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La SIP condena asesinato de periodista en Paraguay

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista radial Fausto Gabriel Alcaraz en Paraguay, al tiempo que urgió a las autoridades a emprender una investigación expedita para conocer los móviles, deslindar responsabilidades y juzgar a los asesinos.

Alcaraz, de 28 años, conducía el programa “De frente a la mañana”, transmitido de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12:00, en la emisora Radio Amambay, en Pedro Juan Caballero, ciudad fronteriza con Brasil y capital del departamento de Amambay. Tras concluir su jornada de trabajo el pasado viernes 16 de mayo, el periodista fue interceptado por sujetos al llegar a su casa en su vehículo. La mayoría de los 12 tiros propinados, le impactaron en el rostro.

Radio Amambay es propiedad del senador Robert Acevedo, quien de inmediato acusó a la mafia de las drogas de haber ordenado el crimen, según reveló el diario ABC Color. En su programa Alcaraz revelaba los nombres de comerciantes, policías, fiscales y jueces presuntamente involucrados con el narcotráfico, y debatía sobre la gestión del gobernador de Amambay, Pedro González, adversario político del dueño de la emisora.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó su solidaridad con los familiares y colegas de Alcaraz. Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda dijo que “urgimos a las autoridades a indagar el caso de forma eficaz y expedita para esclarecerlo, llevar a los culpables ante la justicia y evitar la impunidad”.

En esta misma ciudad también fueron asesinados Marcelino Vázquez, el 6 de febrero de 2013, quien era propietario y director de la radio Sin Fronteras 98.5 FM y Santiago Leguizamón, el 26 de abril de 1991, propietario-director de Radio Mburucuyá y corresponsal del diario Noticias de Asunción. El crimen de Leguizamón sigue impune.

El 19 de enero de 2007, la SIP presentó una investigación específica del caso Leguizamón ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de justicia y para que el Estado paraguayo asuma “responsabilidad internacional”. El caso es conocido por su número No. P-66-07.


PUBLICADO: 20 de mayo de 2014