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Pdvsa buscará negociar para impedir un posible embargo de Citgo

En principio, parece que Pdvsa intentará recurrir la sentencia del juez que permite a la minera candiense Crystallex solicitar un embargo de Citgo, indican fuentes de la industria; sin embargo, la primera respuesta parece apuntar a la búsqueda de un arreglo extra judicial.


El gobierno y la directiva de Petróleos de Venezuela utilizarán una estrategia de negociación con los acreedores más importantes para evitar el posible embargo de Citgo, según indicó a PRODUCTO una fuente de la industria, luego de que The Wall Street Journal reveló la existencia de una decisión judicial que eventualmente permite el embargo de los activos de la filial de Pdvsa en Estados Unidos.

Según el medio especializado estadounidense, el juez federal Leonard P. Stark, del tribunal de distrito Wilmington en Delaware, aceptó una solicitud de la empresa minera canadiense Crystallex, a la cual le fueron expropiados los activos del proyecto aurífero Las Cristinas, en 2008, para intentar cobrarse con activos de la empresa venezolana una deuda que la demandante cifra en 2.200 millones de dólares.

Indica la fuente citada que ya el gobierno de Nicolás Maduro había entrado en contacto con Crystallex, pero aparentemente no hubo resultados positivos en un primer momento. Igualmente, el presidente de Pdvsa, el mayor general Manuel Quevedo, dijo recientemente que se está conversando para encontrar alguna salida a la reclamación de ConocoPhillips, por una cantidad también superior a los 2.000 millones de dólares.

En Pdvsa esperan conocer los términos precisos de la decisión del juez Stark, en función de determinar el curso a tomar y en qué terminos se va a recurrir la decisión. También puede ocurrir que la disposición judicial abra algún espacio a la conciliación.

El problema es que el margen de maniobra es escaso, porque, para negociar eficazmente, las autoridades venezolanas deben estar dispuestas a contraer algún compromiso de pago, y las finanzas de Pdvsa están sumamente debilitadas.

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La mejor demostración es que el gobierno está haciendo un sacrificio fiscal al dejar de cobrar el Impuesto sobre la Renta a Pdvsa y sus socias en la Faja Petrolífera del Orinoco, con el fin de liberar recursos para la inversión en aumentar la extracción de crudo, pero, en el mejor escenario posible, recuperar unos 500.000 barriles por día puede tardar entre dos o tres años.

Crystallex es el primer acreedor del gobierno venezolano que logra una vía judicial para embargar a la filial de Pdvsa, pero tiene una dura competencia en otros acreedores, entre ellos los tenedores de bonos de la República y de la propia petrolera.

Aunque exista la voluntad del gobierno de buscar una solución extra judicial con la canadiense, hay que reconocer que la discusión no será fácil, en principio porque ya existen precedentes de acuerdos previos que el Ejecutivo venezolano no ha honrado.

El más reciente se planteó a partir de una sentencia de un tribunal de Ontario, Canadá, dictada por el Glenn Hainey que bendecía un convenio, cuyas clásulas todavía se desconocen, que sellaba un compromiso de pago. En ese momento, noviembre de 2017, se hablaba de que el costo para el Fisco Nacional sería de un máximo de 1.500 millones de dólares.

En general, el gobierno y Pdvsa han dicho que las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos son el principal impedimento para que se cumplan los compromisos; incluso, la administración Maduro convocó a una reestructuración voluntaria de la deuda denominada en bonos -más de 62.000 millones- que no ha se podido concretar, porque las sanciones bloquean el proceso.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, sin embargo, revocó la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump que impide transar con los Bonos PDVSA 2020 -precisamente, los que están garantizados con 51% de las acciones de Citgo- con el fin de abrir espacio a que los tenedores puedan tomar medidas para exigir el pago en caso de default.

Rebatiña por Citgo

El mismo The Wall Street Journal planteó en un artículo del año pasado que la peligrosa estrategia de usar a Citgo para financiarse que asumió el gobierno de Nicolás Maduro podría traer como consecuencia la pérdida de esta compañía.

Con base en expectativas del mercado, el medio estadounidense aseguraba entonces que las expectativas de default eran altas, cosa que se ha confirmado en los meses recientes, ya que Venezuela lo único que pagado de sus vencimientos es un servicio de intereses por 107 millones de dólares, precisamente por el PDVSA 2020.

Los atrasos superan los 4.000 millones de dólares y, según fuentes financieras internacionales, las demandas a ser presentadas por al menos dos grupos de tenedores organizados ya están listas, y posiblemente ese proceso se desencadene a partir de la decisión del juez Stark a favor de Crystallex.

En ese artículo, The Wall Street Journal decía que, según el último balance presentado por Pdvsa, se decía que valor de mercado de Citgo era de 8.300 millones de dólares, pero los analistas financieros del mercado de valores estadounidenses han descontado al menos unos 3.000 millones por la caída de los volúmenes de crudo refinado en la empresa.

De manera que se está ante la curiosa situación según la cual el valor de la empresa es manifiestamente insuficiente para cubrir las acreencias exigibles, pues el año pasado Credit Suisse estimaba que las reclamaciones que podrían afectar directamente a la filial estadounidense de Pdvsa superaban los 10.000 millones de dólares.

Queda claro que vienen días complejos; pero no es casual que el discurso político radicalizado del gobierno, a raíz del presunto atentado perpetrado contra el presidente Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto, haya evitado la confrontación directa con Washington, y más bien se esté invocando la "colaboración" de la administración Trump para castigar a los supuestos responsables que viven en territorio estadounidense.

En todo caso, el riesgo de perder el activo más valioso que le queda a la industria petrolera venezolana ya no es una hipótesis.

 

 


PUBLICADO: 10 de agosto de 2018