre asuntos que están bajo su responsabilidad.

Asimismo, el artículo 141 precisa que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y el cumplimiento de sus funciones se basa en los principios de celeridad, honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

Dentro de la lista de instrumentos jurídicos que contemplan el derecho de acceso a la información pública, destaca la Ley orgánica de la Administración Pública.

Este instrumento legal, expresa en su artículo 51 que toda persona tiene derecho a acceder a los archivos y registros administrativos, salvo las excepciones contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  que fueron mencionadas con anterioridad o la Ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto.

De igual manera el artículo 158 de la Ley Orgánica de Administración Pública, obliga a la publicación periódica  de los documentos que están en poder de los despachos gubernamentales".

Campaña del Ipys

Para no dejar pasar este Día Mundial del Acceso a la Información, el capítulo venezolano del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) realiza una campaña en redes sociales, donde participan medios digitales y organizaciones de la sociedad civil para reclamar información pública sobre temas medulares del acontecer nacional.

La campaña se realiza con la etiqueta #TenemosDerechoARespuestas, y se complementa con la eqtiqueta #InformarNoEsDelito. PRODUCTO se solidariza con esta iniciativa de protesta y demanda justa de cumplimiento de uno de los derechos constitucionales más violados en el país, porque la labor de los periodistas es perseguida y hostigada de manera constante, como lo evidencian casos recientes, entre los que destacan la anulación del pasaporte de Nelson Bocaranda Sardi; la detención por más de 8 horas de Isnardo Bravo; la constante agresión policial y militar a los equipos reporteriles que cubren hechos noticiosos que se producen en el país; y el bloqueo de la cuenta de Twitter de la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barráez.

 


PUBLICADO: 28 de septiembre de 2018