La Procuraduría General de la República (PGR) de México anunció un "acuerdo reparatorio" con empresas e individuos supuestamente implicados en delitos económicos vinculados con la venta con sobreprecio de 112% de productos alimenticios destinados a ser distribuidos en las Cajas CLAP, que consiste en que los acusados entregarán USD 3 millones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y se comprometen a no realizar más operaciones comerciales con el gobierno de Venezuela.
El subprocurador Alonso Israel Lira Salas, especializado en Delincuencia Organizada y Luis Alfonso de Alva, subsecretario de Relaciones Exteriores para América y el Caribe de la Cancillería azteca comparecieron ante la prensa para anunciar los términos del acuerdo.
Lira Salas dijo además que en la investigación se habían incautado 1.300 containers cargados de alimentos perecederos destinados a ser distribuidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela, en los cuales había 1.800.000 "despensas", las cuales, sin embargo, se dejaron salir del país con rumbo a Caracas para no agravar más la situación de escasez que, entienden los funcionarios, es alarmante, con la esperanza de que los productos lleguen realmente a quienes los necesitan.
El acuerdo se basa en el Artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Penales de México y en el 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Material Penal.
El subprocurador Lira Salas no dio nombres específicos de los implicados, y se limitó a identificarlos con nombres seguidos con la letra N. Sin embargo, habló de un tal "Alex N", quien supuestamente estaría vinculado al gobierno de Venezuela.
Hay que recordar que el empresario colombiano Alex Saab demandó judicialmente al equipo de redacción del portal Armando.Info por haberlo vinculado a la venta con supuesto sobreprecio de productos importados para el programa CLAP. Incluso, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) prohibió a Armando.Info, cuya redacción estaba integrada por los periodistas Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg y Alfredo Meza -todos actualmente fuera del país-, mencionar al empresario, con base en una medida cautelar acordada por Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
La investigación se inició por una denuncia presentada ante la Procuraduría mexicana por la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia se abrió una investigación que determinó la existencia de una red de empresas mexicanas y extranjeras, además de personas, que se dedicaban a comprar productos alimenticios de baja calidad para venderlos al gobierno venezolano con sobreprecio de hasta 112%. Al final, el Ejecutivo venezolano distribuía estos productos a precios especulativos, a través de las CLAP.
El funcionario no explicó si el acuerdo compensatorio implica que los acusados se libren de cualquier acción penal, o si solo tiene carácter atenuante. En todo caso, declaró que la red se había desmontado y no traficaría más con las necesidades básicas de los venezolanos.
PUBLICADO: 18 de octubre de 2018