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The Washington Post: EEUU incluiría a Venezuela en lista de apoyos del terrorismo

El gobierno de Estados Unidos realiza consultas internas sobre la eventual inclusión de Venezuela en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, en la que solo aparecen los regímenes de Irán, Siria y Corea del Norte, según una extensa nota publicada por The Washington Post, este 19 de noviembre.

Según la nota firmada por los periodistas John Hudson y Lena H. Sun, con el apoyo de Karen DeYoung y Greg Jaffe, esta determinación significaría una "escalada dramática" de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, cuya situación internacional se puede complicar desde el próximo 10 de enero, ya que al menos 60 gobiernos, entre ellos los vecinos de Brasil y Colombia, podrían romper definitivamente relaciones con Caracas, debido a los cuestionamiento sobre la legitimidad de la reelección del mandatario nacional, el pasado 20 de mayo.

Los periodistas de The Washington Post aseguran haber tenido acceso a intercambios de correos electrónicos entre diversas agencias del Ejecutivo estadounidense sobre la inclusión de un nuevo estado en el grupo de los presuntos patrocinantes del terrorismo que, se presume, es Venezuela.

La iniciativa política proviene de un grupo de senadores y congresitas republicanos, cuya cabeza más visible es el representante por Florida, Marco Rubio, pero el propio Post revela que hay funcionarios estadounidenses que ven con reservas esta posibilidad, y dudan sobre si esta decisión no tendría un efecto contrario al deseado, al existir la posibilidad de que fortalezca la cohesión interna del gobierno de Maduro y la base social que lo respalda.

Varios expertos, según la nota, han advertido "que una inclusión en la lista que no ofrezca evidencia concreta podría debilitar la legitimidad de la iniciativa antiterrorista de Estados Unidos, la cual, indican algunos críticos, ya se aplica de manera inconsistente".

"Sospecho que esto se basará en rumores y fuentes de integridad cuestionable", dijo David Smilde, un miembro senior de la Oficina de Washington en América Latina, citado por el Post.

La información citada señala que han recibido consultas sobre este tema el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Juego de Tronos

La posibilidad de que Venezuela sea incluida en la lista de patrocinantes del terrorismo no está clara, según The Washington Post, porque, en definitiva, carece de consenso en los ámbitos técnicos del gobierno y tampoco hay clara mayoría en el Congreso.

Por ejemplo, los parlamentarios de Texas y Louisiana, donde hay refinerías de la filial de Pdvsa, Citgo, se oponen a un eventual embargo petrolero, oficialmente porque consideran que esta medida deteriorará más las condiciones precarias de vida en Venezuela, aunque el Post sugiere que se debe a intereses petroleros específicos.

"A pesar de la fuerte caída de las exportaciones de petróleo en los últimos años, Venezuela es el cuarto mayor proveedor extranjero de Estados Unidos, que sigue siendo el mayor comprador de crudo venezolano", apunta la nota.

Los funcionarios consultados, aparentemente de forma perentoria, mediante correos electrónicos, básicamente están evaluando la situación sanitaria del país, sobre todo el recrudecimiento de enfermedades controladas en la región y de cuyos brotes en países vecinos se acusa a la migración venezolana como agente transmisor.

Al parecer, la idea es crear la idea de que Venezuela, por la inacción expresa de su gobierno, es una amenaza para sus países vecinos. David Smilde teme que una posible inclusión del país en la lista de patrocinadores del terrorismo reviva las presuntas opciones de intervención militar, de acuerdo con The Washington Post.

"Muchos analistas en y alrededor del gobierno de los Estados Unidos piensan que la intervención militar sería efectiva, o que una amenaza creíble de usar la fuerza haría que el gobierno venezolano cediera", dice este especialista.

Como efectos iniciales, la medida podría limitar la asistencia de Estados Unidos a Venezuela y prohibir definitivamente las transacciones financieras, pero lo más grave es que podría significar la supresión del apoyo sanitario prestado por entidades como la Organización Panamericana de la Salud, especialmente para el tratamiento de enfermedades catastróficas y crónicas.

"Los expertos en salud pública del Ejecutivo estadounidense han advertido sobre los picos de casos de malaria y tuberculosis y la casi absoluta falta de disponibilidad de tratamiento antirretroviral para las personas con VIH en Venezuela. El aumento de los niveles de malnutrición agrava la crisis de salud, haciendo que los venezolanos sean más susceptibles a las enfermedades infecciosas y más propensos a las complicaciones cuando están enfermos", sostiene el reportaje.

Brasil ha registrado unos 10,000 casos de infecciones sospechosas en la frontera amazónica con Venezuela, por lo que el presidente electo de del país Jair Bolsonaro estaría considerando cerrar definitivamente su frontera con Venezuela, según funcionarios estadounidenses vinculados al debate sobre la situación venezolana, citados por el Post.

El ex embajador en Venezuela, William Brownfield, dijo que el presidente Donald Trump tiene las atribuciones necesarias para mantener el apoyo a los programas sanitarios que mantiene el gobierno estadounidense, aunque las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro pudieran escalar.

 

Es la hora de la Responsabilidad

La información de The Washington Post  sobre la posibilidad de que Venezuela engrose la poco edificante lista de países que apoyan al terrorismo es, sin duda, preocupante, y debe poner sobre la mesa un debate serio sobre si estas eventuales acciones deben recibir respaldo de algún sector político, económico o social en el país.

La situación planteada es tan peligrosa como volatil, y los riesgos para la población pueden ser el agravamiento intenso de la crisis o una definitiva situación de anarquía social y política, derivada de un enfrentamiento que nadie sensato debería querer, y mucho menos propiciar.

No cabe duda de que el gobierno de Nicolás Maduro significa un retroceso trágico para Venezuela en todo sentido. Nadie en su sano juicio puede pensar que esta situación es soportable o sostenible, pero la responsabilidad política y moral con las vidas, la salud y la integridad de los ciudadanos no puede perderse de vista.

Está muy bien que la comunidad internacional, con Estados Unidos incluido, apoye activamente un retorno a prácticas democráticas, un proceso de reinstitucionalización del país y la adopción de medidas que enfrenten seriamente el drama económico que vivimos, pero otra cosa es actuar de manera intempestiva e irreflexiva.

Hay que preguntarse si en medio de la situación de inopia de la oposición interna, de la cual apenas ahora está luchando por salir, convienen estos mecanismos extremos de presión externa, o más bien hay que evaluar con ponderación los próximos pasos.

No se trata de caer en las posiciones tipo "este problema lo resolvemos los venezolanos" -que debería ser así, por cierto-, o en discursos soberanistas que desconocen que todos los países forman parte de un intrincado mecanismo geopolítico mundial, sino de advertir que la crisis puede escalar, incluso gracias a las "buenas intenciones" supuestas de algunos.

Pensar en una eventual salida de esta crisis supone, también, dibujar un escenario de estabilización ya de por sí difícil de construir, y no habrá tal estabilización sin paz social y diálogo político. Lo mejor es, en consecuencia, reconstituir las fuerzas democráticas en el país y confiar en los mecanismos de la política, sin ingenuidad, pero con responsabilidad.

AJP

 
 
 

PUBLICADO: 20 de noviembre de 2018