La Gaceta Oficial N° 41.549, fechada el pasado 19 de diciembre, publica el "Decreto Constituyente" que aprueba la Ley de Presupuesto 2019, el Plan Operativo Anual y la Ley de Endeudamiento para el nuevo ejercicio fiscal, sin aportar detalles como los supuestos macroeconómicos, las partidas generales y desagregadas, el monto estimado del situado constitucional y otros detalles relevantes de planificación financiera y que constitucionalmente deben ser de público conocimiento.
Lo que se sabe del presupuesto 2019 es que el gasto estimado es de BsS.1,5 billones, de los cuales 75% se destinarán a "inversión social". Sin detalles, se conoce que BsS. 724.000 millones provendrán de la exportación de hidrocarburos; 304.000 millones serán producto de la tributación interna y BsS. 500.000 saldrán de operaciones de crédito público. La producción petrolera estimada es de 2 millones de barriles diarios en promedio.
Además, el presupuesto no contempla nuevas obras de infraestructura, sino el mantenimiento de las existentes, según las informaciones oficiales. El presupuesto prevé alcanzar la meta de 5 millones de pensionados y mantener las misiones, con un precio peterolero estimado de entre USD 55 y 60 por barril.
Conviene recordar que el presupuesto público no es solo un requisito, sino que es un instrumento de planificación financiera que también debe servir de referencia a las actividades económicas privadas, ya que sus supuestos macroeconómicos deberían usarse como referentes de cálculo para los precios, balances y otros instrumentos financieros.
Claro que esto no ocurre hace muchos años, desde que la ausencia de transparencia, derivada del interés político de los gobernantes revolucionarios, ha hecho del presupuesto nacional una herramiento inútil, desconocida y que, por segundo año consecutivo, se aprueba clandestinamente en el parlamento pro gubernamental, Asamblea Nacional Constituyente.
El Artículo 311 de la Constitución vigente señala: "La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrará en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, para su sanción legal, un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento. El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud. Los principios y disposiciones establecidos para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables”.
Además, el 313 de la Carta Magna apunta: "La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.
Si esta norma se aplicara según su texto y espíritu, el último presupuesto vigente es el 2013, porque antes de las existencia de la ANC, la administración de Nicolás Maduro se hacía aprobar las leyes orgánicas de presupuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, que aún mantiene en supuesto desacato a las Asamblea Nacional electa en 2015.
Las leyes deben ser publicadas integralmente en Gaceta Oficial, pero los presupuestos nacionales de 2018 y 2019 han sido sancionados a través de decretos que simplemente se limitan a oficializar la aprobación, sin dar a conocer los textos legales aprobados.
En todo caso, si se sigue la tendencia que caracteriza la actuación financiera de los gobiernos chavistas, posiblemente el presupuesto termine en compromisos superiores a BsS 3 billones, ya que normalmente los presupuestos se vienen duplicando con créditos adicionales, los cuales se aprueban, por cierto, sin tomar en cuenta la norma legal que establece que su solicitud debe estar soportada por la certificación de que existen los recursos disponibles a los cuales imputarlos. Los créditos adicionales son otra fuente fundamental de emisión de dinero inorgánico.
Como detalle particular, el gobierno se propone "refinanciar y reprogramar" deuda pública por BsS 276.000 millones.
PUBLICADO: 24 de diciembre de 2018