El gobierno venezolano se expone a nuevos conflictos de carácter judicial con empresas e incluso gobierno extranjeros, debido a la continuación de su política de intervención de compañías, un modelo de acción cuyos afectados consideran una expropiación de facto y ajena al derecho interno y externo.
En mayo pasado, el gobierno tomó las instalaciones de Kellogg´s en Venezuela con la promesa de reabrir la producción paralizada y llevar la salida de productos al máximo de la capacidad instalada. Pocos días después, aparecía una foto en redes sociales con la primera caja de "Korn Flakes Socialista". Desde entonces la marca abandonó definitivamente los anaqueles.
Sin embargo, el gobierno sigue ocupando empresas con las mismas promesas. Smurfit Kappa está intervenida provisionalmente, pero la planta ocupada en Valencia sigue sin producir ni una caja de cartón. La única novedad es la protesta del gobierno de Irlanda, a través de la Unión Europea, por lo que ya se califica como una expropiación.
El caso de Pirelli, que paralizó intempestivamente sus operaciones por falta de materia prima, se resolvió in extremis, luego de que la empresa negociara con sus trabajadores una "reanudación parcial" de las faenas con la reserva mínima de materia prima existente. Esto sirvió para evitar una prácticamente segura intervención; pero, el riesgo no ha desaparecido.
El caso más reciente
Ahora le toca a Lincoln Soldaduras de Venezuela, filial de la estadounidense Lincoln Electric, la cual ha sido tomada por el gobierno para recuperar la producción, luego de que la organización decidió cerrar sus operaciones en Maracay "por la situación del mercado".
La compañía tenía más de 30 años de presencia en el país y vendía equipos de soldadura, electrodos, electrodos especiales y ofrecía servicios de reparación y repuestos para máquinas de soldar. En un mercado relativamente pequeño, la empresa mantenía una participación superior a 50%, pero su cartera de clientes se contrajo gravemente en los últimos años.
Según fuentes de la empresa se trabajaba a 15% de capacidad instalada.
En su comunicado, Lincoln Soldaduras expresa que "no se responsabiliza por el uso que se haga de sus instalaciones, maquinaria y equipos. Tampoco por la seguridad de las personas que realicen tales operaciones, ni por cualquier impacto ambiental o por la calidad de los productos que allí se puedan estar manufacturando, que bajo ningún concepto responden a los estándares ni forman parte de nuestro portafolio comercial".
Y luego viene la advertencia: "Frente al uso indebido de nuestras marcas, nos reservamos la facultad de ejercer las acciones legales que correspondan".
En Irlanda reaccionan
En el mismo tenor, se expresa el gobierno de Irlanda y Smurfit Kappa desde su sede de Dublín, según un amplio reportaje publicado por The Irish Times, donde se deja claro que Irlanda va a apoyar las medidas que tome la empresa, un conglomerado que es el mayor fabricante de empaques de cartón corrugado en Europa.
En el texto se citan declaraciones de voceros de Smurfit Kappa que señalan que 90% de los trabajadores sindicalizados respaldan a los propietarios legítimos de la planta de Valencia e indican que están atentos a la situación de los dos gerentes de planta detenidos.
"El departamento de asuntos exteriores y comercio de Irlanda se ha estado vinculando directamente con la compañía. La situación es grave, volátil y se está deteriorando rápidamente. Seguiremos de cerca los acontecimientos", apunta el reportaje.
La posibilidad de emprender acciones judiciales contra el gobierno de Venezuela está abierta, aunque los asesores de Smurfit Kappa ven esta línea de acción como incierta, debido a que consideran que en este país no hay un poder judicial independiente.
La compañía dijo que protegerá los intereses de la marca y de sus 1.600 trabajadores en Venezuela. "Smurfit Kappa ha refutado todas las demandas en su contra por parte de Sundde, la agencia estatal venezolana de control de precios que lo acusó de boicotear y contrabando después de inspeccionar su fábrica durante dos días el mes pasado. Acusada de negarse a vender a ciertas empresas locales, la empresa también fue obligada a ajustar los precios de todos los productos".
En la nota de The Irish Times habla el analista David O'Brien, de Goodbody Stockbrokers en Dublín, quien dijo que Smurfit ya había recibido impactos financieros importantes por las devaluaciones anteriores en Venezuela, que comenzaron en 2015.
"En última instancia, esta situación ha provocado que el negocio de Surfit Kappa haya caído a menos del 1% de las ganancias del grupo antes del intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda). Es una parte relativamente inmaterial del negocio desde una perspectiva financiera", tal como lo señaló PRODUCTO al analizar la situación después de la intervención.
¿Y Banesco?
El gobierno mantiene intervenido a puertas abiertas al principal banco privado del país, Banesco, por supuestamente no aplicar las normas contra la legitimación de capitales en los casos de 958 cuentas -de un universo de más de 8 millones-, por presuntos "movimientos exorbitantes" de dinero y otras supuestas faltas administrativas, que han sido castigadas como delitos penales.
Según el periodista, Juan Carlos Zapata, en su portal Konzapata.com, Juan carlos Escotet, fundador y presidente de la Junta Directiva de la institución, aún no logra hablar con las altas autoridades económicas del gobierno y, al parecer, el propio presidente Nicolás Maduro ordenó que no hubiera contacto de ningún tipo con el banquero.
El banco debe estar intervenido hasta octubre y esa será la fecha clave para saber qué pasará con esta entidad. Las intenciones del gobierno parecen claras y aunque los ejecutivos de la institución intenten calmar ánimos y sembrar un razonable optimismo entre el personal, los escenarios lucen complicados.
Una tercera prórroga de la intervención es posible, pero pondría al gobierno en el dilema de cómo justificar una decisión semejante. ¿Cómo explicar que problemas administrativos que se resuelven con más vigilancia y control -que Escotet ha dicho que el banco está invirtiendo en ello- y una mejor supervisión, no se hayan solventado después de seis meses?
Hay que recordar, no obstante, un argumento que Escotet dejó colar en su más reciente contacto con la empresa: Venezuela representa apenas 1% del patrimonio de Banesco Internacional, una coincidencia muy llamativa con el caso de Smurfit.
Queda claro que las empresas multinacionales y los grandes capitales locales ya han descontado, en su mayoría, el riesgo de expropiación.
Por cierto, el Hotel Pestana Caracas sigue tomado por el Sebin.
PUBLICADO: 06 de septiembre de 2018