A través de un comunicado, Smurfit Kappa Group, cuya filial venezolana es objeto de una medida de intervención por parte del gobierno de Nicolás Maduro, señaló que decidió desconsolidar sus operaciones en el país, a partir de su balace del tercer trimestre de 2018, y asume una pérdida patrimonial de aproximadamente EUR 60 millones, equivalentes a USD 70,5 millones.
En una comunicación anterior, la corporación había advertido que su filial venezolana representa menos de 1% de su Ebitda (acrónimo en inglés de Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones), por lo cual el impacto de esta operación es muy reducido en el balance de la corporación.
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"Smurfit Kappa Group plc y una subsidiaria de propiedad absoluta Smurfit Holdings BV (en conjunto, 'SKG') confirman que debido a las continuas acciones e interferencias del Gobierno de Venezuela, SKG ya no pueden ejercer control sobre el negocio de Smurfit Kappa Carton. de Venezuela ('SKCV' o 'la Compañía') en Venezuela", dice el comunicado.
Más adelante señala que la organización "ha proporcionado bienes y servicios a sus clientes en Venezuela durante casi 65 años, ha generado empleo hoy a casi 1.600 colaboradores directos. Durante ese tiempo, la Compañía ha operado con los más altos estándares comerciales y éticos, ha invertido cantidades significativas de capital en su negocio, ha desarrollado un programa altamente progresivo de Responsabilidad Social Corporativa y ha dedicado importantes recursos y apoyo financiero a la educación y salud de los miembros menos privilegiados de las comunidades en las que opera la Compañía. Hace tres semanas, nueve de los diez sindicatos de la compañía confirmaron su apoyo y deseo de continuar trabajando con SKCV como resultado de sus buenas prácticas laborales y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales".
SKG recordó que el Gobierno de Venezuela tomó el control temporal de la compañía de conformidad con una orden que fue notificada el 28 de agosto de 2018.. "Tras recibir la orden de ocupación, SKG confirmó que era imposible que gestionara sus asuntos de una manera que cumpliera con sus estándares comerciales normales y confirmó que, a partir del 28 de agosto de 2018, ya no era responsable del uso de sus instalaciones. maquinaria y equipo, la seguridad de sus empleados, la de las comunidades circundantes, cualquier impacto ambiental o la calidad del papel y el embalaje fabricados en las operaciones".
Desde la notificación de la Orden de Ocupación, "la Compañía ha sido objeto de interferencia del Gobierno, incluso mediante el hostigamiento arbitrario de sus empleados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (o DGCIM), a través de visitas no autorizadas que tienen el efecto de intimidar a la fuerza de trabajo, lo que que resulta en un grave aumento el ausentismo".
"Además, el Gobierno de Venezuela ha arrestado arbitrariamente a dos de los empleados de la Compañía, cuya liberación inmediata y completa se busca activamente, a través de todos los medios disponibles".
A la luz de estas circunstancias, y con el fin de proteger los intereses de sus accionistas y relacionados financieros, además de mitigar los riesgos operativos, SKG ha notificado al Gobierno que "la responsabilidad total de las operaciones de la Compañía y el cumplimiento de todas las reglamentaciones aplicables han pasado al Estado venezolano desde la fecha del notificación de la orden de ocupación, a saber, desde el 28 de agosto de 2018".
"SKG y SKCV se reservan todos sus derechos con respecto a las acciones del Gobierno venezolano y cualquier medida estatal posterior, según el derecho venezolano e internacional, incluido, entre otros, el derecho a iniciar procedimientos arbitrales internacionales para proteger los intereses de sus accionistas y relacionados, a fin de buscar una compensación por los efectos de las medidas ilegales tomadas por el gobierno de Venezuela".
Como consecuencia de la pérdida de control sobre SKCV, el Grupo desconsolidará sus operaciones en Venezuela en el tercer trimestre de 2018, lo que resultará en una amortización de activos netos de aproximadamente EUR 60 millones para el Grupo.
Smurfit Kappa era el principal proveedor de empaques de cartón corrugado para productos frescos y era uno de los principales proveedores de la industria de alimentos. Según funcionarios del gobierno, la empresa encarecía excesivamente sus productos, al punto de que 50% del precio de un cartón de huevos en el país estaba determinado por el empaque.
Además, la empresa fue acusada de discriminación empresarial, ya que supuestamente se negaba a despachar sus productos a la empresa estatal Aceites Diana.
PUBLICADO: 24 de septiembre de 2018