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Observatorio de Conflictividad Social reporta más de 8.000 protestas hasta agosto

El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) registró 894 protestas durante el pasado mes de agosto, un promedio de 30 movilizaciones por día en el país. En los primeros ocho meses de 2018, la ONG apunta que se produjeron 8.372 protestas, 88% de las cuales tuvieron como causa la reivindicación de derechos sociales.

Como se puede observar, no se puede decir que el país está en calma; de hecho, la población está reaccionando ante la crisis con un creciente número de movilizaciones, al punto que entre agosto de 2017 y el mes pasado el número de protestas aumentó 20%.

La mayor parte de las protestas fue para exigir derechos sociales, especialmente laborales. También se manifestó un claro rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Continúan las exigencias laborales en los sectores salud, universitario, eléctrico, telecomunicaciones y transporte. Persiste al colapso de los servicios básicos, agua potable, electricidad y gas doméstico. Se mantienen las exigencias de acceso a alimentos y medicinas. Los cierres de calle y concentracionesfueron las principales modalidades de protesta.

Durante agosto, la conflictividad social se concentró en seis estados, básicamente: Miranda, Distrito Capital, Bolívar, Mérida, Táchira y Zulia.  

De acuerdo con el reporte del OVCS, 347 protestas se convocaron para defender derechos laborales, mientras que 298 se realizaron para exigir una adecuada prestación de servicios básicos. Como dato revelador, 86 protestas se dirigieron concretamente a rechazar la reconversión y demandar una adecuada provisión de efectivo.

"El sector salud encabezó los conflictos. En agosto, profesionales de distintas áreas realizaron acciones de calles. Cabe recordar que enfermeras y otros trabajadores de hospitales superaron los 60 días de protestas en demanda de salarios dignos, insumos médicos, condiciones sanitarias e infraestructura óptimas para la atención de pacientes" subraya el informe.

Servicios colapsados

El observatorio apunta que "las 176 acciones de calle de los trabajadores del sector salud se unen a las 20 que realizaron pacientes, enfermos crónicos y familiares, quienes exigieron un sistema público de salud que garantice su derecho a la vida. En total se contabilizaron 296 manifestaciones".

El colapso en los servicios básicos es un problema especialmente agudo para muchas comunidades en el país. "Es alarmante la situación del estado Zulia, donde aumentaron las denuncias por cortes eléctricos que superan las 18 horas diarias, los constantes racionamientos de agua potable y el deterioro continuado de los servicios".

Pasajeros protagonizaron al menos 13 protestas en agosto y los transportistas otras 26. En el primer caso, los usuarios reclamaron las tarifas desproporcionadas, las largas colas o caminatas para llegar a sus destinos.

Ante la ausencia de unidades, producto de los altos costos o fallas de autopartes, cada vez más se suman transportes improvisados y desprovistos de medidas de seguridad, ya conocidos popularmente como "perreras".

Los transportistas, por su parte, reclamaron la falta de repuestos, insumos mecánicos y ajustes de pasajes, así como el anuncio presidencial del censo y uso del carnet de la patria para recibir un subsidio en el  precio de la gasolina.

Contra el "paquete"

Aunque la oposición política agrupada en partidos no haya pasado de las declaraciones contra las medidas anunciadas por Nicolás Maduro el 17 de agosto, lo que algunos llaman "la calle" sí se movilizó por su cuenta y riesgo para protestar contra el plan económico gubernamental y sus efectos.

"El OVCS documentó 86 protestas en rechazo al denominado 'Paquetazo de Maduro', que incluyó una serie de medidas económicas sin considerar a la mayoría de los sectores productivos y de trabajadores no afines al Gobierno. La entrada en vigencia de la reconversión monetaria, el ajuste del salario mínimo, el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el anuncio del aumento de precio de la gasolina, y de algunos productos de la canasta alimentaria, y la obligatoriedad del carnet de la patria para recibir los subsidios del gobierno, fueron los detonantes de las protestas".

"Las consecuencias de las medidas económicas comenzaron a sentirse inmediatamente en la población, que acudió a mercados y supermercados en búsqueda de alimentos para protegerse ante la posibilidad de una escasez de productos; así como en comerciantes del todo el país que mantuvieron cerrados sus establecimientos ante la incertidumbre y la imposibilidad de asumir compromisos con proveedores y trabajadores", recogió el informe.

A manera de conclusión, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social apunta que evalúa "con preocupación las consecuencias de las medidas del gobierno para los próximos meses. Hasta ahora lo que hemos visto es una reedición de las políticas del pasado, cuyos resultados han sido negativos para el desarrollo del país, siendo los sectores de menores recursos económicos los más vulnerables".

"Las protestas por mejoras de calidad de vida no cesarán, será cada vez mayor el descontento y la exigencia de soluciones a necesidades básicas. Como también aumentarán niveles de pobreza y de migración forzada de la población. Sin descuidar que también se recrudecerá la criminalización de la protesta y el carácter autoritario como estrategia gubernamental para minimizar su impacto", deja en claro la organización.

 

 


PUBLICADO: 19 de septiembre de 2018